Por una gran ley

Por Fernando “Pino” Solanas*

Es un hecho trascendente para la democracia argentina que después de varias décadas pueda legislarse una norma en reemplazo de la Ley de Radiodifusión de la dictadura (Nº 22.285) que exprese los anhelos democráticos de los ciudadanos. A los cuatro diputados de Proyecto Sur que asumiremos el 10 de diciembre nos hubiera gustado debatirla entonces, pero fuimos de las primeras voces que defendimos su tratamiento ahora porque postergarla podría ser una nueva trampa para no hacerlo jamás. Quienes desde los años ’90 hemos presentado proyectos de ley, incorporado a la Constitución nacional la cláusula de protección del espacio audiovisual (art. 75 inc. 19) e hicimos nuestros los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, con la misma contundencia con que defendemos los objetivos de la ley, decimos que se puede mejorar aún más. Saludamos la decisión de la Presidenta de excluir a las telefónicas del negocio de la radio y televisión. Corregir errores no es debilidad, sino una señal de sensatez política. Una ley de leyes que debe delinear una política de Estado para que sirva a todos los ciudadanos de cualquier condición o tendencia, gobierne quien gobierne, debe tratarse con los tiempos que exija un amplio y profundo debate: ni fórmulas “express” ni dilatarlo sin motivo: la calidad de la democracia dependerá en buena medida de la futura ley. El nuevo anteproyecto de 150 páginas fue difundido este martes 15 a las 14, ¡con la pretensión de sacar dictamen por la noche y votarlo al día siguiente! Por cierto, escribo estas líneas sin que lo hayamos podido analizar.

Para Proyecto Sur, la propuesta oficial expresa valores y objetivos por los que hemos venido luchando, pero incluye cláusulas que colisionan con ellos. Hemos planteado más de 20 objeciones, en particular a los artículos 10, 25, 40, 80, 110, 152 y otros más. Lo grave es que algunos de ellos –como la pretendida inclusión de las telefónicas– lesionaban los objetivos de evitar concentraciones monopólicas. Frente a nuestra crítica, oíamos resabios de la cultura de la derrota y la resignación: “lo mejor es enemigo de lo bueno”, “o apoyamos la ley así o se cae”, “tiene errores, pero es mejor que la de la dictadura”. Una política víctima del apriete y el chantaje a los que el kirchnerismo es adicto y que ha sido contestada por sectores políticos y sociales que no están dispuestos a dejarse arrastrar por el no se puede. Hubiera sido una gran derrota ceder a la presión de quienes hasta ayer planteaban como inevitable el ingreso de las telefónicas y permitían el desembarco del magnate mexicano Carlos Slim de la mano de Eduardo Eurnekian, para comprar las acciones de Telecom. Buen testimonio del vaciamiento de la conciencia nacional es la falta de una propuesta de reconstrucción de la telefonía nacional, comprando Telecom: en la era de la revolución comunicacional y las autopistas informáticas, es una cuestión estratégica la construcción de un nuevo modelo de empresa telefónica pública en función de objetivos nacionales. Argentina está en condiciones de afrontar el desarrollo de ciencias y tecnologías de avanzada en teleinformática: contamos con organismos de investigación –INTI, Invap, CNEA, Conae, Conicet, las universidades nacionales, la Tecnológica Nacional, entre otros– y con el talento de miles de investigadores y universitarios preparados para afrontar ese desafío.

Una de las contradicciones del proyecto oficial es definir al espacio radioeléctrico sólo como de interés público, cuando es de dominio público. En ese espíritu, las autopistas informáticas y la multiplicación de las frecuencias deben ser del Estado y no pueden existir controversias sobre su propiedad. Los servicios de comunicación realizados mediante el uso del espacio radioeléctrico o por medio de vínculo físico constituyen un servicio público. Otra falencia se refiere a la participación del capital extranjero: si el Gobierno no denuncia los 52 tratados de Reciprocidad de Inversiones Extranjeras, cualquier empresa de esos países radicada en Argentina deberá ser tratada como nacional. La realidad es que, aunque exista reciprocidad, el capital nacional no está en condiciones de invertir en canales y radios americanas, japonesas o europeas. Sin denunciar los 52 tratados continuará el proceso de extranjerización de nuestro espacio audiovisual, como ha sucedido con Telefé y Radio Continental. Otro tema fundamental que debe defenderse es la autonomía de la autoridad de aplicación. En los próximos años se multiplicarán por veinte las frecuencias. Hace décadas que luchamos por un ente regulador y una “Radio, Televisión Argentina” que sean organismos autónomos, de carácter federal, con control parlamentario, capaces de neutralizar los sobornos o las presiones políticas y económicas. Las identidades y creaciones culturales definen y proyectan a las naciones. La cultura es memoria, lengua y gesto; su riqueza está en la diversidad que nace y se desarrolla en diferentes regiones. Las redes televisivas, las emisiones satelitales y la globalización de las comunicaciones uniforman contenidos y lenguajes y los pueblos van perdiendo su historia. Hoy como nunca deben protegerse las cuotas de producción propias, de imágenes, músicas y programas regionales. ¿No es ésta la ocasión de intentar unidos defender con firmeza la esencia democrática de una gran ley que incorpore las propuestas y anhelos por los que venimos luchando?

La ceguera

Aprovecho la ocasión para responder la carta de Mempo Giardinelli, a quien valoro y respeto por su talentosa obra y compromiso. Agradezco que reconozca que Proyecto Sur tiene razón en casi todo lo que dice en la tele. No obstante, Mempo considera una exageración comparar al kirchnerismo con el menemato: sin desconocer los méritos que señala, nadie puede ignorar la continuidad de la disposición a hacer negocios privados con bienes públicos, ni la entrega irresponsable de nuestros recursos naturales en detrimento de recuperar esas rentas extraordinarias para un proyecto nacional socialmente justo. Si se logró quitar del proyecto la inclusión de las telefónicas, no es por mérito de quienes desde el Gobierno o desde fuera callaron sus críticas, sino de aquellos que las hicimos públicas desde el primer momento. La política de la firmeza, coherencia y principios no se debe confundir con la ceguera y termina dando frutos. Esta ceguera que cordialmente se nos atribuye demostró el 28 de junio, en la ciudad de Buenos Aires, que es posible frenar ese “avance de toro furioso de una derecha conservadora”. Lejos de la ceguera, vimos a un pueblo esperando una propuesta que le explicara cómo reconstruir el país. Aprovechando los espacios de difusión para llegar a todas las audiencias y sin bajar nuestras propuestas, planteamos en la agenda política los temas prohibidos y los ejes de un proyecto nacional emancipador. Mal no nos fue: con nuestro 24 por ciento de votos golpeamos los proyectos presidenciales de Macri y Carrió y las pretensiones del kirchnerismo de liderar el espacio progresista de la Capital. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿No sería necesario impulsar fraternalmente un debate público sobre los temas que planteas? Un saludo afectuoso.

* Diputado nacional electo por Proyecto Sur.

Un paso histórico

Por Carlos Heller*

Detrás de la difusión (des)informativa de los grandes medios de comunicación y las alicaídas movilizaciones promovidas por las patronales del campo, lo que está en disputa es la lucha en torno de cuál será el modelo de Argentina resultante a partir de la eclosión del neoliberalismo criollo en diciembre de 2001 y del rumbo iniciado en el 2003. Un análisis serio de la coyuntura no puede soslayar quiénes son los contendientes en pugna, y los proyectos que encarnan. De un lado, los que bregan por la superación democratizadora de las herencias neoliberales. Del otro, quienes impulsan la restauración neoliberal-conservadora. El rumbo iniciado en el 2003 abrió caminos de cambios. En ese marco se inscribe la política exterior de unidad latinoamericana, la iniciativa de verdad, memoria y justicia sobre los crímenes de la dictadura; un modelo productivo; la renacionalización del sistema de jubilaciones y de Aerolíneas. Sin embargo, pueden señalarse dos cuestiones que exigen una pronta reformulación. La primera nos remite a la profundización y extensión de las medidas orientadas a un modelo basado en la justicia social. La segunda evoca a los sujetos colectivos que deben sustentar este proceso. Una asignatura pendiente, que no atañe sólo al oficialismo sino al conjunto del campo popular. Se trata de la construcción de la fuerza social y política que sostenga y asuma la conflictividad emergente, producto de políticas de mayor radicalidad transformadora. La vieja y nueva derecha viene demostrando una ostensible incapacidad de construir alternativas. En este marco se viene desarrollando la disputa en torno de la nueva ley de medios. El anteproyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional refleja un fértil y extendido proceso de debates en el seno del Congreso nacional. La larga lista de organizaciones y personalidades que apoyan esta iniciativa parlamentaria, la Central de Trabajadores Argentinos, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Federación de Trabajadores de Prensa, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina –entre muchas otras entidades– expresa con claridad cuál es el sustento social de esta propuesta. El relevamiento de quienes se oponen bajo los más curiosos argumentos también permite entrever cuáles son los ejes conductores de esta disputa. Los grandes medios han emprendido una cruzada brutal a través de una gran campaña de desinformación pública, y las organizaciones ligadas a los medios privados han sido un coro interesado en cuestionar una iniciativa que constituye una asignatura pendiente de la democracia. Nosotros venimos insistiendo en que es indispensable que las organizaciones políticas y sociales progresistas y de izquierda y sus referentes principales tengan claridad sobre el eje central de la disputa y no se reiteren los equívocos que, en el conflicto con las entidades patronales agrarias, llevaron a sectores que por historia pertenecen al campo popular a coincidir con dichos intereses. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es, sin duda, perfectible, y el debate que se está realizando así lo demuestra. Compartimos algunas sugerencias que van en dirección a profundizar la dirección democratizadora de la nueva norma y nos alegramos profundamente que a través del diálogo entre el Gobierno y las fuerzas progresistas se encaucen las modificaciones para la sanción de una nueva ley. Estamos a punto de dar un paso histórico, no sólo para ser celebrado por el oficialismo sino por todos los que comprendemos el sentido estratégico que tienen los medios de comunicación para sostener u obstaculizar procesos de transformación profunda en lo económico, en lo político y en lo social. La derecha trata de presentar las modificaciones que las fuerzas progresistas impulsan, y la aceptación por parte del Gobierno, como un rasgo de debilidad. En realidad con esta lectura enmascaran su gran temor a la nueva fortaleza potencial que se abre en el horizonte: la de articular la unidad y diversidad necesaria para las batallas que se avecinan, como la nueva Ley de Entidades Financieras, la profundización del proceso de redistribución de la riqueza, la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, la reforma política y la lucha contra la corrupción.

* Diputado electo por Capital. Partido Solidario.