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Tres demandas de árbitros ponen en jaque los contratos de la AFA

Los vínculos que firma la entidad que preside Julio Grondona con los referís pueden caerse si tienen sentencia firme dos expedientes que están en la Corte Suprema y un tercero que está a la espera de un fallo de primera instancia. También hay una causa por práctica desleal.

 Por Gustavo Veiga

Los antecedentes indican que, por lo general, cuando un árbitro le inicia juicio a la AFA, se lo gana. Sin embargo, para ésta, todavía no habría llegado lo peor. Tres demandas laborales podrían disparar un conflicto imprevisible si la Asociación Argentina de Arbitros (AAA) consigue que la condenen por práctica desleal y hace caer los contratos basura que la AFA utiliza hasta hoy para emplear a los referís. Dos de los expedientes llegaron a la Corte Suprema y el tercero está a la espera de una sentencia de Primera Instancia. Lo curioso del conflicto es que cuando era liderada por el internacional Horacio Elizondo, la propia AAA convalidó el 18 de noviembre de 1996 ante un ministro de trabajo menemista, los mismos vínculos contractuales que ahora, bajo otra conducción, impugna.
Con sentencias del 28 de marzo de 2003 y del 13 de febrero de 2004, dos ex árbitros, Jorge Omar Blanco y Rubén Pascualino, consiguieron que la sala 6º de la Cámara Laboral condenara a la AFA en sendos juicios por diferencias de haberes. Aducían que, por estar bajo relación de dependencia, cobraban menos que sus colegas contratados. El camarista Adolfo Capón Filas, quien votó en primer término, no sólo se pronunció contra esta discriminación; también cuestionó a las partes (“surge así una discriminación construida entre el empleador y uno de los sindicatos que representa a los trabajadores”) y pidió que el expediente fuera remitido a la justicia Penal para que se investigara a Antonio Manuel Estévez, el ex subsecretario de Relaciones Laborales, por haber homologado el acuerdo entre la AAA y la AFA.
Esta última, al denegársele el recurso extraordinario, fue en queja ante la Corte Suprema. En la entidad que preside Julio Grondona creen que uno de los expedientes está en manos del Procurador, para su estudio. Pero también admiten que si finalmente triunfa la posición de Blanco y Pascualino “los demás árbitros deberían volver a tener relación de dependencia”.
Uno de los párrafos del fallo redactado por el doctor Capón Filas describe con agudeza el contexto en el que los referís de la AAA perdieron su relación de dependencia: “...en plena Segunda Década Infame, cuando la mayor parte del sindicalismo se había encolumnado detrás del nuevo Moisés que, milagrosamente, mediante las privatizaciones y otras desventuras semejantes, iba a introducir al pueblo en el Primer Mundo, como si éste fuera la Tierra Prometida”. La metáfora bíblica exime de otros comentarios.
Los aprietos para la AFA no terminan con los casos de Blanco y Pascualino, quienes ya cobraron sus respectivas indemnizaciones con las diferencias salariales que reclamaban. Y es que en el Juzgado Nº 47 a cargo de la doctora Inés Gassibe se tramita la causa por práctica desleal que presentó el sindicato de árbitros más antiguo del fútbol argentino. En un extenso escrito de 31 carillas redactado por los abogados de la AAA, Juan Antonio Garay y Ricardo Cornaglia, se detallan decenas de hechos que, para la querella, constituyen una práctica desleal por parte de la AFA, en los términos del artículo 53 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.
La acusan de subvencionar en forma directa o indirecta a un gremio –el Sadra de Guillermo Marconi–, de obstruir o impedir la afiliación de árbitros a la AAA, de despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal y de sus representantes sindicales y de practicar trato discriminatorio. La demanda se apoya en fallos que durante décadas les dieron la razón a los hombres de negro, en el Convenio Colectivo de Trabajo 126/75 firmado entre la AFA y el sindicato que reúne a unos 320 afiliados, y en declaraciones de Grondona formuladas al programa El Sello, de TyC Sports, donde confesó que “la realización más grande de mi vida fue haber creado un sindicato nuevo”, por el Sadra.
En un tramo de la denuncia se afirma que los árbitros firmaron los contratos “por estado de necesidad y temor a truncar su carrera profesional o a ser despedidos”. Sin embargo, la actual conducción de la AAA, más adelante, es muy crítica con la comisión que encabezaba Elizondo y que condujo al gremio entre 1995 y 1998: “La presión ejercida por AFA en función de imponer esta burla a la legislación social, llegó al punto de conseguir de la anterior comisión directiva de la AAA la firma de un acta acuerdo, por la que el sindicato conformó que esa empleadora pudiera celebrar contratos de locaciones de servicios arbitrales sin relación de dependencia, en una especie de suicidio institucional nada inocente”.
Asimismo, la AAA fustiga al Sadra por prestarse a la maniobra de debilitamiento que le impuso la AFA, y cuyos afiliados “en su gran mayoría suscribieron ese tipo de contratos de locación de servicios”. En el escrito se recuerda un hecho de 1989, cuando la asociación hoy conducida por Jorge Ferro convocó a un paro en defensa de tres árbitros (Aníbal Hay, Juan Carlos Crespi y Javier Castrilli) y la AFA, cansada de medidas como ésa, “aprovechó el reclamo y recurrió al Sadra, flamante gremio del interior, y a su interlocutor, Marconi, para romper la huelga”.
Basado en estos y en otros episodios –menciona que en el torneo Argentino de 1999/2000, sobre 1572 designaciones de árbitros, el 95,3% correspondieron al Sadra y el 4,7 a la AAA–, el gremio pide que se le apliquen a la AFA las multas más altas que fija la ley y que cesen los contratos avalados por el Comité Ejecutivo que presidía Grondona y la conducción encabezada por Elizondo.
Muchos árbitros de los dos sindicatos quieren empleo seguro y no una rémora del pasado menemista que permitió arrasar con sus derechos.

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Los contratos cuestionados se firmaron cuando Horacio Elizondo era titular de la AAA.
 
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