Como familiar de una víctima en el atentado a la AMIA, veo sumamente positivo que, de una vez por todas, se haya debatido y sancionado una ley que contemple debidamente la más dura sanción a los hechos y organizaciones terroristas, tal como lo han hecho casi todos los países del mundo.

Hacer creer que la aplicación de esta ley va dirigida a quienes compren dólares o manifiesten en defensa de sus derechos sociales y constitucionales desnuda la mala intención o desconocimiento de quienes pretenden algún rédito político. Deberían ejercitar la memoria y no soslayar que en nuestro país el terrorismo internacional causó más de cien muertos y centenares de heridos, en los dos atentados terroristas que sufrimos.

Nos tomamos el trabajo de leer y analizar cuál es el espíritu de esta reforma y sus fundamentos, que como en todas las leyes orientan a los jueces que tienen que aplicarlas. Allí queda bien claro que esto está dirigido a lo que el mundo entiende como actos de terrorismo y no a cualquier otra cosa.

Durante años se nos negó una legislación efectiva bajo el argumento de que en la Argentina un tema así era muy difícil de discutir, por eso es que nos preocupa que se distorsione el importante avance que se ha logrado con esta nueva ley.

Para quienes cargaremos siempre con las consecuencias de esas masacres, el desvío de la atención a sucesos de tipo económico o las chicanas de las corporaciones mediáticas resulta, cuanto menos, irrespetuoso y doloroso.

* Miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA.