ECONOMíA › CAME PRESENTO UNA ACCION DE AMPARO COLECTIVO CONTRA EL AUMENTO DEL GAS

Por la nulidad total del tarifazo

Una semana después del fallo de la Corte Suprema que frenó la suba del gas para usuarios residenciales, comercios e industrias empezaron a llevar a la Justicia sus reclamos para acceder a la misma definición.

 Por Javier Lewkowicz

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó ayer una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal para solicitar la nulidad del incremento del gas para todo el universo pyme. Ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, la entidad pyme pidio que “la nulidad, en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país”. Cgera presentará hoy su acción de amparo y los clubes de barrio y empresas recuperadas se organizan para hacer lo propio.

Desde CAME explicaron a este diario que el amparo fue solicitado de forma colectiva para abarcar a todo el universo pyme y no sólo a sus asociadas. Los abogados de la entidad plantearon el recurso judicial “en representación del Comercio, Industria, la Producción y el Turismo Pyme”. El texto presenta una serie de casos ilustrativos que dan cuenta del fuerte impacto del tarifazo sobre la ecuación de esas empresas. La situación más apremiante se verifica entre las firmas que utilizan el gas de forma intensiva, es decir, como insumo para la producción. Una de ellas es una cristalería bonaerense que fabrica frascos de vidrio, cuya factura de gas subió de 120 mil a 600 mil pesos, en un contexto de caída de las ventas del orden del 20 por ciento. Este diario relevó en los últimos meses decenas de pymes que quedaron en la cuerda floja a causa del combo de tarifazo, caída del mercado interno a raíz del deterioro del salario y apertura de importaciones.

CAME solicita a la Justicia que “se disponga un nuevo esquema de precios y tarifas para el servicio de gas, con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente, realizando el procedimiento previo de publicidad y consulta pública”. La entidad también pide que “a los usuarios que hubieran realizado el pago de las facturas con las tarifas fijadas por las normas impugnadas, se tome el excedente como pago a cuenta o bien se disponga el reintegro; y que se ordene al Estado que disponga que la audiencia pública incluya a todos los sectores productivos”.

Por su parte, los abogados de la Confederación General Económica de la Argentina (Cgera) están ultimando detalles y esperan presentar hoy el recurso de amparo, a más tardar el lunes. Será en representación de las pymes afiliadas a Cgera radicadas en la provincia de Buenos Aires y se canalizará a través del Juzgado Federal de San Martín, al igual que la demanda de CAME. En ese juzgado trabaja la magistrada Martina Isabel Forns, una de las más decididas en el freno al tarifazo. Además, Cgera apoyará las demandas individuales que decidan presentar cámaras y firmas afiliadas. “Nosotros no queremos judicializar el tema, pero nos obliga a ello la Corte y la negativa del Gobierno de abrir algún tipo de instancia de negociación”, dijo Marcelo Fernández, presidente de Cgera.

La sentencia de la Corte que anuló el tarifazo no sólo dejó afuera a las pymes sino a todo el universo de usuarios no residenciales, dentro del cual están, por ejemplo, los clubes de barrio. “Nuestros abogados están trabajando para presentar un amparo colectivo que abarque a una gran cantidad de federaciones de varias provincias, con la idea de representar a unos 5 mil clubes de barrio sobre un total de 20 mil que hay en todo el país. Vamos a apoyar las acciones judiciales que decida encarar cada club, participar de la audiencia pública para tratar la suba de gas para los usuarios residenciales y también haremos una movilización afuera”, dijo Cristian Font, de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

Los clubes de barrio, junto a las recuperadas, centros de jubilados, comercios barriales y centros culturales forman parte de la Multisectorial contra el Tarifazo, que está coordinando la presentación de los amparos por parte de las entidades de segundo grado. La Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) hará lo propio en representación de unas 60 empresas recuperadas afectadas por el tarifazo, explicó a este diario su presidente, Federico Tonarelli. Presentarán como casos testigos empresas del sector de gastronomía y hoteles de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

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El Enargas estableció un tope de 500 por ciento para usuarios comerciales, que las pymes rechazan.
Imagen: Guadalupe Lombardo
 
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