El gobierno de Sebastián Piñera enfrenta su tercer escándalo de corrupción desde que asumiera en marzo de 2010. Esta vez, vinculado con la compra de equipos detectores de droga con un sobrepago de casi 400 por ciento. El denominado caso sobreprecios, denunciado por el Centro de Información e Investigación Periodística (Ciper), provocó la dimisión de tres altos funcionarios del gobierno en menos de una semana. Los equipos antidrogas, que serían utilizados en el Plan Frontera Norte, dependiente de la División de Estudios del Ministerio del Interior, fueron comprados a la empresa Tecnodata, quien participó en una licitación pública a través del sistema de Compras del Estado.

Sin embargo, la orden de compra se habría dado cinco minutos después de adjudicado el proceso de licitación, saltándose una serie de pasos burocráticos y de control necesarios para cerrar la operación. Las acusaciones apuntaron de inmediato hacia el ex fiscal Alejandro Peña, jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, quien renunció el pasado 5 de octubre. El funcionario chileno, por su parte, argumentó que si bien no participó directamente de dichos procesos, “fueron profesionales de mi dependencia quienes los llevaron adelante”.

A Peña lo acompañó en la caída Felipe Baeza, jefe de la unidad de proyectos de la División de Estudios del Ministerio del Interior, quien renunció el 8 de octubre a pedido del subsecretario de esa cartera, Rodrigo Ubilla, debido a que era el responsable directo de la licitación que estaba siendo cuestionada. Ayer se sumó la tercera renuncia, esta vez del sociólogo Carlos Alvarez, funcionario de la Brigada del Crimen Organizado del Ministerio del Interior, quien también dimitió por expresa recomendación de Ubilla.Estas renuncias se dieron luego de que se conociera que Alvarez había mantenido contactos con el propietario de Tecnodata. Tanto la oposición como los funcionarios del Ministerio del Interior piden ahora la salida del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario Ubilla, por su responsabilidad política. El gobierno presentó una querella por el caso, que fue objetada por la Justicia debido a vicios de forma.

Pese a esto, el fiscal a cargo del caso, Jaime Retamal, afirmó que evalúa llamar a declarar a Ubilla y aseguró que con el material recopilado hasta el momento, los hechos son considerados como delitos. Paralelamente, diputados de la opositora Democracia Cristiana planean conformar una comisión investigadora en la Cámara baja. Se trata del tercer gran escándalo de corrupción que afecta al gobierno. A inicios de abril de 2011, la entonces intendenta de Bío-Bío, Jacqueline van Rysselberghe, renunció a su cargo luego de que se dieran a conocer unos audios en los que la autoridad reconocía que había engañado al sistema para que algunas familias resultaran beneficiadas con subsidios destinados a damnificados por el terremoto.

Días después, se concretó la salida de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, quien renunció en medio de la polémica desatada por el caso de sobreprecios pagados a la empresa Kodama, encargada de la construcción de un corredor para el transporte Transantiago.