Si algo veníamos advirtiendo respecto del armado de la Policía Metropolitana desde la sanción de la ley que la creara, y el enfoque por parte del gobierno de Macri de la problemática de la seguridad, es un tríptico de situaciones capaces, no sólo de malograr iniciativas al respecto, necesarias frente a una demanda insoslayable sino, también, de preanunciar un final de la historia poco feliz.

La improvisación en la gestión; la puja por el poder en la futura policía, de espaldas a la sociedad, y el error de análisis sobre el problema (¿ingenuo o intencionado?) se combinan en un cóctel carente de respuestas y peligroso.

Si bien el disparador por estos días, que abrirá el cuestionamiento a Macri sobre su política de seguridad, será el controvertido nombramiento cuatro días después de los comicios del ex comisario federal Jorge “Fino” Palacios, el mismo se conjuga, con la reiterada declaración de su ministro Montenegro en la que expresa que los 750 nuevos policías que la ciudad tendría hacia fin de año (ya se ha postergado este lanzamiento en reiteradas oportunidades) “trabajarán en lo que refiere al tránsito en zonas complejas como asentamientos o villas precarias, y... en cuestiones como desalojos”.

Es cierto que nos ha sido difícil vislumbrar durante la reciente campaña electoral las propuestas que tenían los candidatos (Michetti a la cabeza), y el gobierno del PRO en materia de seguridad ciudadana, pero por lo menos la puesta sobre la mesa de discusión de algunas de estas ideas, que alternan entre la “mala fotocopia” de una fracasada fuerza policial y la dubitativa planificación que se queda en el cuidado del tránsito y la intervención en desalojos, habrían desnudado lo lejos que están las mismas de las expectativas que el ciudadano de Buenos Aires tiene respecto de las políticas de seguridad a adoptar por un Estado presente.

El nombramiento del Fino Palacios, sin dejar de preocupar, forma parte de un entramado de pelea por los espacios de poder, que la nueva policía abre. En este caso, la posibilidad histórica y fundacional de armar una fuerza policial lejana de los viejos paradigmas de sus antecedentes locales, integrada al poder político civil, eficiente y de cercanía barrial será de antemano abortada.

Pero, al mismo tiempo, la incapacidad para generar herramientas que la acompañen en la prevención del delito, el menosprecio del análisis científico de la información para combatirlo, y el definitivo archivo de la participación y el control ciudadano, en las políticas de seguridad llevadas a cabo por el gobierno de Macri, profundizan aún más el problema, y el acierto en las respuestas complejas y adecuadas para un problema complejo resulta una quimera.

Será difícil llevarlo a cabo con esta policía que se está creando, pero la agenda que deberá restaurarse en materia de seguridad en la ciudad de Buenos Aires deberá incluir, de manera más seria y sostenida, el control del espacio público, la prevención del delito, el fortalecimiento de la Justicia, la promoción de la inclusión social, sin que todo esto sea vaciado de contenido y tapado por los nombres propios que hoy nos avergüenzan.

* Legislador porteño, bloque Espacio Plural.