El Gobierno, que tiene solo 38 diputados —y necesita sí o sí de los bloques de la oposición amigable para aprobar lo que le quedó de la Ley Ómnibus—, al cierre de esta edición, y a pocas horas de ir al recinto para la votación en particular, no había enviado ninguna propuesta para saldar diferencias y llegar a un acuerdo político con los bloques dialoguistas y con los gobernadores de la UCR, el PRO y fundamentalmente con el de Córdoba, Martín Llaryora. Por ese motivo, tambalean aspectos centrales de la ley como la delegación de facultades, las privatizaciones, la toma de deuda sin pasar por el Congreso, y el capítulo de seguridad, entre otras.
Desde el Ejecutivo no solo no enviaron propuestas durante todo el fin de semana ni el lunes, sino que, además, los funcionarios de LLA siguieron provocando a la oposición. El primero en hacerlo fue el presidente Javier Milei que el domingo compartió una ilustración que decía que era un "hecho inédito" que los diputados hayan trabajado en enero. A él lo siguió el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que declaró que "los gobernadores son animalitos de gastar y donde vean que pueden sacar algo más para llevar agua a su molino, lo van a hacer".
Umbrales de tolerancia
Desde la oposición amigable están hastiados, pero siguen poniendo la otra mejilla. "El umbral de tolerancia está sobrepasado. Es una boludez nueva todos los días", fustigó un diputado de esos bloques que tiene basta experiencia legislativa. Otro añadió: "Llaman animales a los gobernadores, comparten chistes en las redes burlándose de nosotros. Si nos tomás de estúpidos vamos así al recinto y vemos ahí qué pasa con la ley. Le vamos a dar quórum, claro, pero no podemos firmar cheques en blanco".
"Si no hay acuerdo nosotros redactamos opciones y vemos adentro. Ya no sabemos qué hacer", resumió resignado un diputado sobre lo que puede pasar el martes. Por último, graficó el estado de ánimo de los negociadores: "Los votos no los necesitamos nosotros. Estamos juntándole los votos y ellos subiendo fotos en el boliche", dijo haciendo alusión a la foto de Milei el fin de semana besando a Fátima Florez.
El viernes el ministro del Interior Guillermo Francos había hablado con un grupo de gobernadores y se desprendieron algunas posibilidades. Una era la de aprobar por un año más el impuesto País —como quiere el gobierno— y que, a cambio, se asegure el flujo a las cajas de jubilaciones en los artículos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para Córdoba y Santa Fe o, directamente, coparticipar el Impuesto País. "Hubo un pacto de palabra con Francos", explicó uno de los presentes en el encuentro y dijo que la idea de dejar el artículo del FGS fue para poder reescribirlo.
Este lunes Francos salió a decir que desde el gobierno no estaban dispuestos a coparticipar el Impuesto País. "La transitoriedad del impuesto hace que no sea factible para el Gobierno nacional coparticiparlo", dijo y afirmó que, si se establece la coparticipación, Milei "tiene la facultad de vetarlo". Tampoco ofrecieron soluciones vinculadas al FGS. La oposición dialoguista sigue esperando.
En conversaciones informales entre el gobierno y los bloques amigos el lunes se volvió a reflotar la idea de sacar, otra vez, el Impuesto País del articulado porque, si sale como está, los legisladores le votarían la extensión del gravamen hasta fin de año y los mandatarios provinciales perderían capacidad de negociación. "Lo aprobamos hasta fin de año. No hay drama. Pero coparticipá el 21 por ciento", argumentan algunos de ellos. Como el gobierno no quiere coparticiparlo, se habló de sacarlo y ponerlo en un paquete aparte. Si lo dejan, el martes los bloques dialoguistas lo votarán en contra. Si no se trata, lo volverán a negociar con un paquete nuevo que incluya lo fiscal, que podría realizarse en 30 días.
Facultades delegadas
El debate en el recinto comenzará con las facultades delegadas. Uno de los puntos de gran conflictividad. Por estas horas no se sabe si LLA tendrá los números para conseguirlas. Ya hay 109 diputados que votaron en contra de la ley en general y a ellos se sumarán en este tema los seis diputados de la Coalición Cívica. También cuatro cordobeses que se agregan al voto negativo de Natalia de La Sota (contada dentro de los 109). Es decir, el poroteo indica que con 10 votos en contra de la UCR a Milei se le caería este punto neurálgico. Habrá que estar atentos también a las abstenciones y ausencias.
En el capítulo dos figura la declaración de emergencias, las bases y las delegaciones legislativas. El bloque de HCF se reunió por la tarde y el de la UCR tuvo un zoom por la mañana —al que no asistió Facundo Mannes—. Sobre este tema, desde HCF explicaron que es muy posible que las emergencias pasen (quedaron la económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa), las bases también, pero que en el apartado de las las "delegaciones" el debate es complicado. "Es muy difícil acompañar como están las facultades delegadas. Dejaron ahí fondos fiduciarios —en el artículo 4 y en el 5— y eso es un problema", resaltaron. En algunos sectores del radicalismo los inconvenientes serían con el artículo 5, en el que se le permitiría al Ejecutivo "intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional".
Privatizaciones
Después de delegaciones y reforma del Estado llegará el momento de privatizaciones. El gobierno dividió las empresas a privatizar en 4 anexos. Desde el radicalismo, en general, dicen estar conformes con esa nueva redacción, pero exigen algunos cambios en los artículos que hablan de transparencia y destacan el rol de la comisión Bicameral. Si bien habrá libertad de acción en ese tema, la UCR no sería obstáculo para que estos artículos prosperen. Sí tienen reparos en uno de los cuatro anexos, que es el que contiene al Banco Nación, a Nucleoeléctrica y a Arsat. Desde HCF no hay una postura unificada, pero también piden más transparencia.
Deuda
Para el capítulo de deuda tampoco hay consenso. El lunes a la noche desde HCF decían que las posturas no estaban unificadas, pero que la mayoría "estaba por el no". El martes a las 11 el bloque tendrá una nueva reunión y todos llevarán sus posturas. En la UCR la situación es similar. Está dividido y muchos no quieren acompañar la idea de terminar con la ley que impulsó el exministro de Economía, Martín Guzmán, para que el endeudamiento pase por el Congreso.
Seguridad
Otro apartado polémico es el de Seguridad. Desde la UCR, dado los incidentes en las afueras del Congreso y la represión de la semana pasada, dicen que el clima de las negociaciones por los artículos de ese capítulo se enrareció. Sólo ocho diputados del bloque están dispuestos a apoyar lo que pide Bullrich. Los demás no. Explican que hay "mucha resistencia" a la suba de penas —porque dicen que son desproporcionadas respecto a la organización y participación en movilizaciones— y a los artículos referidos a la "legítima defensa" y resistencia a la autoridad.
En HCF la situación es parecida. Hay varios diputados que "tienen intenciones de dar herramientas en esa área", pero opinan que las escalas de las penas son muy altas. Dan como ejemplo que tendría la misma pena una resistencia a la autoridad que un caso de pedofilia. Además, dicen que "no le da herramientas al juez para la excarcelación". "Si es una Abuela de Plaza de Mayo la van a tener que meter presa y no la pueden excarcelar. Es absurdo", dicen algunos diputados. Tampoco están de acuerdo con el artículo de "legítima defensa". "Permite con mucha facilidad el tiro por la nuca", dicen con algún tipo de reparo. El capítulo de cultura sería rechazado. Pedirían que se trate en ordinarias. En el de ambiente habría reticencias sobre el apartado de glaciares.
