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Si la condición para llegar a un acuerdo con el FMI es aumentar los pagos a los acreedores, lo mejor es romper con el organismo. Esa es una de las conclusiones del documento que presentaron ayer los economistas del Plan Fénix. El Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a las 41 universidades del país, participó del evento para manifestar su respaldo a los intelectuales de la UBA. Lo mismo hicieron personalidades de distintos sectores, desde sindicalistas a empresarios. “Lo importante es la autonomía de la Argentina a la hora de negociar, eso es lo que hay que mantener sí o sí”, enfatizó Alejandro Rofman, integrante del consejo académico del Fénix.
El acto se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Como anticipó Página/12 el último martes, el informe sostiene que el acuerdo que se logre con los acreedores no debe vulnerar la autonomía nacional. También postula que “es necesario rechazar la injerencia indebida de los organismos multilaterales de crédito en la renegociación de la deuda”. El Gobierno está siendo sometido a una fuerte presión por parte del FMI y del Grupo de los Siete países más poderosos para que mejore la oferta a los acreedores, para lo cual habría que aumentar todavía más el superávit fiscal.
En la década del ’90, el superávit primario promedió los 0,5 puntos del PIB por año. Para este año, el Gobierno se comprometió a una meta de 2,4 por ciento, más otro 0,6 por ciento de las provincias. El objetivo admitido para 2005 es un superávit de la Nación de 2,7 puntos para pagar la deuda. Pero el director gerente del Fondo, Rodrigo Rato, reclamó un excedente fiscal equivalente a 4 puntos del PIB. Frente a esta presión, el Fénix se movilizó para generar otra corriente de opiniones que sostenga al Gobierno en su negativa.
El documento tendrá otra presentación, el próximo 23, en un encuentro en Río Gallegos al cual fue invitado el presidente Néstor Kirch-
ner. El texto afirma en su punto principal que “en caso de que el FMI persista en exigir condicionalidades referidas a la renegociación de la deuda privada o, en general, un esfuerzo mayor al que la sociedad argentina puede tolerar sin afectar el cumplimiento de sus objetivos, deberá abandonarse el acuerdo suscripto cancelando las obligaciones asumidas y replanteando las propuestas referidas a los acreedores privados”.
Rofman insistió en que debe ser “rechazada de plano cualquier condicionalidad o exigencia, más aún si la misma no tiene nada que ver con la refinanciación de la deuda, como ser el tema de tarifas públicas o las inspecciones a bancos”. Una de las pocas objeciones al Gobierno fue porque desistió de “investigar la licitud de la deuda”, lo que siguen reclamando los integrantes del Fénix.