EL MUNDO › LUEGO DE DIEZ DíAS DE MANIFESTACIONES, LA PRESIDENTA DE BRASIL DIJO QUE “LOS CIUDADANOS ESTáN A LA BúSQUEDA DE SUS DERECHOS”

Dilma reconoció la fuerza de las protestas

El lunes hubo unas 250.000 personas en todo el país y ayer en al menos seis ciudades se anunció una rebaja del boleto. Sin embargo, la atención volvió a centrarse en San Pablo, en donde se mantuvo firme la movilización.

Luego de diez días de intensas protestas en todo Brasil, incluida la jornada de ayer, la presidenta Dilma Rousseff se refirió por primera vez al tema. La mandataria afirmó que Brasil se despertó más fuerte tras las multitudinarias manifestaciones que se realizaron en doce ciudades y se mostró dispuesta a escuchar los reclamos al sostener que su gobierno está empeñado en escuchar la voz de la calle. “Las protestas demuestran el valor de la democracia y revelan que los ciudadanos están a la búsqueda de sus derechos”, afirmó Rousseff después de que el lunes marcharan unas 250.000 personas en todo el país y lograran que en al menos seis ciudades anunciaran ayer una rebaja del boleto. Sin embargo, la atención volvió a centrarse en San Pablo, en donde unas 50 mil personas se movilizaron ayer –15 mil menos que el lunes– y un pequeño grupo atacó la sede de la alcaldía, rompiendo vidrios y pintando leyendas en las paredes. Igual que en las jornadas anteriores, la policía militarizada utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para reprimir.

Rousseff condenó los episodios de violencia, pero destacó que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron pacíficamente y valoró el espíritu pacífico de las personas que se movilización. “Supera los mecanismos tradicionales de las instituciones, partidos políticos o sindicatos”, sostuvo. “Las manifestaciones comprueban la grandeza de nuestra democracia y el civismo de nuestra población y suponen un mensaje directo a los gobernantes en todas las instancias”. La presidenta celebró haber visto a tantos jóvenes y adultos, nietos, padres y abuelos, todos juntos con la bandera de Brasil, cantando el himno nacional y exigiendo un país mejor. “Las demandas de la población por ciudadanía, mejores escuelas, hospitales, transporte público de calidad y a un precio justo, por el derecho a influir en las decisiones de los gobiernos, en repudio de la corrupción y el desvío de dinero público, comprueban el valor intrínseco de la democracia”, afirmó. “Mi generación sabe cuánto costó llegar a esto”, apuntó Rousseff, quien durante su juventud militó en organizaciones de izquierda cuando gobernaba la dictadura, por lo que estuvo más de dos años presa y fue sometida a torturas.

En su declaración, durante un acto público celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, Rousseff aseguró que el gobierno está empeñado en la transformación social y en escuchar la voz de las calles, y dijo que fruto de ese esfuerzo unas 40 millones de personas salieron de la pobreza. Así, defendió el proceso de transformación social que ella y su antecesor, Lula da Silva –con quien ayer se reunió–, llevaron adelante en una década al defender la política de inclusión social. Aseguró que las autoridades quieren ampliar el acceso a la salud y la educación, y apuntó que las demandas cambian cuando se cambia también el país. “Las mejoras sociales han generado ciudadanos que quieren más y tienen derecho a más”, sostuvo.

La presidenta se mostró dispuesta a escuchar los reclamos y sostuvo que, así como la sociedad que se manifestó en las calles, el gobierno también va a conseguir más para el país y para el pueblo. Sus únicas palabras de condena fueron para los episodios de violencia, de los cuales dijo que no ensombrecían de ninguna manera el espíritu pacífico de las protestas. “Fueron actos minoritarios que condenamos con todo rigor; la violencia es destructiva, lamentable y genera más violencia”, dijo Rousseff, quien valoró además el tratamiento que las fuerzas de seguridad pública les dieron a las manifestaciones de este lunes.

Brasil vivió el lunes la mayor manifestación popular sin convocatorias oficiales desde 1992, cuando se incrementaban las protestas por la salida del entonces presidente Fernando Collor de Mello, quien finalmente renunció. Las revueltas populares estallaron en doce ciudades brasileñas, en las que hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes y varios heridos. Las manifestaciones fueron en rechazo a la realización de la Copa Confederaciones y el Mundial de 2014 de Fútbol (ver aparte), al aumento de las tarifas de transporte público y a la represión policial ocurrida en protestas anteriores y comenzaron en forma pacífica, pero se radicalizaron en Río de Janeiro, San Pablo, Belo Horizonte y Brasilia.

Las autoridades de Recife, Joao Pessoa, Porto Alegre, Cuiabá, Blumenau y Montes Claros anunciaron ayer que reducirán las tarifas, en tanto el alcalde de Río, Eduardo Paes, informó que se reuniría con representantes de los manifestantes para discutir sus reivindicaciones. Por su parte, el alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), admitió por primera vez la posibilidad de retroceder en el aumento de la tarifa del transporte. “Si las personas me ayudan a tomar una decisión en esa dirección (reducción de la tarifa), voy a obedecer la voluntad de las personas porque soy el alcalde de esta ciudad”, dijo en una reunión que mantuvo con el Consejo de la ciudad y los líderes del Movimiento Passe Livre (MPS). Sin embargo, admitió que los recursos para financiar el transporte público dependerán de la reorientación de los que tiene el municipio. “Tengo que explicitar a la población que, si aumentamos los subsidios, éstos van a tener que salir de otras áreas”, agregó.

Según Haddad, la alcaldía está dispuesta a discutir una reducción del lucro de los empresarios del transporte y a pedir más exoneraciones impositivas al gobierno federal. Sobre las reivindicaciones de los manifestantes, el alcalde aclaró que el MPL pidió un congelamiento de la tarifa en 3,00 reales y no anular el aumento. “Ellos mismos terminaron admitiendo que se trata de un congelamiento porque el movimiento no consideró aceptar un reajuste”, dijo. Por su parte, el secretario municipal de Transporte, Jilmar Tatto, que participó de la reunión, respaldó a Haddad. “Si el alcalde toma la decisión de reducir la tarifa, tendrá que aumentar los impuestos. O pedir más exenciones. El gobierno federal está haciendo su parte, pero puede hacer aún más”, expresó.

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Unas 50 mil personas se movilizaron ayer en San Pablo –15 mil menos que el lunes– y un pequeño grupo atacó la sede de la alcaldía.
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