EL PAíS › EL JUEZ NORBERTO OYARBIDE AMPLíA LA INVESTIGACIóN EN LA CAUSA SKANSKA

En busca de sobreprecios

Después de más de siete meses de parálisis, la causa por las irregularidades en la construcción de los gasoductos Norte y Sur arrojó novedades. Ordenan diligencias para verificar precios de Techint, BTU, Contreras Hermanos y Odebrecht.

 Por Irina Hauser

La investigación del caso Skanska empezó a despertarse de la siesta tras más de siete meses. El nuevo juez a cargo del expediente en el fuero federal, Norberto Oyarbide, firmó el viernes una resolución con un gran listado de medidas de prueba a realizar, una de las cuales sería clave para la causa: ordenó avanzar, más allá de la constructora sueca, sobre las responsabilidades de otras cuatro importantes compañías que participaron en las polémicas obras de los gasoductos Norte y Sur. Se trata de Techint, BTU, Contreras Hermanos y Odebrecht. Hasta ahora la pesquisa había puesto énfasis en el pago de coimas a funcionarios en la adjudicación de los proyectos y de aquí en más apuntaría también a verificar posibles sobreprecios millonarios.

En el caso del Gasoducto Norte, BTU realizó obras del tramo Lumbreras, en Salta; Contreras construyó una planta compresora en General Lavalle, Santiago del Estero, y Skanska, la planta de Deán Funes, en Córdoba. La gerenciadora fue Transportadora Gas del Norte (TGN), de Techint. Para los trabajos del Gasoducto Sur, la adjudicataria fue la brasileña Odebrecht, que a su vez subcontrató a Techint, Skanska y Contreras. Las gerenciadora fue Transportadora Gas del Sur (TGS), ligada a Petrobras.

Oyarbide impulsa un “estudio técnico pericial” que precise qué hizo cada empresa y si se les pagó por demás. Se debería determinar –dice– “la razonabilidad en cuanto a la calidad y cantidad de los materiales empleados”, “el tiempo utilizado” y “la posible existencia de costos mayores a los presupuestados para la realización de las obras”. Para esto, pedirá asistencia a la Facultad de Ingeniería de la UBA y ya citó como testigo al decano de esa casa, Carlos Rosito, para que estime qué alcance se le podría dar al estudio.

Desde un comienzo el foco de la causa estuvo puesto en Skanska porque, a partir de una auditoría interna, reconoció que había usado facturas truchas para disimular la evasión de impuestos y el pago de “comisiones indebidas” en las obras de los gasoductos. En mayo del año pasado salió a la luz una grabación donde el ex gerente de la firma Javier Azcárate hablaba del pago de un tres por ciento al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y un dos por ciento a Nación Fideicomisos.

Con esa revelación, el ex juez Guillermo Montenegro llamó a indagatoria al entonces titular del Enargas Fulvio Madaro y al ex gerente de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa. El ente del gas debía controlar los trabajos. El fideicomiso del Banco Nación administraba los fondos para las obras. La lista de sospechosos abarcó a más de 30 personas, entre proveedores de facturas falsas y ex directivos de Skanska. Pero Montenegro se fue como ministro de Mauricio Macri sin definir procesamientos o faltas de mérito. Y en diciembre el fiscal del caso, Carlos Stornelli, asumió como ministro de Seguridad bonaerense.

Stornelli había mostrado en un dictamen que, antes de la adjudicación a las empresas sospechadas, TGN advirtió acerca de sobreprecios de 152 por ciento en relación al presupuesto original y TGS estimó sobreprecios que –luego de ajustes– habrían llegado a 34 millones de dólares. Pidió indagar a otros 21 funcionarios además de Madaro y Ulloa, pero el juez nunca los citó. La fiscalía puso también en la mira pagos adicionales (que no correspondían) a Skanska, BTU y contreras, posteriores a las obras.

Oyarbide le reclamó documentos al Enargas en su resolución del viernes. A la Sindicatura General de la Nación, que había firmado el año pasado (dos días después de que echaron a Madaro y Ulloa) un informe donde hablaba de fallas en el control, le pidió detalles sobre actuaciones posteriores. Y también requirió que la Auditoría General de la Nación mostrara sus informes sobre el ente del gas. Convocó a la Gendarmería para “profundizar” el estudio de cruces de llamadas y para analizar informes patrimoniales de los imputados. Y le pidió ayuda a la División Jurídico- Contable de la Policía Federal, que asiste al juzgado penal tributario de Javier López Biscayart, donde –en definitiva– fue descubierta la maniobra y ya hay cerca de treinta procesados, entre ellos Ulloa.

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El juez Norberto Oyarbide quedó a cargo de la causa en el fuero federal.
Imagen: DyN
 
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