En víspera de la restitución del cargo sobre el gas y de la plena tarifa eléctrica, especialistas del sector que son acérrimos críticos de la política energética oficial dieron argumentos para que el Ministerio de Planificación sostenga su decisión de desmantelar los subsidios sobre esos servicios, obligando a los usuarios a pagar los mayores costos de producción. Uno fue expuesto por un economista de Fiel, Fernando Navajas, quien estimó que la subvención a los clientes “ricos” por ambos servicios es de 3500 dólares anuales contra los 600 que destina el Estado a los “pobres”. Otro se escuchó en boca del consultor Ricardo Molina, quien estimó que por la caída en las reservas de hidrocarburos el país se “descapitalizó” en 110 mil millones de dólares.

Las exposiciones tuvieron lugar en un seminario sobre “Agenda energética del futuro”, que organizó la Universidad Católica Argentina, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, la Cepal y el Instituto Argentino de Gas y del Petróleo, el Instituto Argentino de la Energía y la International Association for Energy Economics. Allí, la coincidencia en criticar el congelamiento de tarifas a residenciales y el freno que impuso el Estado a los precios en el sector de la producción fue unánime y hasta ilustrado con ejemplos domésticos.

El senador radical patagónico Alfredo Martínez cerró el último panel destacando el absurdo de pagar cuatro pesos por la electricidad que consumió en un bimestre en su departamento de 90 metros cuadrados ubicado en Barrio Norte, contra los 900 que acusaron algunas facturas del conurbano. Para modificar el esquema de precios no es mucho lo que pudo hacer desde su banca. Junto a sus correligionarios intentó sin éxito que el presidente de la Comisión de Energía, César Gioja, llamara a reunión para dictaminar sobre un proyecto a través del cual la UCR propone crear nuevos cuadros tarifarios definitivos y con aumentos generalizados, aunque más modestos, eliminando la fragmentación de usuarios en ocho o nueve categorías.

El marco energético detallado ayer por los especialistas parece inquietante. El ex secretario de Energía Aliego Guadagni descató el absurdo de que Argentina tenga el 50 por ciento de su matriz energética basada en el gas cuando tiene reservas por menos de ocho años. O que de las arcas públicas drenen más de 7000 millones de dólares anuales en subsidios. Parte de la solución, sugirió, es desalentar el consumo.

Jorge Lapeña recordó que las reservas de petróleo no dejan de caer desde 1998 y las de gas desde 2004, mientras que Molina puso números a ese derrape: en los que va de la década los tesoros del subsuelo se redujeron a la mitad.

Todos culpan a las políticas oficiales por ese retroceso que deja a la Argentina en situación de tener que importar hidrocarburos. El Estado fija precios relativamente bajos que no animan a invertir, cambia las reglas o admite que se exporte sin obligar a las empresas a reponer, señalaron los expositores, con mayor o menor nitidez.

En esta coyuntura, sin embargo, esas ideas apuntalan el viraje de criterio que tuvo Planificación. Julio De Vido ahora está convencido de que es necesario sostener los aumentos del gas y la electricidad sobre los usuarios domiciliarios que más consumen para propiciar el sinceramiento que tanto reclaman los detractores de la política del sector hasta ahora. La misma que el ministro instrumentó desde los primeros pasos de Néstor Kirchner en su gestión presidencial.