ECONOMíA › PANORAMA ECONOMICO

Un hecho natural

 Por Alfredo Zaiat


Las privatizadas están seguras de que recibirán el ajuste tan esperado. La mayoría de los analistas asegura que el aumento no se demorará mucho más, convencidos de que el “trabajo sucio” lo terminará haciendo Néstor Kirchner para despejar el camino del nuevo gobierno. Los técnicos de la actual administración y también los que trabajan en el sector privado afirman que resulta imprescindible un nuevo cuadro de precios de los servicios públicos. Y la presidenta electa confirmó que habrá alzas, aclarando que serán graduales. Después de cinco años de un cuasi congelamiento, puesto que ha habido subas en ciertos segmentos, la necesidad de un incremento de las tarifas se ha naturalizado en el discurso dominante. Más allá de que en las provincias la situación tarifaria es heterogénea, porque ya se registraron ajustes relevantes, la Capital y el Gran Buenos Aires, por su importancia y volumen de negocios, resulta el caso testigo en la relación de fuerza entre el Gobierno y las privatizadas, y también en el vínculo con los países sede de las compañías extranjeras dueñas. ¿Por qué es tan importante subir las tarifas, como si se tratara de un hecho natural? Tres son los principales argumentos que se exponen:

1 Para incentivar las inversiones en áreas imprescindibles y sensibles, como la energética.

2 Para generar conciencia en la población de la necesidad de ahorro de un recurso estratégico y escaso.

3 Para equilibrar un esquema de precios relativos que habría quedado desbalanceado, lo que implica decir que la luz, el gas y el agua “son baratos” en relación con otros bienes de la economía y también respecto del costo de esos servicios en otros países.

Así presentado el panorama, la “naturalización de los hechos” se traduce en el indiscutible y lógico aumento de tarifas. Poner en duda ese destino permite identificar discursos y prácticas que colaboran en la construcción de representaciones que constituyen el imaginario social. Existe una percepción generalizada e incorrecta acerca del carácter dado, determinado y, por lo tanto, conservador de la Naturaleza. Por ese motivo, hay que estar prevenido cuando se pretende imponer “la naturalización” de ciertas concepciones y fenómenos sociales: el más usual se refiere a la pobreza y, en este caso particular, a la inevitabilidad del aumento de tarifas.

El ajuste al alza del precio de los servicios públicos es el reclamo de la ortodoxia y de los no tan ortodoxos como señal de certidumbre para las privatizadas para motivarlas a invertir. Por su parte, ciertos sectores de la heterodoxia consideran que así se desestimularía el gasto en ese rubro por parte de los sectores medio y alto de la sociedad, bajo el supuesto teórico pero no verificado de que una suba de precios de servicios esenciales disminuiría el consumo. Otros prefieren asombrarse por la diferencia de precios entre países vecinos. Y otros apuntan al criterio de mejorar la matriz de distribución, apelando a una suba de las tarifas para el grupo de mayor capacidad adquisitiva, aislando de ese ajuste a los de menores ingresos. Esto último reviste cierta lógica, teniendo en cuenta por ejemplo que las garrafas de gas tienen un costo varias veces superior al servicio por red. Pero plantear esa cuestión dentro del marco de la actual puja por las tarifas sólo colabora a la confusión sobre un aspecto esencial: la contradictoria, discontinua y heterogénea estrategia encarada por la gestión Kirchner con las privatizadas.

La relación con esas compañías tiene el marco de la Ley de Emergencia, sancionada a principios de 2002. En el artículo 4 se prohibió la indexación de las tarifas, en el 9 se dispuso la renegociación de los contratos y en el anterior se establecieron criterios básicos, como “el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos”. En estos años, en los acuerdos-marco de esas negociaciones, previos a la revisión general de los contratos, se definieron subas: algunas ya se aplican en usuarios industriales y de comercios, y otras empezarán a regir a partir del año próximo. Las privatizadas apuntan a una renegociación global, en primer término para consolidar los incrementos ya obtenidos y luego para definir otros más, además de establecer mecanismos de ajustes automáticos en función de una difusa estructura de costos.

La promesa de inversiones a cambio de más tarifas pierde sustento, en cambio, si se estudia el comportamiento histórico de esos actores sociales. En la década anterior, las elevadas tarifas dolarizadas ofrecieron utilidades extraordinarias en comparación con las contabilizadas por empresas similares con base en países centrales. Las tarifas no eran una señal para invertir pues en la práctica poco y nada reinvirtieron de esas ganancias, fondos que fueron remitidos al exterior como dividendos a sus respectivas casas matrices. Se puede sostener que tarifas altas permiten acceder al endeudamiento externo destinado a inversiones, pero la experiencia de ese proceso en los noventa dejó como saldo que se trata de un camino de destrucción. Ahora no sería muy diferente la historia porque no se ha modificado la lógica del modelo de administración de los servicios públicos en manos de grupos privados.

En el documento Nuevos y viejos actores en los servicios públicos, elaborado por los investigadores de Flacso Daniel Azpiazu y Nicolás Bonofiglio, se destaca que “a pesar del cuasi congelamiento tarifaria, la mayor parte de las empresas privatizadas continuaron obteniendo excedentes operativos, de donde se infiere la exorbitancia de las tasas de rentabilidad obtenidas en los años previos”. En esa instancia emerge con claridad la clave del actual reclamo de más tarifas: la tensión para la recuperación, si no toda, de gran parte de las elevadas tasas de ganancias que ofrecía ese negocio en el pasado. Esa puja se desarrolla en un escenario parcialmente diferente debido al cambio del interlocutor en el sector privado. En los servicios de agua potable y cloacas y en la distribución de energía eléctrica, Azpiazu y Bonofiglio constataron que en todo el país sobre 32 firmas responsables de las respectivas prestaciones, en 22 casos se registraron “cambios de manos” en las tenencias accionarias y en 20 de ellas las desplazadas fueron de capital extranjero. El caso emblemático que pasó a la órbita estatal fue Aguas Argentinas, mientras que el referido al sector privado la estrella fue la irrupción del grupo local Pampa Holding, que nació del fondo de inversión doméstico Dolphin. Ese conglomerado se quedó con la distribuidora Edenor, con la compañía de transmisión Transener y tiene participaciones en los paquetes de las empresas de generación eléctrica Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Aguila, entre otras.

Ese dúo de investigadores de Flacso destaca que Pampa Holding ha estado concentrando su actividad en el sector eléctrico a punto de constituirse en uno de los principales agentes económicos de ese mercado “y en un interlocutor de privilegio del gobierno nacional”. Azpiazu y Bonofiglio no descartan que ese desembarco agresivo en el sector de una compañía nueva originada de una lógica de fondo de inversión se trate “de una estrategia de valorización financiera del capital estructurada a partir de la adquisición de empresas que enfrentan dificultades de dicha índole”. Luego de una compleja y riesgosa ingeniería financiera para su relativo saneamiento, esas compañías han recuperado valor después del default y la pesificación de tarifas. Para completar el esquema de revalorización de las compañías resulta fundamental el ajuste de tarifas. Ese par de expertos no descarta que completado ese proceso y dentro de una lógica de comportamiento financiera, “la posterior transferencia (del grupo) a nuevos o viejos actores con intereses concretos de mediano y largo plazo en el sector eléctrico”. Aunque también consideran que esas adquisiciones de ocasión pueden haber sido “una oportunidad de consolidarse en uno de los sectores con más potencial de crecimiento”.

La “naturalización” del incremento de las tarifas, que es presentado como la llave maestra para atraer inversiones que permitirían superar las restricciones energéticas, encierra entonces otra lógica que la motorizada por los exagerados temores a una crisis que deje a oscuras las ciudades o paralice los motores de la producción.

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