EL PAíS › EL NUEVO TITULAR DE LA SIGEN TIENE UNA ASESORIA PRIVADA

Un problemita con el nuevo síndico

Carlos Magliolo podría estar en conflicto de interés con el organismo que dirige. Es director de una asesoría a entes del Estado y se fue con un retiro de la Sigen hace meses apenas.

 Por Irina Hauser

“Este órgano ahora está al servicio del Presidente de la Nación, no para controlarlo.” El personal de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) escuchaba con atención la filosofía de su nuevo jefe, Carlos Magliolo, algo chocante en un organismo cuya función es fiscalizar las cuentas del Estado y velar por la transparencia de sus negocios. A Magliolo lo designó Adolfo Rodríguez Saá, y desde entonces quedó en funciones. Más allá de sus convicciones, su situación como funcionario es como mínimo dudosa: se había ido de la propia Sigen en septiembre de 2000 con un retiro voluntario cobrando 253.000 pesos, y volvió a pesar de que ese régimen de retiro le prohíbe reingresar al sector público por cinco años. Más aún, después que dejó el cargo en aquel entonces, comenzó a dirigir una consultora especializada en asesorar a distintas “áreas de gobierno”, según la descripción que aparece en su página web, circunstancia que según la Ley de Etica podría implicar incompatibilidad o conflicto de intereses.
Cuando Magliolo, un hombre muy cercano al ministro del Interior Rodolfo Gabrielli, llegó para reemplazar al hasta entonces síndico Rafael Bielsa, también le planteó a su staff que toda la información que la Sigen produce es propiedad del Gobierno y su difusión está totalmente prohibida, relataron testigos del encuentro. “Estamos aquí para asesorar al Presidente y mandarle, a él, información ágil y confidencial”, instruyó. Para la mayoría de los empleados del área, Magliolo era un viejo conocido: había trabajado allí 21 años y dos meses y para la época en que decidió irse ocupaba el cargo de gerente de supervisión, factores ambos que le permitieron llevarse una jugosa indemnización calculada sobre un sueldo base de 7650 pesos, explicaron funcionarios de la misma Sindicatura.
Según la Ley 24.156, quienes se retiran voluntariamente de la Administración Nacional –así sean funcionarios de planta, políticos o contratados– deben atenerse a algunas restricciones: no pueden reincorporarse al Estado bajo ninguna modalidad “por el término de cinco años contados a partir de su baja”. El Poder Ejecutivo, dice la norma, podrá autorizar excepciones si lo considera “indispensable”, pero como requisito el ex funcionario tendrá que devolver la parte proporcional de su indemnización teniendo en cuenta el tiempo que falta para cumplir los cinco años de veda. Entre sus colaboradores el síndico comentó, sin embargo, que ya gastó toda la plata.
Hasta hace unos diez días, Magliolo figuraba como director general de la consultora Government Consulting Group en la página de Internet de la firma (www.gcgroup.com.ar). En la ventana titulada “Quiénes somos” había una breve biografía que decía que es contador público especializado en “control de acción administrativa”, que fue gerente de la Sigen, y que tiene trayectoria en evaluación de políticas públicas. Hacia el fin de esta última semana, ese tramo de la información había sido reemplazado por un cartel con la leyenda “página en construcción”.
Pero en la ventana “contáctenos” aún sobrevivía como correspondiente al director, la dirección de email [email protected]«MDNM». También subsistían algunas descripciones de la empresa: “Es una consultora formada por un conjunto de profesionales que cuentan con amplia experiencia en distintas áreas de gobierno. Nuestro objetivo fundamental es tratar de poner el conocimiento adquirido para mejorar la actividad de los distintos sectores del gobierno nacional, provincial o municipal, como así también el de distintas entidades intermedias”.
La Ley de Etica dice que es incompatible con el ejercicio de la función pública asesorar o prestar servicios “a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa...”. La norma exige renunciar a las actividades en cuestión para asumir el cargo público e impide la intervención en los temas relacionadoscon “las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.
Es difícil imaginar cómo hará Magliolo para cumplir con todos esos requisitos teniendo en cuenta que la lista de clientes que la consultora GC Group exhibe en el ciberespacio coincide prácticamente íntegra con muchas de las reparticiones que la Sigen debe controlar: la Presidencia de la Nación y varias de sus secretarías, la Jefatura de Gabinete, todos los ministerios y decenas de sus dependencias. También figuran el gobierno de Mendoza y varias municipalidades.
En diálogo con Página/12, Magliolo reconoció que tiene una consultora y dijo que la seguirá atendiendo “en temas que se refieran al sector no estatal, como trabajos que estamos haciendo para colegios religiosos”, ejemplificó. En cuanto a su retiro voluntario y su retorno a la Sigen, cuestionó un decreto posterior a su alejamiento del cargo que fue el que amplió en noviembre de 2000 las restricciones de reincorporación a los funcionarios cargos políticos altos, antes excluidos (ver explicaciones aparte).
De la biblioteca de reglas para la Administración Pública surge un dato más: Cuando Magliolo se fue de la Sindicatura en el año 2000 y comenzó a trabajar como consultor todavía regía un artículo de la Ley de Etica -modificado el año pasado para flexibilizar el régimen de incompatibilidades– que prohibía asesorar o hacer otros trabajos para el Estado durante el año posterior a la renuncia a la función pública.
Todavía el nuevo síndico no fue confirmado en su puesto por el presidente Eduardo Duhalde, pero en el fondo cuenta con que tendrá el apoyo incondicional de Gabrielli. Ahora tiene una exigencia extra: un decreto de la semana pasada lo obliga, igual que a todos los funcionarios, a presentar un certificado de antecedentes expedido por el Ministerio de Justicia y una declaración jurada que muestre que carece de conflictos de intereses e incompatibilidades.
Para solucionar el enredo de Magliolo el Gobierno está analizando la posibilidad de designarlo como síndico “ad honorem”, según él mismo confirmó a este diario. La opción parece poco verosímil para un cargo público que requiere dedicación full time y teniendo en cuenta que en los registros de noviembre del Banco Central Magliolo aparece como deudor en “situación 3”, es decir, “con problemas para atender normalmente sus compromisos”. En rigor, el aporte de colegios de monjas y curas difícilmente le alcance.

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En la página de Internet de la empresa de Magliolo se exhibe la larga lista de clientes oficiales.
 
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