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Un capitán del ejército chileno en actividad y otros cinco oficiales en situación de retiro –entre ellos dos generales– fueron procesados por la jueza Olga Pérez, que conduce la investigación de la muerte de Eugenio Berríos, agente del engranaje de inteligencia pinochetista. Berríos, asesinado en Uruguay por orden de la propia dictadura a la que servía, era un experto en armas químicas y había diseñado el plan de envenenar con gas sarín el agua de Buenos Aires en caso de desatarse un enfrentamiento armado con Argentina por el canal de Beagle. La historia, que este diario reprodujo en su edición de ayer, salió a luz tras una laboriosa reconstrucción que la periodista Mónica González Mujica realizó para el semanario chileno Siete+7.
La medida dispuesta por la jueza no hizo excepciones en la cadena de mandos: inculpó al general retirado Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), por el delito de obstrucción a la Justicia, un cargo que involucra también al capitán en actividad Pablo Rodríguez Márquez y el suboficial retirado Raúl Lillo. El sexto encartado es el general Ernesto Covarrubias, en carácter de encubridor.
Olga Pérez ya había ordenado el arresto preventivo del coronel retirado Jaime Torres Garitúa y del mayor retirado Arturo Silva Valdés, ex custodios del general Augusto Pinochet y considerados los autores materiales del asesinato de Berríos, cuyo cadáver apareció en 1995 en una playa cercana a Montevideo, dentro de una bolsa plástica y con dos orificios de bala.
Berríos había sido ocultado en Montevideo con nombre falso cuando las derivaciones del atentado que costó la vida a Orlando Letelier amenazaron con poner al descubierto la trama del espionaje chileno. Pero Berríos comenzó a intuir que, como en el film “Los Tres Días del Cóndor”, se había convertido en un peligro potencial para el aparato clandestino del que formaba parte. Asustado y paranoico resolvió pedir la protección de la policía uruguaya; sus camaradas de la inteligencia chilena entendieron que había llegado la hora de deshacerse de él.
Según Siete+7, uno de los presuntos socios uruguayos de la operación de “limpieza” del experto en química sería el teniente coronel del ejército Tomás Casella, quien cuatro meses antes de la desaparición de Berríos había viajado a Santiago y en 1993 mantuvo un encuentro secreto con Augusto Pinochet, durante un extraño viaje de éste a Uruguay.
Por su lado, en su última edición la revista montevideana Brecha dedica su nota de tapa al “caso Berríos”. Reproduce la investigación del semanario chileno y asegura que los esfuerzos por el esclarecimiento de los hechos fueron realizados por justicia chilena, en tanto la uruguaya, bajo cuya jurisdicción ocurrieron la desaparición y muerte del agente, se limitó a mantener las actuaciones en el freezer para luego archivarlas. La razón del desinterés, sostiene Brecha, es el intento de “ocultar una vasta estructura que convirtió a Uruguay en santuario de los criminales Cóndor”. “Cóndor” es el nombre del pacto bajo el cual los ejércitos regionales coordinaron las políticas de terrorismo de Estado.