CONTRATAPA

La tierra prometida

Por Frei Betto*

El Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) escuchó el consejo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y le tomó la palabra. Ahora, apoyado por la Comisión Pastoral de la Tierra y otras entidades, organizó una marcha de Goiania a Brasilia en favor de la reforma agraria. La caminata comenzó el 2 de mayo. En ella participaron cerca de 12 mil personas provenientes de 23 estados. No apunta a la Tierra Prometida, como la historia de los hebreos descripta en el Antiguo Testamento. Quiere sólo la porción de tierra prometida por el gobierno de Lula.
En 2002, el gobierno federal aprobó el segundo Plan Nacional de Reforma Agraria. Garantizó que, hasta 2006, asentaría a 400 mil familias sin tierra. Y más de 130 mil recibirían financiamiento para la adquisición de predios rurales.
Al comienzo del año pasado, Lula aseguró que hasta diciembre serían asentadas 115 mil familias. Según el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, en 2004 fueron asentadas cerca de 80 mil. En dos años de gobierno, 117 mil. El MST responde. Dice que la mayoría de las familias fue alojada en proyectos creados en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso o sólo se les regularizó su situación. Así, en dos años, el actual gobierno habría asentado a 64 mil familias. Lo más grave es que el gobierno federal no demuestra voluntad política de efectivizar la reforma agraria. De los 3400 millones de reales previstos en el presupuesto de este año para el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), el Ministerio de Hacienda recortó 2 mil millones para recaudar y asegurar la montaña de dinero –cerca de 60 mil millones– del superávit primario (tijera de jardinero en los costos e inversiones, para pagar intereses).
Hubo protestas, inclusive del ministro Rosseto, lo que forzó al ministro Palocci a liberar 400 millones de reales de la cantidad retenida. Si la reforma agraria fuera, de hecho, prioridad del gobierno Lula, los 1600 millones restantes deben ser restituidos en breve al MDA.
La marcha de 223 kilómetros culminó en Brasilia el 17 de mayo. Reivindica lo que el gobierno de Lula prometió: asentar 400 mil familias hasta 2006. El presidente ha enfatizado que no basta dar tierra. Es necesario que haya también condiciones agrotécnicas de siembra, cosecha, transporte y comercialización del producto excedente al consumo familiar. Es lo que desean los Sin Tierra, mediante un programa de agroindustrias y de crédito especial para los asentamientos.
Todas las estadísticas comprueban que la actividad rural es la que más emplea en Brasil. Sin embargo, convivimos con un alarmante índice de desempleo. Hacer la reforma agraria –reivindicación de 150 años– significa parar el éxodo hacia las ciudades, reducir el número de favelas, disminuir la desigualdad social y, en consecuencia, la violencia urbana.
En este país de 800 millones de hectáreas cultivables, tierra es lo que no falta. Está probado que más del 60 por ciento de los alimentos que llegan a la mesa de la familia brasileña provienen de la agricultura familiar. El gobierno federal extendió los beneficios del Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) a todo el país, rompiendo el monopolio de la región sur. Eso, sin embargo, no es suficiente. La burocracia todavía dificulta el acceso al financiamiento.
Uno de los mayores obstáculos para la reforma agraria es el Congreso Nacional, un nido de ruralistas defensores del latifundio. Basta decir que, hasta hoy, no aprobó la propuesta del Planalto de expropiación sumaria de haciendas en las que haya trabajo esclavo. Este es uno de los factores que favorecen la impunidad de los culpables de las muertes de los que luchan por la reforma agraria.
¿Cuál es el proyecto Brasil del gobierno de Lula? En la economía no hay lugar para dudas: equilibrio fiscal, contener la inflación, atraer capital extranjero, reducir las deudas interna y externa, aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, ampliar las reservas y la capacidad de inversión. La meta es positiva, el método discutible, pues infla los intereses, reduce el crédito, estimula la especulación y asfixia la producción. Una difícil ecuación: promover el desarrollo social mediante una política económica neoliberal que favorece al capital y castiga al trabajo.
La reforma agraria es, teóricamente, la “prioridad de las prioridades” del gobierno de Lula. Junto con el combate al hambre. Es decir, uno y otro están interconectados. Pero así como el presidente admitió que el dragón inflacionario no puede ser contenido sólo con el látigo de los intereses altos, que duele en el lomo de la nación, es hora de que el gobierno priorice el Plan Nacional de Reforma Agraria y, por lo menos, cumplir las metas de asentamiento anunciadas en sus dos primeros años de gestión.
Un gobierno que tuvo el suficiente coraje para homologar en un área continua a la reserva indígena de Raposa Serra do Sol, en Roraima, no merece llegar a las elecciones de 2006 con un mero maquillaje latifundista, en tanto miles de familias permanecen acampadas a la vera de las carreteras porque saben que fuera de la tierra no tienen salvación. Ya no pueden, como la familia Silva, subir a un camión y emigrar con la esperanza de obtener trabajo en El Dorado paulista. Sólo les resta luchar por la tierra que perdieron.

* Conocida figura de la Teología de la Liberación, autor de más de 40 libros. Asesor en temas sociales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva hasta noviembre de 2004. De La Jornada de México.

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