[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Los rumores más conspirativos dicen que Julio Alak llegó al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para ayudar a atajar los penales que se le vienen al Gobierno en tribunales y para lidiar con la espinosa corporación policial. Una visión más amplia anuncia que el megaministro tendrá muchas batallas que librar si asume el nuevo papel en toda su complejidad. La agenda ya empezó a marcarla la oposición con ayuda de la familia judicial, que se juega a recuperar poder en el vapuleado Consejo de Magistratura, un organismo que tampoco hizo mérito en su misión de elegir y sancionar a los jueces. Hay otra larga lista de males judiciales-policiales crónicos, algunos olvidados, o que renacen en espasmos según el humor social moldeado por los medios. Empezando, desde luego, por la inseguridad (ahora opacada por la gripe A) y todos los debates nunca saldados que arrastra: la imputabilidad de los menores, las penas y los parches al Código Penal, además de las cárceles penitenciarias superpobladas donde reina el maltrato. Otro gran capítulo es el mundo de las togas. El ex intendente hereda una relación ríspida de su antecesor con la Corte Suprema, cerca de 200 vacantes eternas de jueces, entre ellos cuatro federales porteños y la letanía no resuelta de los juicios de derechos humanos y corrupción.

Poderes en riña

Según reza una teoría, en épocas en que el Poder Ejecutivo no controla al Congreso se dan mayores condiciones para “el liderazgo judicial”. Esto, según el abogado y politólogo Alvaro Herrero, podría explicar el revival de la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, empujado por las corporaciones judiciales más tradicionales en busca del poder que perdieron con la reforma de 2006, que redujo de 20 a 13 los miembros del cuerpo. Con ese achicamiento, el ala política del organismo quedó con mayoría y el kirchnerismo, con capacidad de bloqueo de las votaciones, lo que desató la crítica hasta de las organizaciones civiles más progresistas. El radicalismo ya lo metió en el menú del Parlamento que vendrá.

“La supremacía del poder político en el Consejo hace que la representación no sea equilibrada como exige la Constitución. Esto impacta en el funcionamiento y es prioritario cambiarlo”, dice Herrero, que es director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles. Desde el Observatorio del Poder Judicial, que monitorea al Consejo, María Julia Pérez Tort enumera: “Los políticos hacen y deshacen en connivencia con los demás (jueces, abogados y un académico). Se vislumbran manipulaciones tanto a la hora de elegir un juez como de juzgar a otro. En estos años no se desburocratizó ni se agilizó nada”.

Pérez Tort dedica horas a seguir las sesiones de los consejeros y señala que entre los 159 expedientes de acusación contra jueces, hay varios guardados desde el año 2003, “con el condicionamiento que eso implica para los magistrados investigados”. La falta de independencia es también un riesgo para los secretarios que subrogan juzgados vacantes para los que a su vez concursan. El número de cargos a ocupar es similar al que encontró Aníbal Fernández cuando asumió en la cartera judicial un año y medio atrás: hay al menos 139 concursos en trámite y 48 pliegos esperando acuerdo del Senado. El Observatorio –que también integran el ex consejero Beinusz Szmukler y el ex fiscal anticorrupción José Massoni– ya hizo varios reclamos.

Desde otro wing, la Asociación de Magistrados lleva días anunciando que presentará un proyecto de reforma. “Vamos a pedir por lo menos un juez más, un abogado y un académico, y que el Consejo vuelva a ser presidido por el titular de la Corte Suprema. Los legisladores no hacen bien su trabajo porque están en dos funciones a la vez y el oficialismo tiene una conducta poco democrática”, advierte Ricardo Recondo, titular de la entidad. Para este camarista las fallas de la Justicia en general son por falta de plata. “Para que al menos la Corte diseñe una política judicial hay que tener fondos y autarquía financiera. Sin eso, no se puede”, protesta.

Algo similar suele recriminar el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Este santafesino nunca logró entenderse –pese a su obsesión por el consenso– con Aníbal Fernández. En un gesto de hartazgo, en una acordada que el tribunal firmó el año pasado con medidas para acelerar los juicios por crímenes de lesa humanidad, Sus Señorías dejaron en claro que llevaban varios meses pidiéndole al ministro que habilitara recursos y el nombramiento de más jueces para crear nuevos tribunales, pero que nunca contestó. Al parecer, la presidenta Cristina Kirchner le encomendó al flamante Alak que mejore el diálogo con el tribunal supremo y con la casta judicial en general. El se ha mostrado como un soldado de la causa K con habilidades políticas que, dice la vieja guardia de la cartera judicial, lo podrían ayudar.

Juicios eternos

Por donde se la mire, la Justicia penal abunda en escollos. Para las causas contra represores “todavía no hay una política coordinada”, advierte Herrero. El último informe de la Procuración General de la Nación contabiliza 41 condenas y 556 procesados en veremos. “En el propio Ministerio de Justicia existe el Programa Verdad y Justicia que se supone que debía hacerse cargo de la coordinación y remisión de todos los recursos necesarios para los juicios, pero nunca cumplió el objetivo y sus funciones se confundían con la Secretaría de Derechos Humanos. Habrá que ver si la nueva gestión decide fortalecerla”, agrega Andrea Pochak, directora ejecutiva adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, reitera un histórico reclamo de las ONG del ámbito judicial: “La reforma del sistema federal, que permita investigar ágilmente los casos de corrupción y una ley para recuperar el dinero robado para reparar el daño social producido”. El Cipce hace tiempo puso al descubierto que los juicios de este tipo llegan a durar 14 años. Pochak agrega: “Durante los últimos años no hubo política judicial, sólo iniciativas ocasionales que se abandonan, como pasó con los códigos Penal y Procesal”. Durante el kirchnerismo se reunieron comisiones de notables que escribieron detallados proyectos de modificación de ambos códigos que al final quedaron en nada. Con ellos, quedaron colgadas también la discusión sobre la tenencia de droga para consumo personal (pese a la insistencia de Fernández), la legalización del aborto, la proporcionalidad entre las penas y otras tantas cuestiones. Biscay recuerda que “tampoco existe aún un sistema fortalecido de protección de testigos, lo que desincentiva las denuncias”.

El círculo del delito

Con el asesinato del ingeniero Barrenechea, el año pasado, creció una campaña que sindica a los menores de edad como los grandes culpables de la inseguridad y que pedía mandarlos a la cárcel desde bien chiquitos y mano dura para todo el mundo. Un fallo posterior de la Corte propició la discusión de un régimen penal juvenil, que ya acumula una década de dilaciones. Para los supremos, los menores de edad son encerrados sin más en institutos y no gozan de las condiciones y garantías para ser juzgados debidamente. El debate parlamentario sigue a la espera.

“Como se vio en la provincia de Buenos Aires (tras el episodio del ingeniero), las salidas fueron políticas represivas que no hacen más que mandar gente a las cárceles, que a su vez no ofrecen formas de reinserción y recuperación para los detenidos, que salen peor de lo que llegaron”, explica Herrero. Pochak recuerda que el Ministerio de Justicia está a cargo del Servicio Penitenciario Federal “que se encuentra colapsado” y se multiplican las denuncias de “tortura y violencia” a los internos, mientras el abuso de la prisión preventiva sigue a la orden del día. “Una política de seguridad debe contemplar el control sobre las fuerzas. Es una pésima política darle manos libres a la policía. Hace falta una política integral y no soluciones espasmódicas”, añade. Por ahora, en la cartera de Alak no se vislumbran cambios en las cúpulas de las fuerzas de seguridad. No sería extraño (según la teoría del creciente “liderazgo” de los jueces) que, si la nueva gestión política no ataja el paquete de asuntos judiciales pendientes sea la Corte la que empiece a marcar la cancha. Sobre la legitimidad del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, tienen un fallo pendiente.