Producción: Tomás Lukin

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Son los dólares

Por Melina Deledicque * y Mariano Féliz *

Diciembre de 2001 fue el momento en que todas las contradicciones del proyecto neoliberal en Argentina colapsaron. La magnitud de la crisis era tal que ese mes hasta los sectores medios, tradicionalmente más conservadores y menos propensos a movilizarse colectivamente, salieron a las calles con sus cacerolas. En una suerte de catarsis colectiva, amplias fracciones de las clases medias urbanas de la ciudad de Buenos Aires y algunas otras ciudades recuperaron el espacio público. Lo hicieron, primero, en función de un reclamo material muy específico, como era el manejo de sus depósitos bancarios que habían sido congelados por el corralito. Esa medida que hizo colapsar la circulación monetaria tuvo amplios efectos contractivos sobre el conjunto de la actividad productiva y en particular sobre la economía informal. De allí en más, la acentuación de la crisis y la convergencia con otras fracciones sociales –el recordado “piquete y cacerola”– impulsó un reclamo más amplio cuando en los días previos a la Navidad de 2001 decenas de miles se movilizaron contra el Estado de sitio decretado por el entonces presidente De la Rúa. Las efímeras pero significativas asambleas populares constituidas por cientos en esos días marcaron toda una novedad para la política argentina: las clases medias emulaban las formas de autoorganización de los sectores populares e intentaban recuperar la práctica de la política en primera persona.

Diez años después, retornaron las cacerolas, pero ahora una fracción ínfima de esa clase media vuelve a las calles. Esta vez, sin embargo, la naturaleza de su reclamo se devalúa por el contexto, el tiempo pasado y –sobre todo– por el sentido de la acción colectiva. El contexto es diferente, pues hoy el capitalismo argentino no atraviesa una crisis total como en 2001 sino que comienza a deslizarse por un sendero de desaceleración pero sin perspectivas catastróficas. El contraste con aquellos años es que hoy no está en cuestión la propia legitimidad del proceso político como si lo estaba en aquel momento con el “que se vayan todos”. El Estado ha recuperado su capacidad de condensar las exigencias de orden de las clases dominantes, y la protesta callejera de ciertas fracciones de los sectores medios tienen poca capacidad de impugnación de la recuperada hegemonía del capital.

Finalmente, la demanda de “derecho al atesoramiento de dólares” en el actual contexto aparece como poco razonable y nada generalizable, en el marco de una sociedad donde la capacidad de ahorro se reduce a un subsector muy reducido de la población. Por otra parte, en el marco de un “capitalismo serio”, la clase media atesoradora se convierte en un residuo (o peor aún en un factor negativo) frente a las fracciones medias rentistas que colocan sus excedentes líquidos en inversiones inmobiliarias u otras formas dinámicas de capital financiero. En un capitalismo donde la capacidad de producción de plusvalía no está puesta en cuestión, el atesorador es un personaje simpático pero para nada funcional.

En diciembre de 2001, el corralito como agravio –para usar el concepto de E. P. Thompson– golpeaba seriamente a una importante porción de los sectores medios, que iba más allá de quienes detentaban plazos fijos e incluía a los –mucho más numerosos– poseedores de cuentas corrientes y de ahorro en general, y tenía efectos expansivos al conjunto social en un marco de crisis orgánica. De allí, la dimensión y legitimidad de la acción emprendida por los participantes. Hoy, el agravio sólo atañe a una fracción de las clases medias que no pueden generalizar su visión del mundo pues material y simbólicamente no remite a las prácticas mayoritarias de su propia clase. Por otra parte, estas cacerolas no pueden interpelar al conjunto del pueblo trabajador (y no lo buscan) porque no cuestionan un proyecto capitalista en crisis.

La limitación a la compra de moneda extranjera es una medida torpemente implementada por el Gobierno y no ataca los problemas de fondo que se traducen en presiones devaluatorias. Las restricciones a la compra-venta de dólares no resuelven la crítica situación del balance de pagos que se vincula al síndrome de endeudamiento crónico de la Argentina, el peso creciente del capital transnacional (y su política de fuga de divisas) y la incapacidad sistémica de la industria argentina de competir internacionalmente sobre la base de la inversión. Las cacerolas se convirtieron en el chivo expiatorio (como en otro momento, Repsol, Clarín, los “fondos buitres” y otros) para que el Gobierno pragmáticamente accione con el fin de desplazar las barreras de su proyecto, ganando tiempo y creando nuevo espacio político de maniobra.

* Miembros del Centro de Estudios para el Cambio Social.

No toleran la igualdad

Por Sandra Guimenez *

Algunos acontecimientos sucedidos en estos últimos días, relacionados con protestas y oposiciones hacia medidas tomadas por el Poder Ejecutivo nacional e incluso por el provincial, invitan a comprender cabalmente el sentido de tales ofuscaciones sociales y a desgranar qué es lo que realmente se está batallando.

Los grandes productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires presentan una fuerte resistencia a la actualización fiscal del valor de sus campos, aun cuando la última se hubo realizado hace cincuenta años. Accedieron a ganancias extraordinarias y millonarias en la última década, que a la sociedad le implicó un costo elevado presente y futuro por el deterioro del suelo y la extinción de otros cultivos, pero no están dispuestos a compartir un pequeña parte de esos dividendos con el resto de la sociedad. No sólo fueron objeto de políticas públicas específicas, sino que también fueron receptores de la búsqueda intencionada de recomposición del vínculo por parte del Gobierno; es decir, además de fondos, subsidios y créditos, recibieron un gesto amable posconflicto en la atención de sus necesidades. Estos grupos, antes que productores, son representantes de una élite social que históricamente colisiona con aquellos gobiernos que se interesan por establecer ciertos balances sociales. Y, como parte de una clase social históricamente antipopular y antinacional, prefieren optar por arrojar su producción a la ruta, antes que pagar una moderada reactualización del valor de los campos, no sea cuestión de que ese revalúo se transforme en políticas “populistas” que, desde su discurso, atentan contra la cultura del trabajo.

Por otro lado, llama la atención las protestas callejeras que vienen llevando a cabo algunos vecinos de zonas acomodadas de Capital Federal que, cacerola en mano, se reunieron en las esquinas para manifestar su rechazo a la política oficial de controlar la compra de moneda extranjera. Más allá de mi opinión sobre la forma de encarar esa medida (que, considero, hubiera requerido otro tipo de comunicación hacia la sociedad por el tipo de relación adictiva que históricamente se construyó con el dólar), lo que resalta es que detrás de este reclamo, si bien hay vecinos “sueltos”, se agazapan aquellos mismos sectores antipopulares y antinacionales que, engarzados con sectores de la Iglesia, la derecha más reaccionaria y algunos pro-políticos, tienen muy claro que necesitan desestabilizar un proyecto de país que pretende nivelar diferencias sociales que llegaron a ser escandalosas allá por el 2002.

Y llego aquí al meollo de la cuestión: ¿qué defienden realmente estos sectores?, ¿qué aspecto eriza su sensibilidad al punto de pretender que estamos viviendo una dictadura? Lo que está dando vueltas allí es que lo que no se tolera es avanzar (aunque sea lenta y moderadamente) hacia una sociedad más igual. Durante los años de vigencia del Estado de bienestar, comenzó a constituirse la percepción de que la sociedad argentina abogaba por una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos que emparejara de alguna manera las diferencias de origen. Erradamente, ello indicaba que, entonces, esta sociedad buscaba ser más igualitaria, eliminando o suavizando lo más que se pudiera la diferencia entre las distintas clases sociales. Y digo erradamente, porque justamente la historia de nuestro país refleja que, cada vez que esta sociedad empieza a sostener un proyecto que tiende a ser más “igualitarista”, se producen fuertes enfrentamientos de clase. En todo caso, esta sociedad tolera transversalmente la expectativa de que las personas que conforman esas clases mejoren su situación, es decir, se tolera la expectativa de la “mejoría”. Pero ello se soporta si la mejoría no implica que se borren ni las diferencias ni los privilegios de clase. Los sectores más acomodados, así como algunos de clase media, no resisten que la expectativa de la mejora se transforme en expectativa de igualdad, porque lo que los sostiene como clase tanto desde el punto de vista económico como social y principalmente cultural, es reconocerse por oposición superior a la masa desgreñada que nació únicamente para trabajar y vivir con lo justo. Los escandaliza sólo pensar que un trabajador pueda acceder a los estándares de vida a los que ellos están acostumbrados “naturalmente”, porque ésa es la vida que conocen y que quieren seguir sosteniendo aun a riesgo de que toda la sociedad se vaya al demonio.

La construcción por delante no es nada sencilla, requiere una batalla económica, social, política y profundamente cultural en pos de lograr un consenso en torno a que una gran parte de la sociedad tome como suya la bandera de la tolerancia a una sociedad más igual y, consecuentemente, que legitime políticas que globalmente tiendan a ese objetivo.

* Socióloga, doctora en Ciencias Sociales, UBA.