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Washington envió ayer, por los canales formales y con cautela, señales tranquilizadoras para la administración Duhalde. El vocero del Fondo Monetario, Thomas Dawson, dijo que las medidas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas “son suficientes para que podamos avanzar y proceder a las negociaciones para reanudarle el crédito”. En tanto, dijo que la semana próxima llegaría una misión del organismo, aunque Lavagna no logró ayer confirmar la fecha. El subsecretario del Tesoro, John Taylor, por su parte, fue aún más módico: sólo declaró que Argentina “ha progresado”. Sin embargo, en privado, los funcionarios de Economía reconocen que el FMI ya impuso, en conversaciones telefónicas, “tres nuevas condiciones” para avanzar en las negociaciones por un eventual acuerdo. Uno: que la reglamentación de plan bonos limite al máximo el uso de éstos para adquirir bienes. El Fondo teme que un exceso de dinero se traspase de plazos fijos a cuentas corrientes y de ahí salga de los bancos, emisión monetaria mediante, para correr al dólar. Más aún, el propio Dawson manifestó ayer que Argentina necesitaba “una buena ancla monetaria para impedir la hiperinflación”. Dos: la ley de indemnidad para el directorio del Banco Central. Tres: el veto a los artículos de la ley de Subversión Económica que fueron salvados en el Código Penal.
Después de que el staff de técnicos del Fondo, encabezados por el indio Anoop Singh, avisaran que planteaban nuevas objeciones a la política oficial, el propio presidente Duhalde salió al cruce de esas versiones y aseguró que ya se habían cumplido todas las condiciones exigidas por el organismo para iniciar negociaciones por un programa de ayuda financiera. Sin embargo, la administración Duhalde deberá encargar en las próximas semanas una difícil “negociación política” con el directorio del Fondo, si pretende vencer la evidente resistencia de los funcionarios técnicos del organismo.
De hecho, ayer mismo, Roberto Lavagna se encargó de avanzar en la campaña de persuasión política. Se entrevistó con los embajadores del denominado Grupo de los Siete, integrado por los países más desarrollados, a los que trató de convencer de que el acuerdo con el Fondo no podía demorarse más (ver aparte). El ministro cree que, además de contar con el invalorable respaldo de Washington, será necesario cerrar alianzas bilaterales con los países con más peso en el board del FMI y así podrá ejercer presión para destrabar el acuerdo. En sus planes está cerrar trato antes de mediados de julio, porque en agosto Washington queda desierto por el receso estival.
Lavagna también mantuvo una conversación telefónica de 40 minutos con Anne Krueger, la inflexible número dos del organismo. Oficialmente, el llamado sirvió para confirmar el envío al país de la misión negociadora. Pero el ministro aprovechó la oportunidad para insistir ante la funcionaria con la idea de que, en el actual contexto social y político, el Gobierno ya había hecho todos los deberes que podía hacer para cumplir con el Fondo. Jerárquicamente, el staff de funcionarios técnicos como Anoop Singh reporta directamente a Krueger. Y Lavagna sospecha que las objeciones del indio cuentan con el velado apoyo de la influyente subdirectora del organismo. Para colmo, Krueger es muy escuchada por la administración Bush, por lo que sus reparos podrían poner en jaque toda la negociación. El resultado es que no se pusieron de acuerdo ni siquiera en la fecha exacta en que deberá llegar la misión, y volverán a hablar el lunes.
En Economía admiten que en todos los contactos informales mantenidos con los técnicos del Fondo en los últimos días, éstos volvieron a plantear nuevas condiciones para continuar con las negociaciones. Y temen que las pongan sobre la mesa a partir de la semana próxima, cuando desembarque en Buenos Aires la misión del organismo. Esas condiciones son las siguientes:
- Que el decreto del corralito sea reglamentado de modo tal que los bonos no puedan ser utilizados más que para una serie de operaciones muy limitadas. Por ejemplo, un cupo reducidísimo para la compra de autos cerokilómetro. El argumento de los técnicos del FMI es que sino se pasarían fondos en exceso a las cuentas a la vista y entonces el Banco Central tendría que incrementar la emisión monetaria (por redescuentos) para financiar la fuga de los bancos. La mención al “ancla monetaria para impedir la hiperinflación” por parte de Dawson no expresa otra cosa que la condición de un rígido límite a la emisión de pesos. Más aún, el Fondo presiona por una flotación totalmente libre, sin intervención del Central, guiada sólo por las restricciones a la emisión monetaria. En contrapartida, en Economía dicen que el Fondo prefiere que se profundice la recesión a cualquier otra cosa. “Quieren la paz de los cementerios”, aseguran.
- Ley de indemnidad para el directorio del Banco Central. Hasta ahora era un pedido, promovido por el propio directorio del Central, incluido en los documentos técnicos enviados desde Washington. En Economía admiten que se convirtió en un requisito de las negociaciones.
- Veto a los artículos de la ley de Subversión Económica que los legisladores incluyeron en el Código Penal. El Presidente ya adelantó que no habría veto y el propio Lavagna avaló esa decisión.
–¿Puede no haber acuerdo con el FMI? –preguntó Página/12 a un alto funcionario de Economía.
–Nadie piensa en eso para no hacerse mala sangre. Pero la verdad es que la cosa está difícil.
La modesta aspiración de Economía es cerrar un acuerdo que permita refinanciar los vencimientos por 9000 millones que debe afrontar este año el país con los organismos de Washington: el FMI, el Banco Mundial y el BID. En ese caso, el único “dinero fresco” serían unos 1500 millones que ya pagados por el Gobierno, que le serían devueltos.