ECONOMíA › TEMAS DE DEBATE: POBREZA Y DESIGUALDAD DURANTE EL KIRCHNERISMO

Luces y sombras de la política social

Los especialistas reivindican la mejora de los indicadores sociales, pero la consideran insuficiente. Gasparini y Cruces opinan que se perdió una buena oportunidad para alcanzar una Argentina más justa. Barrios cree que hay que avanzar con el modelo.

Producción: Tomás Lukin
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Por Alejandro Barrios *

Profundizar el modelo

Pareciera que la distribución del ingreso ha pasado a tener un lugar en la agenda de los principales referentes políticos de la oposición. Algunos candidatos para las próximas legislativas prometen un ingreso ciudadano. Simultáneamente, anuncian un Plan de Retenciones Cero, por lo que, sin considerar la solidez del argumento, incluyen en su agenda de campaña el problema de la desigualdad de un modo casi efectista. Según sostienen, en términos redistributivos estaríamos en peores condiciones que en los ’90, en el actual modelo no se hizo nada para mejorar la situación y, por lo tanto, urge la vuelta al viejo modelo agroexportador, incorporando alguna agro-industria. El crecimiento se daría defendiendo los intereses de la pampa húmeda y, particularmente, de sus sectores más competitivos a nivel internacional. El resto de las regiones rurales y todas las zonas urbanas pampeanas, deberían esperar el derrame de la renta extraordinaria agrícola-ganadera y la de sus industrias derivadas, bajo la forma de asistencia monetaria.

Queremos rebatir estos dos argumentos. Primero, la historia argentina muestra que cada vez que se reemplazó un modelo productivo industrial, con el mercado interno como principal motor de crecimiento, la distribución empeoró. Segundo, no es cierto que nada se haya hecho en este sentido. La profundización del actual esquema nos permitirá seguir avanzando sobre las sombras que permanecen sobre los sectores más pobres de nuestra sociedad.

La distribución del ingreso depende en gran medida de: 1) la estructura productiva y su demanda de empleo; 2) del poder relativo del factor trabajo; 3) de la institucionalidad generadora de derechos; 4) del mapa de oportunidades para las familias y la valorización de sus activos; 5) de la oferta de los satisfactores básicos (alimentos) y 6) del financiamiento de las políticas públicas.

Sobre los cuatro primeros aspectos –que impactan en la distribución funcional o primaria–, podemos decir lo siguiente: la producción de bienes (entre ellos los industriales) ha recuperado 12 puntos del PBI. Esta nueva composición de la economía, es más intensiva en empleo, y tiene que ver con una estrategia encarada para tal fin: mantener un tipo de cambio que le permite a las industrias locales recuperar competitividad. Diversificar los destinos de las exportaciones permitió que las Manufacturas de Origen Industrial aumentaran su participación en el total exportado; proteger las industrias locales frente a la competencia desleal. Esto posibilitó la generación de 4 millones de nuevos puestos de trabajo. Además, legitimando desde el inicio la puja distributiva, dio lugar a la recuperación salarial. Hoy, en un contexto mundial de desempleo masivo, en nuestro país se discuten paritarias para acordar aumentos salariales de alrededor de 15 por ciento.

Los mejores niveles de Salarios/PBI, se dieron cuando el país se dedicó a la producción de bienes industriales orientados al mercado interno. Actualmente, entre 2003 y 2007, la participación de la masa salarial respecto al valor agregado creció 25 por ciento al pasar de 34,3 por ciento a 42,9 por ciento. Esto se logró por las políticas comentadas que generaron una ampliación del mapa de oportunidades de las familias para obtener ingresos junto a una revalorización de sus activos, especialmente el de la fuerza de trabajo.

En cuanto a la distribución secundaria, también se hicieron cosas para mejorarla. Se otorgaron casi dos millones de beneficios de retiro a personas que estaban fuera del sistema, se mejoró el financiamiento de las políticas sociales y, a pesar de las resistencias a la resolución 125, se mantuvieron “desenganchados” los precios internos de los internacionales. En el mismo sentido, se intenta incidir sobre la oferta alimenticia, estimulando algunos cultivos y desestimulando los que no se consumen localmente, aunque genere fuertes resistencias, aún de aquellos que, puestos al servicio de los sectores privilegiados de la pampa húmeda, se muestran preocupados por la distribución del ingreso.

Los datos de esta distribución muestran que en los ’90, el 20 por ciento de la población de mayores ingresos incrementó su participación 3,2 por ciento a costa de todo el resto. En la actual etapa, los sectores de mayores ingresos pierden 2,7 por ciento, mientras que los sectores medios (60 por ciento de la población) ganan 2,9 por ciento. La desigualdad entre los que más ganan y los sectores medios disminuyó de 1,3 a 1,1 veces. Si bien en términos relativos el 20 por ciento de menores ingresos no mejora, no estamos peor que en los 90.

Tanto la distribución funcional como la poblacional muestran que los que más ganan han perdido participación en el período 2003–2007. Lo que ellos perdieron lo ganaron los sectores medios. La deuda pendiente, es la incorporación al crecimiento, al empleo y al consumo, de una parte de la población que, luego de treinta años de neoliberalismo, no logra acceder al empleo asalariado formal.

Sólo manteniendo el actual patrón productivo que tiene como motor al mercado interno, y continuando con las reformas iniciadas en el año 2003, que están siendo profundizadas estaremos en condiciones como sociedad de darnos estrategias que nos permitan recuperar el terreno perdido en los últimos treinta años a fin de reeditar el modelo de la sociedad empatada.

* Economista de Fetyp.

Por Guillermo Cruces y Leonardo Gasparini *

Logros sociales modestos

La evaluación del desempeño de una gestión o de un modelo es siempre complicada. En principio, no basta con medir los cambios en algunos indicadores socioeconómicos entre el momento de la llegada al poder y el momento de la evaluación. No basta debido a dos razones: primero, puede tratarse de años “incomparables”, con realidades macroeconómicas muy diferentes; segundo, factores externos no controlables por el Gobierno pueden ser tan o más responsables de los resultados que las políticas propias.

La tasa de pobreza en mayo de 2003 era de 54,7 por ciento. Hoy, lamentablemente, es difícil saber el valor exacto. Nuestras estimaciones, basadas en la evolución de precios en varias provincias, rondan el 24 por ciento. Una caída de 30 puntos en la pobreza es un logro que, tomado aislado del contexto, resulta espectacular. Pero los números solos no bastan. Por ejemplo, este logro es semejante al de la administración peronista anterior, durante la cual la pobreza cayó de 47,3 por ciento en la asunción en 1989, a 16,8 por ciento unos años después, en 1993. Aun al final de esa muy controvertida gestión, en 1999, la pobreza era 20 puntos inferior a la de 1989. Claramente no se trata de reivindicar una gestión/modelo enormemente criticable en materia social, como la del menemismo, sino de ilustrar la importancia de comparar lo comparable: 1989 y 2003 fueron años tremendamente convulsionados contra los cuales cualquier comparación sale fácilmente victoriosa.

Cuando hacemos comparaciones más razonables el Gobierno de los noventa queda mucho peor parado. Una vez estabilizada la economía de la crisis de la hiperinflación, la pobreza comenzó a subir, pese a que la economía crecía. Así, la tasa de pobreza subió de 16 por ciento en 1992 a 24 por ciento en 1998. La pobreza en ese año de estabilidad y crecimiento resultó ser 15 puntos superior a la de 1986, uno de los últimos años relativamente estables de la década del 80. Vista en perspectiva, la década del 90 fue entonces un período de aumento de la pobreza, en un escenario de moderado crecimiento económico y fuerte ensanchamiento de las inequidades sociales. La evaluación de los logros sociales actuales también es relativizada al hacer comparaciones más válidas. La pobreza actual, según nuestras estimaciones, estaría aproximadamente en el nivel que tenía en el año 1995, apenas 3 puntos por debajo del nivel en 1999. Recordemos que nuestras estimaciones indican que la pobreza no habría bajado desde 2006, como afirma el Indec basándose en su controvertida medición de los precios, pero tampoco aumentado, como sugieren la mayoría de las estimaciones privadas. En este último caso, la comparación de la actualidad con 1995 sería muy negativa, y no neutra como en nuestras estimaciones.

Ahora bien, este apenas discreto desempeño en términos de alivio de la pobreza de ingresos tuvo lugar en un período de fuerte crecimiento de la economía, en un contexto internacional sumamente favorable que empujó hacia adelante a todas las economías latinoamericanas, cualquiera fuera el modelo que estuvieran implementando, habiendo recibido además de la administración anterior un tipo de cambio real muy elevado y una relativa normalización económica y social. El Gobierno tuvo a su disposición –y es justo reconocer que también esto fue así debido a algunas decisiones acertadas– un nivel de producto per cápita y de recursos fiscales por encima de los alcanzados en los noventa.

A eso debe sumarse una sociedad más permeable a las políticas redistributivas, luego de una década de poca sensibilidad social, y un programa social ya armado y funcionando, el Programa Jefes de Hogar, con 2 millones de beneficiarios, que más allá de sus problemas de eficiencia y clientelismo, resultó una pieza fundamental para aliviar los efectos inmediatos de la crisis de 2001, y una plataforma para poder estructurar una política redistributiva ambiciosa. Pero eso no ocurrió: se confió en demasía en los efectos “derrame” del crecimiento, que benefició (junto a otras políticas del Gobierno) a gran parte de la población pero cuyo alcance para los sectores de menores ingresos es limitado, como lo señala la situación social argentina luego de años de crecimiento a “tasas chinas”. Lejos de aprovechar al Plan Jefes como base de un programa masivo moderno y flexible de alivio a la pobreza, combinado con una reforma impositiva progresiva, como en otros países latinoamericanos, la política social argentina se caracterizó en los años siguientes a la crisis por su rigidez. La crisis económica actual, heredada del contexto internacional, encuentra a una enorme proporción de la población pobre argentina tan desprotegida socialmente como en la crisis iniciada en 1999.

En síntesis, cuando se compara la actualidad con un año más comparable, se consideran las condiciones recibidas y el excelente contexto internacional disfrutado por años, y se recuerdan las buenas posibilidades de haber avanzado más firmemente en el área social, se concluye que los logros sociales han sido, a lo sumo, modestos. Todo indica que se ha desperdiciado una gran oportunidad para avanzar hacia una Argentina más inclusiva, con políticas sociales más eficientes y más redistributivas.

* Cedlas-Universidad Nacional de La Plata.

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