UNIVERSIDAD › OPINION

La universidad como derecho

 Por Alejandro López Accotto,
Carlos Martínez y
Martín Mangas *

Durante estas semanas asistimos, en el Parlamento y en el sistema universitario, al debate sobre la creación de seis nuevas universidades nacionales: Alto Uruguay (Misiones), Comechingones (San Luis), Raúl Scalabrini Ortiz, en San Isidro; Guillermo Brown, en Almirante Brown; Hurlingham y Rafaela (Santa Fe), y la nacionalización de otras dos: Ezeiza y la Pedagógica de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el Congreso trata el Proyecto de Presupuesto 2015, que prevé un total de 38.945 millones de pesos para el sistema universitario: 31,78 por ciento más que el aprobado para 2014. Esos recursos representan un 3,11 por ciento del gasto total de la Administración Pública Nacional. A su vez, la propuesta prevé ampliar esos créditos en otros mil millones para gastos de funcionamiento y proyectos estratégicos para el desarrollo nacional. En el proyecto se contemplan 150 millones de pesos para las universidades de reciente creación. Tal segmentación de recursos implica que las nuevas universidades no compiten presupuestariamente con las existentes, como erróneamente se suele informar en algunos medios de comunicación.

La expansión del sistema universitario no es reciente. Entre fines de los años ’60 y la primera mitad de los ’70 se crearon o nacionalizaron 17 universidades (entre ellas, Lomas de Zamora, la primera del conurbano), entre 1989 y 1995 se iniciaron otras diez (seis en el conurbano, entre ellas la UNGS) y de 2003 a la fecha (antes de esta nueva oleada) se instituyeron once más (cinco en el conurbano). Sin duda, ese incremento en el número de universidades permitió un mayor acceso de la población a la educación superior. Según el Anuario de Estadísticas Universitarias, en 2011 había 1.441.885 estudiantes de grado y pregrado en el sistema público: un 19,23 por ciento más que en 2001 y más del doble que en 1986. A su vez, el gasto de la educación universitaria pública representaba en 1985 un 0,45 por ciento del PBI y en 2014 un 0,90. En 2011 las universidades públicas del conurbano tenían 132.431 estudiantes, un 9,18 por ciento del total del sistema público. En 1991, cuando en el conurbano sólo funcionaba una universidad (Lomas de Zamora), ese porcentaje era del 3,34. En poco más de veinte años se triplicó el peso de los estudiantes que accedieron al sistema cuya zona de influencia o referencia es el conurbano.

Un análisis del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la UB muestra las diferencias del presupuesto por alumno y del presupuesto por graduado, haciendo jugar ambas variables con la cantidad de estudiantes y su rendimiento académico. Con ello intentan demostrar que el beneficio que obtienen en materia presupuestaria las instituciones más nuevas es mayor y a partir de eso afirmar la irracionalidad de la política de expansión, principalmente en el conurbano. Si bien los indicadores utilizados son una referencia, no son determinantes y deben ser complementados con otra información y/o análisis. Es evidente que el gasto inicial que demanda una nueva institución siempre es muy superior al de una con más antigüedad, independientemente de la cantidad de estudiantes o graduados.

El otro tema que interesa destacar, más relevante, es el impacto de la distribución del gasto en educación universitaria pública por quintiles de ingreso. En un trabajo de Leonardo Gasparini, “La distribución del ingreso en Argentina”, realizado con datos de 1992 y publicado por FIEL en 1999, se muestra que el quintil más pobre participaba en un 8,5 por ciento del gasto en educación superior, y el más rico en un 38,4. Con datos de 2010, Jorge Gaggero y Darío Rossignolo (“Impacto del Presupuesto sobre la Equidad”, Cefidar) mostraron que el primer quintil participó en el 13 por ciento y el quinto en el 25,1. El cambio en la participación del quintil más pobre en este período es notorio, con un crecimiento de más del 50 por ciento. Si bien algunos economistas consideran el gasto en educación superior como “pro-rico”, porque se distribuye de modo creciente a lo largo de los quintiles de renta, y como el de menor impacto redistributivo dentro del Gasto Público Social, en este período el cambio distributivo es evidente: se pasa de una relación entre el 20 por ciento más rico y el 20 más pobre de 4,5/1 a una de menos de 2/1, lo que se explica en parte por la combinación del crecimiento del sistema universitario público y el acceso de los sectores de menores recursos a la educación superior. Son cientos de miles de personas las que han podido acceder al sistema de educación superior, y que seguramente no lo habrían hecho de no existir estas universidades. No obstante, todos los involucrados en los procesos formativos debemos hacer una profunda autocrítica por los niveles de desgranamiento y la baja tasa de graduación del sistema. Pero eso no puede menoscabar dos hechos insoslayables, que ha generado la puesta en marcha de las nuevas casas de estudio: los cambios que ésta genera en la vida social y su contribución a la movilidad social ascendente de miles de personas.

Para la creación de nuevas universidades nacionales es importante contemplar su pertinencia, su proyecto y la articulación de la oferta académica con las existentes en la región. Pero ello no puede desviar la atención sobre lo central: la posibilidad de convertir a la educación superior en un “derecho ciudadano universal”. Eso no se logra con retórica, pero mucho menos amparándose en tecnicismos burocráticos e intentando esmerilar la oportunidad de contar con más universidades. La creación de nuevas universidades debería ser un motivo de celebración. Porque es una de las formas que permitirán convertir el derecho al acceso a la educación superior para todos en algo más tangible.

* Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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