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La mezquindad de los de siempre

 Por Florencia Saintout y José Clavijo *

Que La Nación hable de atentado contra la cultura sin haber mencionado jamás la gigantesca quema de libros sucedida durante la dictadura (una de las más grandes de la historia de Occidente), que afectó al Centro Editor de América Latina, es repudiable y se inscribe en una misma línea de tantos ocultamientos. Pero que Plataforma 2012, grupo de intelectuales que conocen al dedillo el mundo editorial argentino, saque un comunicado de siete párrafos sin hacer mención a la concentración editorial, suena más a mezquindad que al comprometido trabajo que se espera de los intelectuales.

Muchos de los integrantes de este grupo de intelectuales editan o han editado en empresas españolas que operan en Argentina. El 90 por ciento de las grandes editoriales argentinas son filiales de empresas españolas.

Durante el período 1940/50 se vivió en Argentina lo que se llamó época de oro, ya que se llegó a liderar el mercado hispanoparlante. Es durante esta época que surgen numerosas empresas, editores, libreros y talleres gráficos. Es también entonces cuando se registra el mayor crecimiento en la industria del libro. Según Octavio Gettino, en su trabajo Las industrias culturales en la Argentina, durante el período comprendido entre 1936 y 1939, la producción editorial fue de 22 millones de libros y ascendió a 250 millones entre 1940 y 1949; esa producción se elevó entre 1950 y 1959 a 283 millones, para bajar a 238 millones entre 1960 y 1969, siendo el pico más alto en esta etapa en 1953, con un total de casi 51 millones de ejemplares.

En los inicios de los ’70 la actividad editorial volvió a aumentar, conociéndose este período como de consolidación. Alcanzó su punto más alto en 1974, con casi 50 millones de ejemplares editados y una tirada promedio de 10 mil ejemplares por título. Tras el inicio de la dictadura militar se produjo una fuerte caída: se pasó de los 41 millones de ejemplares en 1976 a los 31 millones en 1979.

En estos años oscuros se persiguió y asesinó a editores, periodistas y escritores; se practicó la censura y la destrucción de toneladas de material de lectura (Marx, García Márquez, Trotsky, Perón, los cuadernos del Centro Editor de América Latina, entre otros). Ni el diario Clarín, ni La Nación, que hoy hablan de atentado contra la cultura por la defensa del mercado editorial nacional, hicieron mención alguna durante aquellos años, a las atrocidades cometidas por la dictadura en el campo de la cultura.

Entre los años 1980 y 1989 se produjeron casi 176 millones de libros, pero la inestabilidad económica durante el gobierno de Raúl Alfonsín generó dificultades en la cadena de comercialización, hecho que derivó en la crisis de muchas de estas editoriales.

Es durante la década del ’90 que se produce la transnacionalización y una fuerte concentración del mercado, que combinó la aparición de nuevos actores, la venta de empresas locales a capitales extranjeros y la fusión de grupos empresariales. Nuevas empresas ingresaron al mercado, firmas nacionales fueron adquiridas por capitales extranjeros y grupos empresariales se fusionaron.

Los medios de comunicación siguen ocultando hoy –amparados en lo que conciben como libertad de prensa y que oculta su impunidad de empresa– la verdadera defensa que están realizando de la concentración.

En Chile se produjo un fenómeno de similares características, donde seis empresas (el denominado G6) concentran el 80 por ciento de las ventas editoriales del país.

Hoy veinte firmas centralizan el 86 por ciento del mercado editorial nacional. La asimetría no es sólo en algunos campos de la economía, también es visible en las industrias culturales.

Las grandes editoriales, en lugar de trabajar con las imprentas locales, lo hacen en el exterior, lo que les implica una ganancia extra de un 30 por ciento, debido a la exención del IVA que alcanza a los libros importados.

Argentina adquiere mayormente libros de España, donde están las sedes de las empresas que funcionan en territorio argentino. En España, la industria editorial cuenta con una serie de beneficios (estímulos, subvenciones, legislación y esquema fiscal) que favorece las exportaciones. Lo que se traduce en una diferencia de cuatro libros que exporta América latina contra doscientos que importa de España.

Según la investigación El comercio de libros entre España y América Latina: disonancia en la reciprocidad, de Elena Enríquez Fuentes, sólo unos cuantos países han iniciado trabajos para combatir sus debilidades; entre ellos se encuentran Colombia, Argentina, Brasil y Ecuador, cuyas legislaciones contemplan apoyos para el desarrollo de la industria editorial y derecho a la información, la producción científica, artística y cultural. Pero los límites a las importaciones desiguales son para los medios de comunicación concentrados, y para Plataforma 2012, un atentado cultural. También la Argentina importa libros confeccionados en China por grupos empresariales nacionales, que eligieron producir en Oriente por una simple ecuación de costos y beneficios comerciales.

La Cámara Argentina del Libro firmó un acuerdo el año pasado con la ministra de Industria, Débora Giorgi, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Cultura, donde se comprometió a equilibrar la balanza comercial de sus socios durante el 2012.

El acuerdo, que tiene por objetivo promover la industria editorial nacional y las exportaciones de libros argentinos, prevé compensar parte de las importaciones realizadas por editoriales, distribuidoras y librerías socias con exportaciones de otros socios de la Cámara. Sin embargo, tanto los diarios Clarín como La Nación aseguran que la importación y entrega de libros a domicilio fue prohibida por una disposición de la cartera de Moreno.

Tomar casos puntuales de científicos, docentes o usuarios que tuvieron que pagar “X” dinero por ingresar tal libro es chicana política. Pero además es de una clara pereza intelectual (y llama la atención que lo hagan aquellos que se han formado en las ciencias sociales y que deberían saber un principio básico de las mismas, que es que el hecho social no puede ser explicado por la experiencia de un individuo aislado).

Son los medios de comunicación y los grupos de intelectuales quienes deberían hacer un análisis complejo sobre el tema, y no sólo ver la forma de obtener rédito político. No hubo discusión, ni la habrá para estos medios, sobre la concentración editorial, sobre la producción intelectual en el país ni sobre la protección de la producción nacional. Es lamentable que tomen esas posiciones tan mezquinas cuando tanto está en juego en un horizonte marcado hacia el logro de la igualdad y diversidad cultural para todos los argentinos.

* Docentes de la Universidad Nacional de La Plata.

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