EL PAIS › REYNALDO BIGNONE ESTA ACUSADO POR CRIMENES COMETIDOS EN EL HOSPITAL POSADAS

Otro juicio oral para el dictador

La fiscalía elevó un dictamen donde considera concluida la investigación sobre secuestros y torturas a médicos, enfermeros y empleados del centro de salud de Haedo. Además de Bignone, están acusados el brigadier Hipólito Mariani y otros dos represores.

 Por Irina Hauser

El dictador Reynaldo Bignone está a pocos pasos de enfrentar un juicio oral por secuestros y torturas a médicos, enfermeros y empleados del Hospital Posadas, delitos cometidos desde los primeros días posteriores al golpe de 1976, cuando era delegado de la junta militar en el área de Bienestar Social. El fiscal Federico Delgado elevó un dictamen en el que considera concluida la etapa de investigación que forma parte de la megacausa sobre los crímenes que tuvieron lugar en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército. Junto a Bignone estarán en el banquillo el brigadier Hipólito Mariani, condenado a 25 años de prisión el mes pasado por su papel en el centro clandestino Mansión Seré, y otros dos represores.

Dentro del propio hospital Posadas, ubicado en Haedo, funcionó hasta mediados de enero de 1977 un grupo de tareas al que los empleados llamaban “Swat”, que secuestraba dentro de la propia institución y aplicaba torturas en un centro de detención llamado El Chalet, que era parte de sus instalaciones. El policlínico “fue ocupado militarmente el 28 de marzo de 1976 por decisión del general Bignone” y dos semanas más tarde “la naturaleza de la intervención mutó bajo la dirección del fallecido coronel médico Julio Esteves” –reconstruye Delgado– con la creación de una “fuerza parapolicial” que mediante “listas previamente confeccionadas (...) identificó y detuvo gente ilegalmente”, “registraba domicilios de los empleados” y “aplicó tormentos”.

A partir de la intervención del Posadas, cuatro días después del golpe, fueron ilegalmente detenidas cuarenta personas que trabajaban allí, entre enfermeros, empleados y médicos de diversas especialidades. En su mayoría fueron trasladadas a comisarías, a los penales de Devoto y Olmos y a la Superintendencia de Seguridad Federal. El dictamen de Delgado, elevado ante el juez federal Daniel Rafecas –a cargo de la causa sobre el Primer Cuerpo de Ejército– abarca veintidós casos. Algunos corresponden a detenciones que duraron unas horas, otras se extendieron por días. Seis de las víctimas fueron llevadas a El Chalet, donde “en un pasillo que une dos habitaciones enfrentadas a otras dos de la planta alta de la casa se realizaron las torturas disimuladas con música a un alto volumen”, relata el documento del fiscal, al que accedió Página/12. Jorge Mario Roitman, médico, y Julio César Quiroga, empleado, permanecen desaparecidos.

A Bignone se le imputan “privación de la libertad agravada por el uso de violencia o amenazas” en quince casos. Mariani tenía “poder decisivo” por su posición como jefe de la Primera Brigada Aérea de El Palomar, bajo cuya jurisdicción estuvo entre diciembre de 1976 y diciembre de 1977 el centro clandestino El Chalet. Se le adjudica responsabilidad directa en la detención ilegal de la enfermera Gladys Cuervo. Luis Muiña y Argentino Ríos están señalados como integrantes del grupo de tareas Swat. Ambos fueron identificados por familiares y ex detenidos como secuestradores y torturadores.

Bignone fue detenido en marzo del año pasado en la causa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y ya está embarcado hacia un juicio oral en el expediente sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. En la causa por los hechos del Hospital Posadas también cumple arresto domiciliario –confirmado por la Cámara Federal, con un embargo de un millón de pesos– desde septiembre del año pasado.

El año pasado, cuando fue indagado por el juez Rafecas, Bignone reconoció que dispuso la intervención del Hospital Posadas, donde nombró al coronel médico Agatino Federico Di Benedetto. Su argumento fue que contaba con “informes de inteligencia” que decían que en ese policlínico “se atendía a guerrilleros”. Dijo que hubo detenciones, aunque se hacían –intentó aclarar– para identificar personas y liberarlas rápidamente. Todo lo que hizo –alegó echando mano de un libreto habitual entre los militares– fue en cumplimiento de directivas del poder político previo al golpe: acusó a Isabel Perón, a Carlos Ruckauf y a Italo Luder. Reconoció, de todos modos, que el operativo se hizo “con personal del Ejército” que se reclutó y actuó bajo sus órdenes.

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Bignone fue detenido en marzo del año pasado en la causa por delitos cometidos en Campo de Mayo.
Imagen: Rolando Andrade
 
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