El ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo se enteró por los medios del programa Tribuna Segura. Su par en la nación Patricia Bullrich lo anunció con toda la pompa el martes pasado pero en la provincia no fueron consultados. Eso causó malestar. El hecho llama la atención porque en el territorio más extenso del país se juega alrededor del 70 por ciento de los partidos y es el más conflictivo para custodiar cada estadio. Un ejemplo: los fines de semana se disputan unos 400 encuentros oficiales entre los que organiza la AFA, los torneos federales A, B y C y los de cada liga. Pero Tribuna Segura comenzó en la Capital Federal. El viernes fueron detectados cinco hinchas de Huracán que tenían pedido de admisión y no pudieron ingresar a la cancha en el partido contra Quilmes. El voluntarismo político para resolver esta asignatura pendiente en el fútbol se apoya en una aplicación de celular. Con ella se controlará el DNI de quienes vayan a la cancha para saber si tienen antecedentes policiales o prohibición de concurrencia. Esta medida se acompaña de un Régimen penal especial que ya ingresó al Congreso y transforma contravenciones en delitos con el objetivo de acorralar a las barras bravas.

Dos fuentes de la seguridad bonaerense en el deporte consultadas por Página/12 tildaron de “impracticable” el sistema que presentó Bullrich que su ministerio difundió bajo el slogan “tus colores los llevás siempre a todos lados, el DNI también”. Esta iniciativa de pedir el documento de identidad por la calle –como puede serlo camino a un estadio– ya fue cuestionada en enero pasado por especialistas. Claudia Cesaroni del Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC) explicó: “No existe ninguna norma legal que diga que estamos obligados a llevar DNI”. Sí era una práctica que se aplicó con frecuencia en las distintas dictaduras que sufrió el país. Que se instrumente ahora tiene esa reminiscencia y además, en el marco de un partido de fútbol se torna difícil de cumplir si el objetivo es controlar a todo el público”.

Una fuente de la Aprevide, la agencia que se ocupa de la prevención de la violencia en el territorio bonaerense, informó que no participaron de la decisión del Ministerio de Seguridad de la nación. “No creemos necesario encontrar a los barrabravas entre 40 mil personas, nosotros apuntamos a ellos directamente. Ya tenemos identificados a todos estos grupos en la provincia”. En una entrevista que dio a T5 Satelital de Corrientes y que subió a su cuenta de twitter el jueves, Guillermo Madero, el director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos que depende de Bullrich dijo: “Buscamos defenestrar a estos grupos organizados”. También mencionó que “la Argentina ha vuelto a la normalidad” y que “este es un cambio estructural”. Para completar su optimismo sobre la cuestión y a una pregunta del periodista que lo entrevistó (“¿Se podrá terminar con las barras?”) respondió: “Por supuesto que sí”. La experiencia en el fútbol argentino indica que no. Al menos con las recetas conocidas que pusieron en práctica todos los gobiernos sin excepción.

Tribuna Segura es un enunciado que se vuelve tedioso, porque ya se utilizaron remedios similares con otras etiquetas que terminaron en igual resultado: la nada. En 2001 y antes de que se creara el Coprosede –el antecesor de la Aprevide– el ex árbitro Javier Castrilli difundía para la provincia de Buenos Aires una serie de medidas como la creación de un cuerpo de policía especial con formación universitaria, un código de habilitación para los estadios, el registro único de infractores, la constitución de un fuero de contravenciones deportivo, el estudio sistematizado de problemas sociales como las adicciones y el estímulo de las asociaciones democráticas entre hinchas.

Algunas de sus propuestas parecían bien intencionadas pero todo terminó en un rotundo fracaso. Lo explica, entre otras cosas, quien conducía la provincia: el entonces gobernador Carlos Ruckauf. Hoy Castrilli es el director provincial del Deporte Federado bonaerense. Sigue despuntando el oficio de árbitro en los campeonatos internos de fútbol de la Gendarmería, y en su cuenta de twitter da su parecer de vez en cuando sobre los hechos de actualidad. El 21 de agosto publicó una foto del suspendido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, con la frase “suicidaron a un soldado de la patria”.

La gestión de Castrilli en seguridad deportiva –en la Provincia como en la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner– explica más de un fracaso. El propio y el de todos los que intentaron algo parecido desde un Estado que ha sido siempre cómplice de los grupos organizados y violentos del fútbol. Funcionarios políticos, jueces y policías lo hacen evidente sin siquiera disimularlo.

En el proyecto de ley que Bullrich envió al Senado, el artículo 7° sostiene que su objetivo “apunta a la persecución penal y al desfinanciamiento de dichos grupos para que vean disminuidas sus posibilidades de acción”. El carácter represivo de los 26 artículos de la norma tiene un breve encabezado donde el Ministerio de Seguridad sugiere desde su página oficial: “Acá encontrarás algo más grande que un proyecto. Es la voluntad de un gobierno por sacarle el negocio a las barras y aumentarles las penas”.

Lo segundo está más claro que lo primero. Mano dura antes que mani pulite (manos limpias). Para empezar es más de lo mismo. ¿Alguien creería que un ex presidente de Boca – que estuvo 12 años a su frente – terminará con la violencia en el fútbol porque se mudó a la Casa Rosada? Los malos antecedentes de ese período son demoledores. Este cronista ha escrito demasiado sobre el tema. Una canción de Sumo –con letra del Indio Solari– nos evita ahora otra larga explicación. Mejor no hablar de ciertas cosas.