SOCIEDAD › UN FISCAL ACUSO A FEINMANN Y LAJE DE VIOLAR EL SECRETO

Periodistas denunciados por contarlo

 Por Mariana Carbajal

El fiscal federal Oscar Amirante denunció ayer a los periodistas Antonio Laje y Eduardo Feinmann por “violación de secreto sumarial” por “la irresponsable difusión de información” sobre el secuestro del joven Federico Strajman, “mientras se estaban realizando procedimientos” policiales para liberarlo. El juez federal Sergio Torres remitió la denuncia a los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers para que dictaminen si existió delito. Para Eduardo Luis Duhalde, titular de la Cátedra de Derecho a la Información de la UBA, los periodistas no serían culpables, “a menos que se pruebe que robaron la información o la compraron corrompiendo a un funcionario público”. No es la primera vez que Feinmann es investigado por lanzar datos sobre secuestros. En mayo, Torres abrió una causa en su contra por causar psicosis al difundir información sobre un rapto de cuatro chicos que nunca existió.
La denuncia contra Laje y Feinmann quedó radicada en el juzgado federal Nº 12 a cargo del juez Torres, quien pidió a los fiscales Comparatore y Evers que determinen si corresponde abrir la acción penal o si, por el contrario, se pronuncian por su desestimación. “Tenemos que ver si existió delito y quién lo cometió. Los periodistas no tienen por qué saber que había secreto de sumario. Eso lo sabía la fuente. Hay que investigar quién filtró la información en una causa en la que había que tener sumo cuidado, ya que el chico todavía no había aparecido. Con la difusión de la noticia, se corría el riesgo de que fuera asesinado”, comentó una fuente de la fiscalía a Página/12. En principio, los fiscales pidieron el video del programa del jueves de “Después de Hora” (Canal 9), en el cual se difundieron los datos polémicos. Hasta ese momento, el secuestro de Strajman no había trascendido y el joven permanecía en cautiverio.
Para el magistrado Eduardo Luis Duhalde, titular de la Cátedra de Derecho a la Información de la carrera de Comunicación de la UBA, los periodistas no cometieron ningún delito, “a menos que se pruebe que robaron la información o la compraron corrompiendo a un funcionario público”. “No son ellos los custodios del secreto sumarial. En todo caso, habría que preguntarle al juez y al secretario cómo se filtraron los datos. Además, no es el periodista el que tiene que velar por las implicancias que puede llegar a tener una información que él difunda. Transferirle esa responsabilidad es como matar al cartero”, opinó Duhalde. El juez y docente recordó el caso del periodista Xavier Vinader, de la revista española Interviú, que fue condenado en 1981 a 7 años de prisión por “imprudencia temeraria” por la información difundida en un par de artículos. “Ese caso me pareció absurdo”, aclaró Duhalde. Vinader había revelado la existencia de un grupo antiterrorista parapolicial que se reunía en un bar del País Vasco. Después de la publicación de las notas, la ETA asesinó a una de las personas citadas en los textos. “Decir que la muerte de Jesús García García se produce a consecuencia de una denuncia de Interviú es como admitir que la organización a quien se ha atribuido el atentado necesita de nuestros datos para conocer el País Vasco”, alegó la revista, en aquel momento, ante las críticas que arreciaron en su contra.
En la Argentina, hay un antecedente jurídico: en el marco del caso Clutterbak, el periodista Giménez Zapiola de la revista Gente fue absuelto en una causa en la que se lo acusaba de “violación de secreto” por reproducir diálogos entre los secuestradores y la familia.
Esta, no es la primera vez que el periodista Feinmann es investigado en relación a la información que da sobre secuestros. En mayo, dijo, a través de Radio 10, que habían secuestrado a cuatro alumnos de 9 años de un colegio privado de Palermo. A pedido del juez Torres, la comisaría de la zona actuó de oficio –porque no existió denuncia– y realizó un sumario en el que citó a directivos de la escuela y se llegó a la conclusión de que el hecho nunca había existido. Por esa razón, Torres abrió otrainvestigación por posible “intimidación pública” (generar psicosis) a partir de los dichos falsos de Feinmann.

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