Florencio Randazzo fue el vocero del Gobierno para defender el paquete de leyes que el Congreso aprobó en sesiones extraordinarias, reivindicó la política del Ejecutivo en materia laboral y tendió un puente en la tensa relación con la central sindical que conduce Hugo Moyano. La CGT “sigue siendo un aliado estratégico” del Gobierno, dijo el ministro del Interior. Randazzo también salió al cruce de las críticas de la ley que declaró de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios y la ley antiterrorista. “Es un disparate” que esta ley se aplique contra los medios de comunicación y la protesta social, sentenció el jefe de la cartera política.

“A Moyano, secretario de la CGT, lo eligen los trabajadores, no el gobierno”, explicó Randazzo, quien volvió a considerar la central sindical como “aliado estratégico” del Gobierno. “No-sotros hemos dicho que somos respetuosos de todas las opiniones. Este es un gobierno que todas sus decisiones las ha tomado en función de mejorar las posibilidades de los trabajadores, no hemos tomado una sola medida en contra de los trabajadores, todo lo contrario, y ése es el camino que vamos a transitar en los próximos cuatro años”, señaló el ministro.

“En este país, cada uno dice lo que quiere sin ningún tipo de cortapisa”, respondió Randazzo ayer a los periodistas –en medio de un operativo de seguridad vial en el peaje Hudson de la Ruta 2– ante las críticas de algunos y medios y sectores de la oposición contra la ley sobre papel para diarios. “La ley hace a la libertad de expresión y hace a la Argentina mucho más igualitaria, que tiene que ver con otras decisiones como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y no permitir que sea delito la calumnia e injuria, que cada periodista pueda decir lo que quiera”, afirmó.

El ministro también subrayó que el Gobierno no busca criminalizar la protesta social, aunque advirtió que “deberían darse de otra manera”, al referirse a la protesta realizada por el gremio Uatre que lidera Gerónimo “Momo” Venegas, que cortó rutas en todo el país en rechazo a la reforma del Estatuto del Peón Rural sancionada por el Congreso. Además descartó que la intervención de la Gendarmería en uno de esos bloqueos haya representado un cambio en la política oficial.

Randazzo calificó como “un disparate” la versión de que la Ley Antiterrorista sancionada por el Congreso pueda ser aplicada contra los medios de comunicación o las protestas sociales, y aseveró que hay una “mala intención” en quienes realizan esa interpretación. Sin nombrarlo, el ministro contradijo la opinión que había brindado el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quien había admitido que desde los medios de comunicación se podía “aterrorizar a la población”. Randazzo advirtió que en uno de los artículos de la normativa “está precisamente explicitado en la ley que no se comprende a los derechos humanos, los derechos sociales y al resto de los derechos constitucionales como el derecho a la información y, muchos menos, lo que se vincule a la protesta social”.