EL MUNDO › LOS EFECTOS DE LA APUESTA INDEPENDENTISTA

La encrucijada de los catalanes

A tres semanas de los comicios regionales de Cataluña, las dos principales fuerzas políticas, nacionalistas y socialistas, se muestran divididas y con mensajes confusos de cara a la apuesta independentista, que motivó el adelanto de las elecciones. La federación nacionalista Convergencia i Unió (CiU), liderada por el presidente catalán Artur Mas, quien busca legitimidad en las urnas para liderar el camino hacia la creación de un Estado independiente de España, pero dentro de la Unión Europea (UE), cuenta con voces de peso que no confían en la viabilidad de su propuesta. El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados de Madrid, Josep Antoni Duran Lleida, quien nunca estuvo abiertamente a favor de la opción soberanista, cree que es casi imposible que Cataluña pueda convertirse en un estado independiente dentro de la UE.

Duran Lleida no polemizó públicamente con Mas, pero transmitió ese mensaje a través de una carta leída ante la militancia de su partido, Unió Democrática de Catalunya –integrada en CiU–, durante el último consejo nacional, al que no asistió porque se recuperaba de una operación, según reveló el diario El País. La opinión del líder demócrata-cristiano es demoledora: cree que ni siquiera una independencia pactada es garantía de reintegro inmediato en la UE, debido a que aunque España no los vetara, lo podría hacer cualquier otro estado miembro.

El propio Mas, a quien las encuestas dan la mayoría, dijo que su proyecto es europeísta y sólo tiene sentido una Cataluña independiente dentro de la UE, mientras los partidarios de la independencia disminuyen si el proyecto carece de encaje europeo. El gobierno español de Mariano Rajoy insiste en defender la tesis de que una eventual secesión unilateral implicaría una exclusión inmediata de Cataluña de la UE y obligaría al nuevo estado a iniciar un proceso de adhesión, en el que España tendría derecho a veto.

A todo esto, se publicó una carta de la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, que respaldaba la postura de Rajoy. El gobierno catalán intentó minimizarla, afirmando que no era la posición oficial de la comisión, y se aferró a las declaraciones de otro vicepresidente, Joaquín Almunia, quien dijo que no se puede dar una respuesta tajante.

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