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Default interno y federal para salvar a las provincias

El ministro del Interior quiere que las provincias al borde de la quiebra tampoco paguen sus “deudas externas” para que los bancos no les retengan la coparticipación. Gabrielli espera anunciar pronto la rebaja del gasto político en mil millones y avanzar en la reforma.

Por Fernando Cibeira

Como ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli quedó a cargo de un par de temas que el Gobierno quiere resolver en forma urgente. Uno lo es fuera de cualquier análisis: la situación de las provincias, algunas de ellas al borde del estallido social. Lo que Gabrielli quiere acordar esta semana es que las provincias se plieguen a la situación de la Nación y también se declaren en default cuestión de que los bancos no les retengan los fondos de la coparticipación para pagar las deudas. En Interior saben que a algunas provincias –las que tienen sus cuentas saneadas además de las tres grandes– puede que no les interese sumarse a la iniciativa, pero que las que tienen más problemas lo harán. El otro tema en agenda es la reforma política, que no es urgente para la marcha de la economía, pero sí en la estrategia del presidente Eduardo Duhalde para cambiar el humor de la gente. El ministro quiere anunciar cuanto antes junto a los gobernadores una baja del gasto político que ronde los mil millones, una suma similar a lo que saldrá la ayuda a los jefes de hogar desocupados.
–Las últimas declaraciones del presidente Duhalde provocaron ayer un cacerolazo en Olivos, ¿piensa que el Gobierno va a tener que acostumbrarse a convivir con este tipo de protestas?
–La gente tiene que entender que este tema no se va a solucionar de un día para el otro. Desgraciadamente se llegó a una situación extrema, prácticamente de caos. Ninguna salida es rápida ni de un día para el otro. El país quedó destruido con la economía trabada. Creo que de a poco la gente va a ir viendo que éste es un gobierno que reconoce los problemas y que busca solucionarlos del lado de la gente. Eso no significa que todo esté bien. Pero está claro que todo lo que se haga será del lado de la gente, no de algún lobby.
–¿Duhalde se equivocó o pecó de optimista cuando prometió que los que tenían depósitos en dólares iban a recibir dólares?
–Las medidas y las soluciones de este Gobierno son acorde a la realidad que tenemos y a los intereses de los distintos sectores, pero pensando siempre en la gente. Si los dólares no están, no están, ¿no es cierto? Se los llevaron de acá y no fue este gobierno el que permitió que se fueran, diría que entre julio y diciembre.
–¿La pesificación es la solución?
–Sí, se está avanzando en el camino correcto. Es claro que si los dólares no están, lo que hay que hacer es cumplir con lo que dijo el Presidente y que la gente reciba el equivalente de los dólares. No hay otro camino.
–¿Cómo piensa resolver el problema de las deudas provinciales?
–La preocupación de los gobernadores es la misma que tiene la Nación. Con aquellos gobernadores que lo consideren conveniente, lo que hay que hacer es lo mismo que la Nación en este tema: esto es, suspender el pago de los intereses de las deudas y entrar en una renegociación similar a la de la Nación. Esto va a permitir que los pagos sean posibles y compatibles con los ingresos de las provincias.
–¿Usted dice que todas las provincias tendrían que entrar en default?
–Las que quieran, porque hay algunas que capaz que no quieren. Es un tema que hay que tratar provincia por provincia. Lo que queremos, y en lo que estamos trabajando, es que ningún banco por ningún motivo le retenga más recursos a las provincias. Lo que hay que buscar es que las provincias reciban la coparticipación en forma plena mientras se va reordenando el tema de las deudas.
–La semana que pasó hubo disturbios en Jujuy, Santa Fe y Córdoba. ¿Cree que este nivel de conflictividad se mantendrá?
–Es el riesgo que hay. Hay que hacer un seguimiento día a día de esta situación. Tenemos planeado poner en marcha un plan de emergencia para que cada provincia pueda enfrentar sus necesidades mínimas. Hay dos tiempos: uno el de la emergencia –que es como se funcionará desde este mes hastamarzo–, y otro, a medida que se normalice el país y los ingresos del Estado, en el que se volverá al sistema de siempre.
–¿Y se cuenta con los recursos para hacer frente a la emergencia?
–Hay que tratar que tanto las provincias como la Nación tengan los fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones. Lo que le va a permitir a la Nación contar con efectivo más allá de sus ingresos es la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
–¿Su intención es que la reforma política salga en un acuerdo con los gobernadores?
–La idea es tratar un acuerdo federal con las provincias y establecer parámetros comunes en cuanto a los parámetros de gastos de la democracia. Un acuerdo nos permite hacer las cosas en forma inmediata. Después verá cada provincia cómo lo implementa, pero la idea mía es ponerle un tope a los gastos de las estructuras parlamentarias.
–¿El recorte se hará sólo sobre las estructuras parlamentarias?
–Los gastos de la democracia tienen que ver básicamente con los costos del Congreso, las legislaturas y los concejos deliberantes. Mi intención es que el tope pase por un porcentaje del presupuesto de cada distrito. En todo el país, el gasto público es de más o menos 80 mil millones de pesos por año, el gasto parlamentario es de unos 2 mil millones. La idea mía es bajarlo a la mitad, que quede en mil millones.
–¿Y bajando el número de legisladores se llega a esa cifra?
–Primero hay que acordarlo y después cada distrito deberá acomodarse. Si nos ponemos a discutir si hay que bajar el número de legisladores, o si hacer una sola Cámara en vez de dos, o recortar gastos por otro lado, no terminamos más. Lo más simple es acordar un criterio común y aplicarlo de inmediato. Luego, que cada provincia decida si prefiere tener menos legisladores mejor pagos o más legisladores menos pagos.
–¿La disminución de legisladores no afectaría la representatividad?
–Es un riesgo con el que hay que tener mucho cuidado. Por eso a mí no me gusta mucho ese tema. Sé que a la gente le gusta decir: “En vez de doscientos legisladores en el Congreso, tengamos sólo cien”. Pero es una solución peligrosa para la democracia porque las minorías perderían representatividad. Es un momento difícil porque la gente está muy enojada con la política, pero al hacer la reforma también tenemos que pensar en el futuro, en una democracia que funcione y sea representativa. No tenemos que desmantelar todo porque tengamos problemas hoy, sería muy peligroso.
–Hay quienes en los partidos chicos piensan que el Gobierno quiere achicar el número de legisladores para que sean todos peronistas.
–Casi todos van a ser peronistas y radicales, lo que sería un error. A lo mejor se puede disminuir la cantidad de los cargos legislativos, no digo que no, pero lo que hay que disminuir es el gasto. Igual, no se puede generalizar. Un tema es hablar de un Concejo Deliberante de un pueblo de mil habitantes y otro muy distinto es el de La Matanza.
–Usted dijo que la reforma política supondría un rebaja de mil millones en un gasto total de 80 mil millones. ¿Lo considera un ahorro significativo o es más que nada un gesto para calmar a la gente?
–Hay un poco de ambas cosas. Hay que tener en claro que con esto no se soluciona el problema argentino, ni el déficit, ni el gasto. Estamos hablando del 1 o del 2 por ciento del gasto total. Igual, desde la política se tienen que dar gestos de austeridad y de eficiencia. Mil millones tampoco es poco: es lo que va a salir este año todo el plan de empleo para los jefes de hogar. Pero, cuidado: no vaya a ser que por exagerar dejemos sin representación a las minorías o tengamos un Estado absolutamente ineficiente y lleno de inútiles.
–¿Esta reforma dejaría sin efecto la que impulsan los senadores peronistas?
–No es una cosa o la otra. Pueden ser complementarias. Ese proyecto requiere una reforma de la Constitución que también se podrá hacer en su momento.

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Gabrielli busca un acuerdo inmediato con los
gobernadores para reducir
“el costo de la democracia”.
 
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