ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO

Mala suerte

 Por David Cufré

Los últimos reportes de bancos internacionales y los economistas que marcaron el pulso en la década del ’90 –hombres de negocios dedicados a comercializar información económica, en los términos de Alfredo Zaiat– centran su atención en la cuestión fiscal. “Economistas le dan al próximo gobierno un crédito de seis meses”, tituló un portal de Internet recientemente como resumen de un seminario que congregó a ex funcionarios del equipo de Roque Fernández –ministro de Carlos Menem entre 1996 y 1999– y de la ultraliberal FIEL (nótese que algunos de los padres de la última gran catástrofe económica nacional le dan seis meses al próximo gobierno). “Ese es el plazo que consideran tolerable para reencauzar una economía que se descuenta presentará el 10 de diciembre enormes desequilibrios”, completaba. El principal de esos desajustes, decían los expositores, es el fiscal. El Citibank también lanzó una señal de alerta, aunque la entidad que ahora confronta con el Gobierno fue algo más generosa con los plazos: “El próximo gobierno tendrá que tomar decisiones difíciles en su primer año”. El Deutsche Bank apuntó que el déficit de 2014 fue un 70 por ciento mayor que el de 2013 y que el Banco Central financió una buena parte con mayor emisión, “exacerbando la percepción de que se transita por un sendero no sustentable”. La Fundación Mediterránea –cuna de Domingo Cavallo– se sumó con el pronóstico de que en 2016 “un ajuste será inevitable”.

El marco conceptual que guía a esos economistas –y otros que hoy pugnan por regresar al poder de la mano del PRO, mayormente, y del Frente Renovador, en algún caso– es conocido por los argentinos porque lo pusieron en práctica cuando asumieron la conducción del Ministerio de Economía y el Banco Central años atrás. La idea fuerza es la del “ajuste reactivante”: alcanzar el déficit cero o si es posible el superávit como señal a los mercados financieros de salud económica, lo que redundaría en el acceso a abundante crédito externo para financiar la inversión. El compromiso con esa política sería premiado por las evaluadoras de riesgo con altas calificaciones, lo cual atraería más capitales. En esa línea seguramente no se tardaría demasiado en retomar una relación fluida con el FMI, para mejorar el clima de negocios, y con ello el paquete de desregulación financiera, apertura comercial, flexibilización laboral y corrimiento del Estado de la economía como el propio organismo sigue recomendando a los países europeos en crisis desde 2008.

El resultado de esas políticas en el pasado para Argentina y ahora en el Viejo Continente es similar: estancamiento o depresión económica, explosión del desempleo, regresividad en la distribución del ingreso, pérdida de autonomía en la toma de decisiones, cierre de industrias –“los ineficientes tienen que desaparecer”, decía Roque Fernández–, recorte de prestaciones sociales, negocios millonarios para el sector financiero prestándole al Estado y concentración de la economía.

En un contexto internacional complejo por la imposibilidad de los países centrales de superar la crisis que arrancó la década pasada, con Brasil transitando uno de sus peores momentos por profundizar justamente aquellas políticas de ajuste y con la perspectiva de China anotando en 2016 su nivel de crecimiento más bajo en veinte años, atentar contra el sostén de la economía argentina en esta etapa, el mercado interno, difícilmente provoque otra cosa que una marcada recesión. Más aún cuando a la par del ajuste, aquellos economistas ortodoxos deslizan que aplicarían una devaluación, cuyos efectos nocivos la sociedad pudo comprobar el año pasado.

La devastación de 2001, después de años de discurso único neoliberal, le abrió una puerta al kirchnerismo para explorar desde 2003 otras alternativas de política económica. A pesar de las advertencias por el aumento del gasto –en buena medida orientado a los sectores más vulnerables a través de la seguridad social– y de la dureza con el capital financiero –reestructuración de la deuda, exclusión del FMI–, la experiencia de la última década dio lugar a un crecimiento sostenido con inclusión social.

“Con su política de ingresos, centrada en el pago de jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares y Progresar, y de inversión (obra pública), el gasto público inyectó todos los años desde 2009 crecientes flujos monetarios hacia las familias”, describe un informe de La Gran Makro, que estima en 115.000 millones de pesos los sumados el año pasado a la demanda agregada, equivalentes a un impulso de 2,7 puntos del PBI. “Esto explica el porqué, a pesar de que los salarios reales no mejoraron en 2014, no se tradujo en una caída significativa del consumo total. Mientras el sector privado no contribuyó a mejorar los ingresos de los hogares al crearse pocos puestos de trabajo, fue el sector público el que impulsó y sostuvo el ingreso que obtienen las familias por fuera del mercado”, agrega. La conclusión es que “de esta manera, el Estado le pone un piso mínimo a la demanda, asegurando un nivel de producción compatible con la preservación del empleo y la rentabilidad empresarial”. “La nueva ‘normalidad’ es que los ingresos de los hogares no son más rehenes del ciclo económico controlado por un mercado concentrado, sino por un Estado que transfiere mayores recursos a las familias permitiendo estabilizar la economía y resguardar los puestos de trabajo de millones de argentinos.”

El Gobierno dio esta semana otra muestra de esa concepción económica con resultados virtuosos al anunciar distintas medidas de impulso al consumo. Un plan canje de heladeras y lavarropas con 25 por ciento de descuento, que próximamente se ampliaría a aires acondicionados, créditos subsidiados para la renovación de taxis, un programa de beneficios para el consumo con la tarjeta SUBE y un plan de facilidades de pago de deudas impositivas a diez años. Sólo eso es probablemente más de lo que idearon los economistas del ajuste durante sus largos años de gestión, caracterizados por el “piloto automático” o statu quo que llevaba a una caída de los ingresos de los sectores populares y al achicamiento de la demanda y el empleo. El ajuste reactivamente, está probado, nunca logró el objetivo de terminar con el déficit fiscal, sino que lo agudizó por la depresión económica y la deflación –como en 2001–, forzando a un endeudamiento creciente del Estado. El círculo virtuoso prometido no hizo más que llevar a un círculo vicioso de decadencia, cuyas consecuencias todavía se están pagando. Entre los anuncios de esta semana también figura una corrección en el subsidio para la compra de garrafas. La aplicación de políticas activas ha tenido aciertos y desaciertos de implementación los últimos años. También hubo intentos fallidos, pero eso no inhabilita el rumbo, sino que en todo caso muestra la necesidad de ajustar cómo se diseñan los instrumentos y se los pone en práctica. Precios Cuidados y la Red Comprar son otros ejemplos de sintonía fina de medidas que no fueron lo suficientemente efectivas en el pasado. Pero la vocación de intervenir en el mercado buscando incentivar la demanda, equilibrar relaciones de consumo y restablecer derechos para quienes dependen de ingresos fijos es un capital valioso que sería saludable resguardar de los capitanes del ajuste.

Según reporta el colega Daniel Sticco en Infobae el 17 de marzo, en el mismo seminario citado al comienzo expuso Juan Carlos De Pablo, alter ego de Domingo Cavallo. “Para el próximo gobierno la probabilidad de que arranque bien es baja, más aún considerando que comienza con un presidente en el Banco Central que tiene mandato hasta 2017, por eso se requerirá de una autoridad enérgica, no dictatorial, porque los presidentes débiles han demostrado que no pueden cambiar nada, como sincerar rápido la inflación y otras variables, eso se verá en los primeros meses de conducción”, avisa. En diálogo con Pablo Wende de Infobae TV, dice Sticco, De Pablo agrega que “hay que hacer mucho trabajo profesional, muy específico, para darle una mano al que tenga ‘la mala suerte de ganar la elección’, porque hay muchos desequilibrios que resolver” (nótese que el próximo presidente será un desdichado que tendrá que ser enérgico, pero no dictatorial, por suerte).

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Economista Juan Carlos De Pablo.
 
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