El gerente general de Cablevisión, Carlos Moltini, afirmó ayer a Página/12 que en los próximos días apelarán la medida cautelar del juez Walter Bento que ordenó dividir los activos de la empresa, retrotrayendo la situación al estado en que se encontraba antes de la fusión con la desaparecida Multicanal. “La necesidad es presentarla cuanto antes, pero tiene que estar bien fundamentada y nosotros nos enteramos de esta situación recién el martes, cuando vino la Gendarmería”, afirmó. Mientras tanto, esperan que la Cámara Federal de Mendoza resuelva sobre la recusación que hicieron el miércoles contra Bento por “prejuzgamiento”. Además de ordenar la división de activos, el magistrado designó a Enrique Anzoise como interventor coadministrador de la compañía para que haga efectiva la orden judicial en los próximos 60 días. Sin embargo, Anzoise no volvió a presentarse en la empresa luego del espectacular operativo que protagonizó el martes con el apoyo de la Gendarmería. Los que sí estuvieron ayer en la sede central de la firma fueron los empleados de la compañía y gremialistas del Sindicato Argentino de Televisión, quienes se concentraron en defensa de sus fuentes de trabajo.

En diálogo con este diario, Moltini reiteró ayer sus críticas al juez Bento y la Grupo Uno, comandado por Daniel Vila, que presentó la denuncia por prácticas anticompetitivas en el mercado de la televisión por cable. “El Grupo Vila debería haber hecho la presentación en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero lo hicieron en Mendoza porque es el lugar donde consiguieron un juez federal adicto a ellos que les firmó cualquier cosa. En la denuncia se hace mención a prácticas anticompetitivas contra Supercanal en Salta y Córdoba que se deberían haber discutido en esas provincias, pero igual el juez asumió la competencia. Por eso, además de recusarlo, le iniciamos una acción ante el Consejo de la Magistratura”, sostuvo el directivo.

Moltini también la emprendió contra el gobierno nacional, a quien responsabilizó por lo ocurrido: “Esto es un proceso que incluye al ministro De Vido diciendo el año pasado que Fibertel no existe más, a la Afsca poniéndonos más de 500 multas por motivos absurdos y a la Secretaría de Comercio Interior fijando un sistema regulatorio de precios exclusivo para Cablevisión con el cual se intentó ahogar económica y financieramente a la empresa. La diferencia es que ahora utilizaron un modus operandi distinto poniendo como mascarón de proa al Grupo Vila-Manzano para tratar de que Cablevisión no exista más en los próximos 60 días”.

Página/12 consultó también a Luis Galli, gerente general del Grupo Uno, quien rechazó haber impulsado la medida por sugerencia del gobierno. “Es una manera de confundir a la gente. Dicen que somos un grupo kirchnerista, pero nosotros nos opusimos a la ley de medios y menos del 4 por ciento de la facturación total del grupo proviene de la pauta oficial que comercializa Télam, no mueve el amperímetro. Este es un conflicto empresario y lo que tiene que hacer el Grupo Clarín es dejar de victimizarse y tratar de demostrar que no hace abuso de su posición dominante”, aseguró el ejecutivo.

–¿Por qué presentaron la denuncia ahora?

–Cablevisión tiene 3,5 millones y medio de clientes y nosotros apenas 450 mil. El mercado que controla es producto de la fusión y eso le otorga al Grupo Clarín una serie de ventajas que se hacen cada vez más difíciles de revertir. Llevan adelante ofertas con precios predatorios, manipulan la grilla de canales a favor de las señales propias, les cobran precios abusivos por algunas de esas señales a los cableoperadores que compiten con Cablevisión y los recursos que obtienen les están permitiendo ahora encarar la reconversión tecnológica con mucha mayor velocidad que al resto.

–¿Por qué no presentaron la denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia?

–Varias compañías hicieron denuncias contra Cablevisión en la Comisión. La Comisión incluso ya anuló la fusión. Son caminos paralelos. En esta ocasión nosotros elegimos hacer la presentación judicial.

El 7 de diciembre de 2007, el gobierno de Néstor Kirchner aprobó el ingreso de Cablevisión como accionista de Multicanal y dejó a la firma con posición dominante en decenas de localidades. Para justificar la decisión, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le hizo firmar entonces a la compañía una serie de compromisos que debía cumplir en los próximos dos años para que los beneficios de la fusión se volcaran en favor de los usuarios y no en su contra.

En septiembre de 2009, luego de que el Gobierno se enfrentara con Clarín, la CNDC designó cinco auditores en Cablevisión para verificar el cumplimiento de esas exigencias y el 15 de diciembre la Secretaría de Comercio Interior desaprobó la fusión al considerar que la empresa no había cumplido las metas fijadas. Los accionistas de la compañía se presentaron ante la Justicia y tres días después la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar a una medida cautelar. Luego, el 26 de febrero de 2010, la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico dejó sin efecto la decisión oficial y ordenó apartar de la causa al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El Gobierno reaccionó rápido y el 4 de marzo de ese mismo año el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, tomó una decisión similar a la de Moreno, a partir de un nuevo dictamen de la CNDC, y le fijó a la empresa seis meses para dividir los activos y vender una de las partes. “La fusión no le generó ningún beneficio a los usuarios del cable. Lo que hizo el monopolio fue avanzar sobre los derechos de los consumidores”, afirmó aquella vez a Página/12. Sin embargo, el Grupo Clarín volvió a apelar y la misma Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial dejó en suspenso la resolución el 20 de abril de ese año.

En agosto de 2010, el Gobierno anunció la caducidad de la licencia que tenía Fibertel y el eje de la disputa cambió. Desde entonces, la fusión entre Cablevisión y Multicanal no volvió a ser cuestionada. Ahora el Grupo Uno reavivó el tema con la denuncia por prácticas anticompetitivas que derivó en un ultimátum judicial que ha vuelto a poner en riesgo la joya del Grupo Clarín. Esta vez la empresa tiene 60 días para vender, pero apuesta todo a que la Justicia deje en suspenso el nuevo plazo una vez más.

[email protected]