Los legisladores del Frente para la Victoria que integran la Comisión de Acuerdos del Senado no avalarán el nombramiento como juez federal de Tucumán del abogado Juan Carlos Nacul, cuyo pliego fue impugnado por organismos de derechos humanos de Jujuy por su actuación como funcionario del dictador tucumano Antonio Domingo Bussi durante la última dictadura, como ex asesor del partido del ahora condenado ex militar en la Legislatura provincial, y por su defensa en una causa penal del represor Mario “Malevo” Ferreyra. Los representantes del radicalismo, en cambio, informaron a Página/12 que escucharán mañana el descargo oral del abogado –quien ayer hizo su presentación por escrito– para analizar sus posiciones antes de resolver.

Hijos Jujuy, junto con Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de la provincia, impugnaron el pliego de Nacul, uno de los 92 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales. Hijos señaló su “profunda preocupación” por los “peligrosos antecedentes profesionales” del abogado, recordó que Nacul fue funcionario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán durante la dictadura, asesor del bloque de Fuerza Republicana en la Legislatura provincial entre 1996 y 1999 y también abogado del Malevo Ferreyra, que participó del Operativo Independencia en 1975, fue denunciado por su actuación en secuestros y desapariciones y se suicidó en el mismo momento que iba a ser detenido por su actuación durante la dictadura.

Nacul se defendió por escrito ante las impugnaciones. Explicó que no fue funcionario, sino empleado del Departamento de Gestión y Mora de la Caja de Ahorro, donde le tocó actuar en juicios contra ex empleados públicos que no lograban pagar sus créditos. A la Legislatura dijo haber entrado en 1987 como asesor ad honorem de la presidencia, en manos del justicialismo, no del bussismo, y que fue el destino y no la convicción militante la que derivó en que terminara trabajando para Fuerza Republicana.

Sobre el Malevo Ferreyra, explicó que lo defendió en un juicio que no tenía relación con delitos de lesa humanidad y con el único fin de garantizarle un juicio justo; aclaró que nunca fue bussista, sino peronista, que no gestionó la reducción de la condena a cadena perpetua, sino que correspondía legalmente, y negó haberle dado empleo a Ferreyra para facilitarle sus salidas laborales de la cárcel. Nacul también destacó que como fiscal subrogante de Santiago del Estero, en 2008, impulsó la acción penal contra un grupo de altos mandos del Tercer Cuerpo de Ejército entre quienes estaba Bussi, y que también se negó a defenderlo como abogado cuando un defensor oficial se negó.

La decisión del Frente para la Victoria se adoptó ayer durante la reunión de bloque, y fue impulsada entre otros por Marcelo Guinle, Daniel Filmus, Miguel Pichetto y Marcelo Fuentes. Los radicales esperarán hasta mañana.