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Cuando los pobres vuelven a tener la culpa

 Por Adriana Clemente *

Hace pocos días se publicaron en los diarios La Nación y Clarín notas referidas a los resultados alcanzados por la Asignación Universal por Hijo en materia de reingreso de niños y jóvenes en la enseñanza primaria y secundaria. Los artículos se apoyaban en un informe presentado por el Observatorio de la Educación Básica, según el cual la AUH “ha fracasado como política socioeducativa”. El OEB, consignan los artículos, es una iniciativa de la Fundación Centro de Estudios para las Políticas Públicas (CEPP), la UBA y el Banco Santander.

Por el carácter contundente y descalificador de esta afirmación, se hace necesario revisar de manera crítica tanto la fuente y su rigurosidad, como su intencionalidad. En el campo de la investigación social ha sido largamente superada la hipótesis de “neutralidad” de corte positivista que se les atribuye al investigador y su práctica. Sin embargo, aún persiste en muchos casos la pretensión de imponer “verdades” bajo formatos aparentemente científicos.

De manera breve repasamos el carácter de los dichos sobre la AUH que se le atribuyen al informe, sobre las base de tres argumentos: la consistencia de la afirmación, el modo de legitimación que busca el informe y, en base a esos dos aspectos, su posible intencionalidad final. Sobre la consistencia metodológica del estudio podemos observar, según lo que se consigna en el diario, al menos dos cuestiones. Primero, la imposibilidad de constatar los dichos publicados sobre los resultados de la AUH en materia de reingreso al sistema. Sorprendentemente, en el informe que citan los diarios, que sí está colgado en la página del CEPP, nada dice sobre la AUH. Muy por el contrario, en varias de sus páginas comparte observaciones auspiciosas por parte de los más de 1500 directivos, docentes y celadores consultados respecto de las mejoras que tuvo el sistema en estos años. Curiosamente, de esto no se habla en los artículos publicados. ¿Será que hay dos informes?

En cuanto a las fuentes, desde el punto de vista metodológico se espera que un estudio basado en testimonios consigne sus conclusiones recordando que se trata de percepciones, entonces se utiliza el consabido “creen”, “opinan”, “perciben” las personas consultadas. Se trata de una formalidad de rigor en este tipo de trabajo, especialmente cuando no diversifican y triangulan sus fuentes de información. Esta omisión se agrava cuando el director del estudio, Gustavo Iaies, director del CEPP y ex secretario de Educación Básica de la Nación (1999/2001), dice que los porcentajes presentados por el ministro Sileoni en 2010 sobre un 30 por ciento de incremento de la matrícula de 2009 no se corresponden con los resultados de su relevamiento. El estudio de Iaies atribuye, siempre en base a percepciones, un aumento del 13 por ciento en el nivel primario y del 23 en el secundario, lo que en promedio ponderado nos acercaría al porcentaje que anunció el ministro. Recordemos que los datos que presenta Sileoni se componen en base a estadísticas que brindan los establecimientos de los que también forman parte los 1800 docentes y directivos consultados por el CEPP.

Sobre la búsqueda de legitimación de las conclusiones presentadas por el CEPP, el artículo cita al Banco Santander y a la UBA, reunidos bajo la figura del Observatorio de la Educación Básica. También se cita al Ministerio de Educación, que debió por medio de una comunicación aclarar que, como en tantos otros casos, brindó al CEPP una muestra de escuelas seleccionadas al azar. Otro aspecto cuestionable es que el informe público que contó con la presencia del rector de la UBA no coincide con las declaraciones realizadas por el director del proyecto. Esta incongruencia constituye por parte del responsable del Observatorio una falta grave de ética. En este punto, nos queda pendiente reflexionar sobre los programas de cooperación interinstitucional y el alcance que una institución pública y prestigiosa como la UBA debe darse como parte de sus políticas de cooperación, en especial por el carácter legitimador que tiene su sello institucional.

Finalmente, nos referimos a un aspecto sustantivo: el enfoque que subyace a la construcción y difusión de estas conclusiones. El hecho de deslegitimar por falta de una supuesta eficacia una de las principales medidas del gobierno de CFK responde más a un imperativo ideológico que a una genuina preocupación por la evolución de una política pública que hoy llega a más de 3,2 millones de niños y jóvenes. El carácter fuertemente redistributivo de la AUH para los sectores más conservadores merece un lugar especial en su cruzada moralizadora. De ahí que en los artículos de Clarín y La Nación hay más preocupación por la falta de sanciones a los beneficiarios de la AUH que (en caso de ser válidas sus observaciones) por la complejidad que adquiere la problemática educativa entre los jóvenes que pasaron su infancia rodeados de privaciones por efecto de políticas erráticas del Estado. Quizás Iaies, que hace este análisis lapidario sobre los resultados de la AUH en materia educativa, pueda también preguntarse por su paso por el Ministerio de Educación durante el gobierno de De la Rúa, donde, entre otras cosas, se propuso arancelar la universidad. Del mismo modo que un ministro de Salud de Corrientes supone que las jóvenes se embarazan para cobrar la AUH, este estudio pide “controles y sanciones” para los pobres que no pueden cumplir satisfactoriamente las condiciones. En un lenguaje popular diríamos “otra vez sopa”.

* Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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