EL PAíS › LAS LISTAS DE PERSONAS SECUESTRADAS POR LA DICTADURA HALLADAS EN TUCUMáN

El represor que no reconocía su letra

Roberto Albornoz había negado que fuera suya la firma que aparecía en los documentos que detallaban las víctimas de la Jefatura de Policía tucumana. Los peritos de Gendarmería confirmaron que “todas las muestras” corresponden a su puño y letra.

 Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

El Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán (TOF) ordenó realizar una serie de pericias caligráficas sobre las firmas del represor Roberto Heriberto “el Tuerto” Albornoz, ya que, en un intento de deslindar su responsabilidad dentro del centro clandestino “Jefatura de Policía”, sostuvo frente a los jueces que las firmas de los documentos secretos difundidos por el testigo Juan Carlos “el Perro” Clemente no eran suyas. También había declarado que en el caso de que se tratara de su firma, “al sello se lo pusieron después de que las firmé”. Los peritos de Gendarmería Nacional con asiento en la provincia concluyeron que “todas las muestras” corresponden a la rúbrica del represor, quien está acusado junto con el dictador Luciano Benjamín Menéndez y los ex policías Luis y Carlos De Cándido por la muerte y la desaparición de 22 personas en el centro clandestino tucumano durante la dictadura.

La decisión de los magistrados de pedir una pericia caligráfica se produjo luego de que el represor Albornoz –quien durante la dictadura militar no sólo fue jefe del Departamento de Inteligencia Policial (D2) sino que también estuvo a cargo del Servicio de Información Confidencial (SIC)– sostuvo que él era “un perejil de cuarta” que “no manejaba nada dentro de la ex Jefatura. Todo estaba a cargo del Ejército”, había dicho, según publicó este diario.

Más allá de la estrategia de Albornoz y su abogado Exequiel Avila Gallo, ya no hay dudas de que las firmas que aparecen en la documentación histórica de la ex Jefatura de Policía le pertenecen a su puño y letra. Esta fue la conclusión de la pericia que ordenó el Tribunal Oral Federal sobre la rúbrica del imputado, quien figura en esas páginas amarillas como jefe del Departamento Inteligencia (D2) durante los años ’76 y ’77.

En su declaración, Albornoz había negado haber sido jefe del D2, cuando el fiscal federal Alfredo Terraf se refirió justamente a la documentación en la que figura que ocupó ese cargo. “Me da la impresión de que esos sellos los colocaron después de mi firma”, dijo sin ponerse colorado. Esta actitud provocó la reacción de familiares de desaparecidos presentes en la sala de audiencias, en el marco del juicio que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en ese ex centro clandestino de detención.

En esas listas, el Tuerto Albornoz también figura como jefe de Servicios Confidenciales (SIC), que tenía a cargo un grupo llamado por varios testigos como “la patota” que se encargaba de los operativos de secuestros y tortura. El imputado también lo negó y hasta llegó a decir que de manera “ficticia” y por “una maniobra” interna lo pusieron en ese cargo.

Las pericias, que fueron realizadas por Sergio Ibarrola Alferez (jefe del Grupo Policía del Escuadrón 55 Tucumán), también se hicieron sobre la firma del ex policía Luis De Cándido, que aparece en una sola foja de la documentación histórica, pero en este caso tuvieron resultado negativo. Estas pericias se realizaron comparando las firmas que figuran las fojas de la documentación histórica con las registradas recientemente por el Tribunal Oral Federal.

Se trata de las rúbricas que aparecen en las listas que revelan los nombres de 293 detenidos que estuvieron en la ex Jefatura y los informes policiales y militares que circulaban como parte de un plan sistemático de represión, y que fueron entregadas el mes pasado por el testigo Juan Carlos “el Perro” Clemente. Este aseguró que pudo acceder a ellas porque cumplía tareas en una oficina de archivos de la ex Jefatura y las escondió cuando a fines de 1977 se desmanteló el lugar. Detalló que las mantuvo en secreto, escondidas entre los escombros de una cama de ladrillos que fabricó en su casa.

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En las listas figuran 293 víctimas. Menéndez está acusado por 22 desapariciones en Jefatura.
 
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