El sector social de mayor postergación desde 1955 ha sido centro de una de las leyes que sancionó el Congreso en este fin de año: los trabajadores rurales. Es importante decirlo, en el corto período del tercer peronismo de 1973/76 no hubo tiempo para volver a poner en vigencia el avanzado Estatuto del Peón Rural que en 1944 el coronel Perón había promulgado ni una nueva ley que sale después de su muerte. El trabajo rural, “el peón de campo”, había sido una preocupación de esa generación del ’45, tanto desde su máximo conductor político hasta los artistas que reflejaron las condiciones de este sector en inolvidables películas (recordemos, a modo de ejemplo, Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril).

La dictadura de 1976 volvió a poner legalidad perversa en esas terribles condiciones de trabajo y este sector nunca tuvo un gremio que por lo menos intentara revertir esta situación. Un diputado ligado al secretario actual de Uatre escribió en las redes sociales que desaparecería un gremio que alfabetizó, se ocupó del trabajador, etc., puras fantasías para sostener a un personaje que fue complaciente y cómplice del profundo sufrimiento social de los trabajadores. Quienes estudiamos a los actores sociales del campo podemos comprobar la precariedad laboral y el desamparo de este sector con trabajos, registros, porcentajes e historias familiares. En fin, la nueva ley es una reparación histórica que no sólo debe defenderse, sino que deben buscarse los mecanismos de fiscalización para que se cumpla y para que se habilitén espacios dentro del sector, capaz de lograr una organización gremial de base.

Mientras celebramos este avance histórico nos enteramos de que en La Rioja, una empresa minera decide instalarse en el famoso territorio del cerro Famatina por decisión provincial y, alertada de la resistencia de las poblaciones de toda la provincia (y gran parte del país, recordemos que las encuestas más conservadoras hablan de 70 por ciento en contra de la actividad minera de este tipo), decide hacer “inteligencia” empresarial. Aparecen listas con información acerca de maestras, profesoras, agricultores, periodistas, etc., y el grado de “peligrosidad” en sus actuaciones de resistencia local a esta actividad. Esos documentos de los ejecutivos de la empresa expresan la intención de “controlar” a las poblaciones y evadir las reglas de la actividad económica local.

La Argentina del nuevo Estatuto del Peón Rural no puede tolerar el ingreso de empresas de este tipo; hacerlo daría por tierra con los avances logrados con la reciente legislación para el “país interior”. Los gobernadores no pueden tomar decisiones que pongan en peligro la integridad de sus habitantes; violarían toda constitucionalidad, y los argentinos hemos sufrido demasiado en esas circunstancias como para volver a repetirlo. Para estar en el registro histórico del recientemente legislado Estatuto del Peón Rural, se debe rescindir todo convenio con ésa y cualquier otra corporación económica que ponga en peligro la integridad física de las poblaciones. Es más, para estar en el registro histórico de las nuevas legislaciones muchos esperamos el veto presidencial de la llamada “ley antiterrorista”, que tenemos la seguridad de que facilitará estas aberrantes situaciones. El Nunca Más fue para el Estado y aquí, detrás de estos ejecutivos, hay decisiones estatales; en la ley antiterrorista hay decisiones estatales. Por eso cabe, lamentablemente, el pedido de Nunca Más.

* Socióloga. Instituto Gino Germani (UBA).