EL MUNDO › INSOLITA ACUSACION CONTRA ALEJANDRO TOLEDO

Juicio por defender DD.HH.

El gobierno de Alan García inició un juicio parlamentario contra el ex presidente. La acusación: admitir que el Estado peruano violó los DD.HH. con las matanzas de senderistas presos en la era Fujimori.

 Por Carlos Noriega
Desde Lima

La situación es tan insólita que parece formar parte de una historia de lo absurdo. Por apoyar una investigación y un proceso judicial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por un caso de 41 ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000), el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) enfrenta un juicio constitucional y una suspensión por diez años para ejercer cualquier función pública.

El dudoso logro corresponde al gobierno de Alan García, que ya ha conseguido que el Congreso admita una denuncia constitucional contra Toledo por haber reconocido ante la CIDH que Fujimori fue un violador de los derechos humanos. Todo se vuelve aún más absurdo e irreal cuando se escucha a los principales miembros del gobierno, con el presidente García dirigiendo el coro de voces airadas, pidiendo la cabeza de Toledo por considerarlo como el culpable por la sentencia internacional que condena al Estado peruano por un crimen cometido por el gobierno de Fujimori. Para Fujimori, en cambio, el oficialismo solamente tiene, en este caso, un silencio que suena a complicidad.

El gobierno acusa a Toledo de “no haber defendido adecuadamente los intereses del Estado” al haber aceptado ante la CIDH la responsabilidad del gobierno de Fujimori y, por lo tanto, del Estado peruano, en la ejecución de 41 prisioneros acusados de terrorismo en 1992. Matanza que está probada por los testimonios de testigos y los exámenes forenses a los cadáveres de las víctimas. Parece que para el oficialismo admitir ante los tribunales internacionales que las fuerzas de seguridad cometieron una matanza, que está probada, es un crimen peor que haber ordenado la matanza.

Era mayo de 1992 y había pasado un mes desde que Fujimori, electo en 1990, había dado, en complicidad con los militares, un golpe de Estado que concentró todo el poder en su manos, cuando en el penal Castro Castro, ubicado entre los desérticos cerros que rodean Lima, fuerzas combinadas de la policía y del ejército comenzaron a atacar los pabellones donde estaban recluidos los acusados de pertenecer al grupo armado maoísta Sendero Luminoso. Se produjo un duro enfrentamiento hasta que los prisioneros se rindieron. Testigos aseguran que las fuerzas de seguridad fueron seleccionando a algunos prisioneros, a los que separaron del resto, y luego los ejecutaron. Los exámenes de los cadáveres confirman las ejecuciones. Cuando llegó el reporte oficial de los 41 muertos, en la lista estaban los principales dirigentes senderistas recluidos en el penal. Los sobrevivientes fueron torturados. Las mujeres, violadas. El caso llegó a la CIDH y el gobierno de Toledo admitió la responsabilidad del Estado frente a los cargos, irrefutables ante las evidencias, de haber ejecutado a las 41 personas. Pero para el gobierno de García esa admisión parece ser un crimen imperdonable.

“Toledo es el primer presidente del mundo en ser procesado por defender los derechos humanos”, le señaló a Página/12 Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de Toledo y uno de sus voceros oficiales para ejercer su defensa en este caso. Toledo radica actualmente en Estados Unidos y le ha encargado a un grupo de sus ex ministros que asuman su defensa en Lima. “Se acusa a Toledo de no haber defendido los intereses del Estado, pero el interés del Estado no es defender ni encubrir ejecuciones extrajudiciales o torturas, sino todo lo contrario, un gobierno democrático defiende al Estado respaldando las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos que hayan cometido las dictaduras y apoyando que se haga justicia”, agrega Rodríguez Cuadros. Para el ex canciller, la acusación del gobierno contra Toledo revela un pacto entre el oficialismo y el fujimorismo. “Se ataca a Toledo para desprestigiarlo y se crea un ambiente contra la CIDH por este fallo que favorece a Fujimori en su intención de evitar la extradición”, señala Rodríguez Cuadros. Es que mientras el gobierno dispara graneado contra la CIDH, un reciente fallo de este tribunal que condena al gobierno de Fujimori por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en julio de 1992 puede ser clave para lograr la extradición de Fujimori por los cargos de violaciones a los derechos humanos.

Javier Velásquez, jefe del grupo parlamentario oficialista, fue quien presentó la acusación constitucional contra Toledo. Velásquez argumenta que el gobierno de Toledo no defendió adecuadamente al Estado porque debió haber evitado que se ordene pagar indemnizaciones económicas “a los terroristas y sus familiares”, en referencia a las víctimas del penal Castro Castro. “Un principio fundamental del derecho internacional es que toda acción del Estado que produce un daño implica que se pague una indemnización. Es muy raro que el gobierno insista en que la sentencia de la CIDH les da dinero a los terroristas al ordenar que se indemnice a las víctimas y que se oculte que esa sentencia demuestra que en el gobierno de Fujimori se asesinó y se torturó, que es lo fundamental”, responde Rodríguez Cuadros.

“García ataca el fallo de la CIDH porque busca salirse de esa corte, en la que se están por sentenciar casos por violaciones a los derechos humanos cometidas en su primer gobierno (1985-90). En ese contexto de ataque contra la CIDH se da la acusación contra Toledo por cooperar con esa corte”, le señaló a Página/12 Fernando Tuesta, analista político y director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica.

La acusación en contra de Toledo por este caso parece tan disparatada que el ex presidente no ha tenido dificultades en utilizarla en su favor. Lo primero que ha hecho Toledo es envolverse con el manto de mártir de los derechos humanos. Y desde esa envoltura pretende aprovechar el momento para eludir otras acusaciones en su contra por cargos de malos manejos durante su gobierno. El ex presidente enfrenta una causa judicial por su presunta responsabilidad en la falsificación de firmas para la inscripción de su partido político para las elecciones del año 2000.

García quiere crucificar a Toledo, pero puede terminar santificándolo.

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Toledo admitió la acusación de la CIDH ante el cúmulo de evidencias de los asesinatos.
 
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