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¿Disparate o persecución?

 Por Cristian Girard *

Hace un par de semanas se inició una intensa campaña mediática orientada a generar confusión sobre el rol del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sobre sus funciones y responsabilidades. El objetivo político es muy claro: que “la gente” se convenza de la presunta responsabilidad penal de los funcionarios del Central, del ex ministro de Economía Axel Kicillof e incluso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por las pérdidas ocasionadas al BCRA por la devaluación de más del 50 por ciento que realizó el gobierno de Macri.

Para que no quede duda de la naturaleza política de la denuncia basta recordar que fue realizada por el senador nacional Federico Pinedo y el diputado nacional Mario Negri, ambos de Cambiemos, con el claro propósito de favorecer a Macri. La denuncia resultó asignada al juzgado de Claudio Bonadio. Las pérdidas del Central se producirían única y exclusivamente en la medida en que Macri decidiera devaluar el peso en el futuro, en caso de ganar las elecciones. ¿Cuál era la solución para los futuros? Prat-Gay sostenía que el Central tenía que vender futuros a 15 pesos. Pero probablemente, si el Central vendía futuros a 15, lo hubieran denunciado también por influir en el tipo de cambio del próximo gobierno. Así, si los futuros se vendían a 10 pesos lo denunciaban, pero si se vendían a 15 también lo denunciaban. En ambos casos, el objetivo era echarle la culpa al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de las decisiones que iba a tomar el gobierno de Macri. Aunque durante la campaña juró que no iba a hacerlo, ni bien asumió Macri hizo una fortísima devaluación. Lo que sucede es que le quiere echar la culpa por la devaluación y por sus costos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero el dislate de la denuncia es mayor.

La Carta Orgánica fija entre los principales objetivos del BCRA promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Todas las operaciones que el Central realiza para alcanzar esos fines tienen, por definición, un efecto sobre el patrimonio del BC, es decir, generan pérdidas y ganancias, porque el Central tiene un balance y registra asientos contables como si fuera un banco comercial. Pero no lo es, porque el objetivo del Banco Central no es obtener ganancias, sino estabilizar los mercados financieros, entre ellos el cambiario.

Demos un ejemplo del presente. Desde que Macri devaluó, el Banco Central viene interviniendo en el mercado crediticio para subir la tasa de interés (a través de los famosos Lebac, un título que vende, en general, a los bancos). Sube la tasa de interés para “secar la plaza”, para absorber dinero del mercado que es lo que habitualmente se hace cuando hay una “corrida”, o sea, mucha presión sobre el dólar. Concretamente, a partir del 15 de diciembre de 2015 el BCRA subió las tasas de interés y el stock de Lebac aumentó en aproximadamente 150.000 millones de pesos. Esta política generó una pérdida en concepto de intereses, en contra del patrimonio del Banco Central, por aproximadamente 50.000 millones de pesos, ya que la tasa de interés se ubicó en promedio por encima del 32 por ciento, y su último registro fue del 38 por ciento a 30 días. Un cálculo sencillo arroja que cada punto que sube la tasa de interés representa una pérdida de 4000 millones de pesos para el Central. La tasa que paga a los bancos no es “de mercado”, por definición, porque si no, no intervendría. De hecho, si el Central sube la tasa es justamente para alterar la tasa de interés de mercado.

¿Por qué Federico Sturzenegger, titular del BCRA, decidió subir la tasa? Y cuando lo hizo, ¿pensó en las ganancias o pérdidas para el BC? Seguramente no. Es una medida que tomó para frenar una corrida cambiaria. Pero más allá de si la decisión es buena o mala, efectiva o inefectiva, a ningún economista en su sano juicio se le ocurriría plantear que estos desembolsos constituyen una defraudación a la administración pública. Al subir la tasa, se producen gigantescas pérdidas para el patrimonio del Banco Central y enormes ganancias para los bancos privados, pero es una decisión de política monetaria. Y la política monetaria no es materia de la justicia penal. Exactamente lo mismo ocurre en el mercado del dólar futuro.

También llama la atención que los legisladores de Cambiemos hayan denunciado sólo a los funcionarios. Si se tratara de una operación “fraudulenta” y “ruinosa” para el Estado, claramente no habrían sido los funcionarios los que se beneficiaron. ¿No deberían, acaso, haber sido citados a declaración indagatoria también los que operaron en los mercados de dólar futuro? Por caso, uno de esos mercados es el MAE (Mercado Abierto Electrónico), cuyo presidente es Luis Ribaya del Banco de Galicia, actual director del Banco Nación que conduce Carlos Melconian, y entre sus directores se encuentra, entre otros, Jorge Pablo Brito del Macro, pero ninguno de ellos, ni ninguna otra autoridad del MAE, fue citado tampoco a declarar, aunque, de configurar un delito la operatoria del Central, habrían sido partícipes. Pero quienes efectivamente compraron esos futuros serían, en definitiva, los “beneficiarios” de las ventas pretendidamente “ilegales” del Central, y potencialmente también partícipes necesarios del presunto delito que se investiga. Seguramente se trate de grandes empresas y bancos.

Y más aún, ¿no suena razonable también que el juez citara a declaración indagatoria a Sturzenegger, Prat Gay y Macri, que fueron los que pagaron esos contratos supuestamente fraudulentos después de la devaluación que llevaron a cabo? Asimismo, si se tratara de un delito, ¿no podría haber impedido el juez que se pague ese dinero hasta tanto se defina la legalidad o ilegalidad de lo actuado por el Central? El hecho de que sólo se apuntara a las autoridades del anterior gobierno, sin haber atendido a ninguna de estas cuestiones, hace que la denuncia parezca simplemente una operación política, judicial y mediática.

Macri decidió devaluar y la suba del dólar lleva ya más de un 50 por ciento. Esa devaluación tiene numerosas consecuencias y grandes “pérdidas”, en muchos sentidos. Naturalmente la devaluación produce un shock inflacionario y, por tanto, una caída sustancial en el poder adquisitivo de los salarios, que da lugar a una reducción de la demanda del mercado interno, lo que a su vez produce una caída de las ventas y de las ganancias, y de la inversión. Como resultado de la reducción del consumo y de la inversión se incrementa la desocupación. Esto acaba por reforzar el impacto de la caída salarial sobre el mercado interno, profundizando los efectos recesivos de la devaluación. Por su parte, un incremento en las tasas de interés para reducir la liquidez de la economía implica una transferencia de ingresos del BCRA a los bancos privados pero tiene también efectos recesivos por la vía del encarecimiento del crédito y de los costos financieros, lo que desincentiva las inversiones, dando lugar también a mayores niveles de desocupación. Cuando ambas situaciones se combinan, como ocurre bajo el gobierno de Macri, los efectos se potencian y las consecuencias sociales se profundizan al punto de llegar a ser en muchos casos dramáticas.

En definitiva, al hacer política monetaria y cambiaria necesariamente el Central incurre en costos patrimoniales. Pero sus decisiones tienen también fuertes implicancias sociales. Sostener que el BCRA debe decidir sus políticas monetaria y cambiaria en función del beneficio o pérdida en su balance es desconocer sus funciones y responsabilidades. Y es también una aberración económica: si así fuera, las políticas monetaria y cambiaria pasarían a ser una atribución de la justicia penal; y sólo podrían aplicarse las medidas que arrojaran ganancias al BCRA, sin atender los objetivos macroeconómicos y sociales de sus políticas. El Banco Central no es un banco comercial sino un banco de regulación, por lo tanto sus resultados no se miden en términos de pérdida o ganancia ni puede discutirse penalmente.

Resulta claro a esta altura que la causa judicial es sólo una operación política que se choca de frente con cualquier análisis técnico respecto del accionar del BCRA. Un accionar que debe responder a las políticas económicas definidas por cada gobierno. El gobierno de Macri implementó una fuerte devaluación que está generando costos enormes. Entre ellos, el menos relevante es el costo del BCRA por la operatoria de futuros de dólar que, también hay que señalarlo, consiste en pérdidas contables que se ven más que compensadas por las ganancias por la valuación de las reservas internacionales al nuevo precio del dólar. Lamentablemente no ocurre lo mismo con los costos sociales de la devaluación.

* Ex presidente de la Comisión Nacional Valores (CNV).

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