Dos marcas a fuego se han instalado en el análisis económico doméstico que son difíciles de borrar, incluso en ámbitos considerados heterodoxos. Una está vinculada con las cuentas públicas, que con hierro caliente ha sentenciado que el déficit fiscal, aunque sea transitorio, significa una mala política económica y riesgo de crisis. La experiencia histórica y las estrategias recientes de gran parte de las naciones para hacer frente a la debacle global muestran que el desequilibrio fiscal no es tabú. En cambio, aquí la disminución del superávit fiscal genera un estado de pánico en el discurso dominante, tendencia que no ha buscado confrontar la administración kirchnerista. Incluso en este año donde se instrumentó una apropiada política fiscal anticíclica, a contramano de las recetas de la ortodoxia, el Gobierno se ha puesto a la defensiva discursiva, insistiendo con que su objetivo ha sido mantener y para el 2010 aumentar el superávit, hasta aplicando contabilidad creativa en los últimos meses para alcanzar ese resultado.

La otra marca a fuego está relacionada al valor de la moneda local, que el sentido común ha definido que su preservación se asocia a la cantidad de reservas necesarias para cubrir la base monetaria. Esta última huella tiene su origen en el régimen de convertibilidad y en el convencimiento colectivo de que la paridad 1 a 1 prevaleció porque había reservas suficientes en las arcas del Banco Central. El estallido en mil pedazos de esa fantasía financiada con endeudamiento y liquidación de activos del Estado, que duró poco más de diez años y medio, debería haber dejado como enseñanza que la moneda se cuida de otro modo. La moneda de un país se fortalece o se debilita según el vigor y perspectiva de su economía, robustez que permite entonces la acumulación de reservas. La secuencia no es al revés como ha sabido adulterar en el espacio público la corriente ortodoxa. Por caso, Estados Unidos, Europa y Japón no imponen sus monedas hegemónicas en el comercio mundial, o China, India, Rusia y Brasil no son potencias emergentes, porque tengan muchas reservas en sus respectivas bancas centrales.

A diferencia de la marca a fuego fiscal, que se reconoce en inconsistentes programas económicos neoliberales que provocaron descalabros terminados en crisis en décadas pasadas, la monetaria tiene el fantasma de la inestabilidad cambiaria y una norma institucional que la reafirma: la Carta Orgánica del Banco Central. Esta propone como misión primaria y fundamental la defensa de la moneda, redacción funcional al régimen de convertibilidad, que vale recordar ya no está vigente. Ese objetivo no atiende otras cuestiones esenciales que derivan de la política monetaria, como el empleo de los factores de la producción que, como indica el actual proceso económico, está estrechamente vinculada con el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo.

Hace ya diecisiete años se introdujo una profunda modificación en la Carta Orgánica del BCRA –a través de la ley 24.144, de 1992– como consecuencia de una política neoliberal que limitó de un modo drástico las operaciones de la entidad monetaria. Tan extremas fueron esas limitaciones que durante el Efecto Tequila, en 1995, fue necesario modificarla nuevamente para ampliar las facultades del BCRA relativas a la concesión de redescuentos a los bancos en problemas, una ayuda que, no obstante, quedó limitada por las propias reglas de la convertibilidad. Más tarde, todavía durante la vigencia de este régimen, fue reemplazado un artículo que prohibía al Banco Central otorgar préstamos y adelantos al gobierno nacional por una normativa que permitió estas operaciones, también con ciertos límites. Las reformas de la Carta Orgánica introducidas en 2003 y 2004 redefinieron algunas de sus funciones, pero mantuvo intacta la visión limitada de su “función primaria” de cuidar el valor de la moneda. En un documento del Plan Fénix, elaborado en 2007, se destacaba que “la misión estatutaria del BCRA de defender el valor de la moneda nacional tuvo entonces otras connotaciones, de dudosa consistencia, en tanto se fomentó en los hechos un régimen bimonetario, que limitaba tal posibilidad y sumaba indistintamente en la información oficial pesos y dólares como si se tratara de monedas de la misma especie”. En ese informe, los economistas del Plan Fénix recuerdan que ya en 2001 sostenían la necesidad de incorporar cambios sustanciales en la Carta Orgánica, “que ha sido establecida a través de parámetros de la ultraortodoxia económica”. Recomendaban volver a la promoción del desarrollo de la economía como objetivo de la autoridad monetaria, juntamente con la defensa del valor de la moneda. Y sugerían regresar a premisas de la anterior Carta Orgánica (ley 20.539), que establecía: “Regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda”. El argumento principal es que “un condicionante esencial para mantener el valor de la moneda es que ésta se encuentre sustentada sobre un entorno económico de desarrollo, con un sector real que dé base a las transacciones financieras y monetarias facilitadas por la moneda nacional”. Para ello, los economistas del Plan Fénix afirmaban que “el objetivo de defensa de la moneda no puede aislarse del otro objetivo esencial para cumplir con el primero, que es el de contribuir al mantenimiento de un sendero de crecimiento productivo”. Es la misma exigencia que tiene la banca central de Estados Unidos (FED), obligada por su normativa a “mantener el crecimiento sostenido de los agregados monetarios y crediticios de un modo consistente con el potencial de crecimiento de la economía, así como para promover efectivamente los objetivos de pleno empleo, estabilidad de precios y moderadas tasas de interés de largo plazo”.

Este punto es esencial para comprender el presente debate sobre la utilización de las reservas para pagar deudas. La creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad plantea la necesaria discusión sobre la forma (decreto de necesidad y urgencia) y su destino (la cancelación de deudas). Pero cuando esas cuestiones son abordadas desde la base de que se pone en riesgo el valor de la moneda o desde esa idea arbitraria de que las reservas son intocables se ingresa en un estadio de confusión conceptual. Situación alimentada por los representantes de la ortodoxia y por ciertos sectores considerados heterodoxos. Incluso la definición oficial de reservas “excedentes”, de las cuales el 37 por ciento (unos 6600 millones de dólares) se aplicaron para constituir ese fondo, colabora en la desorientación general. Se ha definido como excedentes las reservas que superan las requeridas para ser equivalentes a la suma de la base monetaria, repitiendo así el mismo concepto del corset de la convertibilidad pese a que éste ya no existe.

Con tantos desvíos conceptuales se presenta inicialmente complicada la posibilidad de un debate superador en el Congreso acerca de qué hacer y para qué sirven las reservas en el Banco Central, aunque el lobby del sector financiero puede hacer maravillas con el discurso conservador de la mayoría de los legisladores si esos fondos se aplican a cancelar deuda emitida en bonos. Ese espacio de discusión se presenta imprescindible para al menos intentar desmontar una estructura conceptual y funcional que sostiene la “autonomía absoluta” del Banco Central, ocultando que de esa forma se limita los márgenes de intervención de políticas públicas en la economía, como la pertinente medida de utilización de una porción de las abundantes reservas, tanto para pagar deudas como también para impulsar el financiamiento de la inversión productiva y de infraestructura.

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