EL PAIS › ANTICIPO DEL LIBRO LAS VIAS DE LA ACCION DIRECTA, DE VERONICA PEREZ Y JULIAN REBON

El conflicto en el espacio público

Desde fines de los ’90 se multiplicaron las protestas en calles y rutas, primero como expresión del malestar social y luego como muestra de disconformidades sectoriales. El libro de Pérez y Rebón, publicado por Aurelia Rivera, aporta nuevos elementos para comprender el fenómeno.

 Por Verónica Pérez y Julián Rebón *

En la última década de la historia argentina la acción directa fue una característica saliente del conflicto social. De expresión del intenso malestar social durante la crisis abierta a fines de 2001 a manifestación de heterogéneas disconformidades y aprovechamiento de oportunidades en los años recientes, la acción directa impregnó nuestro espacio público.

Durante la crisis general del ordenamiento social que signó el inicio del siglo XXI argentino, la acción directa fue una de las manifestaciones del profundo malestar social, en el campo de la acción colectiva. Dicha crisis, expresión del agotamiento del patrón político, económico y social resultante de la reestructuración capitalista regresiva de los años ’90, representó una fuerte situación de tensión estructural originada en un inusitado y creciente proceso de privación material y pérdida de referencias simbólicas que afectaron a distintos sectores de la estructura social. La práctica de la utopía de los mercados autorregulados y los procesos expropiatorios que la viabilizaron tuvieron como resultado exclusión social y sobreexplotación en el campo de las clases trabajadoras. Pero la reestructuración regresiva y su crisis no sólo fueron un problema para el campo de los trabajadores, la dislocación social marcó también a sectores de prácticamente toda la estructura social. La tensión emergente de privaciones de diverso carácter, y su relación con la historia de las distintas identidades sociales, se correspondió con un período de intensa pérdida de confianza en las instituciones y en las formas de reclamo provistas por éstas. Si el vínculo entre privación relativa y formas institucionales de procesamiento de las disconformidades resultantes de la misma es el que nos permite entender el desarrollo de la acción directa, es en el debilitamiento de los mecanismos de control social producto de la crisis política donde encontramos los medios y apoyos para su difusión.

El desenvolvimiento de la acción directa formó parte de los procesos de autonomización de los espacios de innovación política y social protagonizados por diferentes personificaciones sociales que pusieron en crisis su subordinación con heteronomías políticas y sociales preexistentes. La reproducción y defensa de la propia identidad social fueron para muchos una tarea indelegable que no aceptaba los límites y normas preestablecidos como disciplinamiento para su realización. En un período signado por la desobediencia a la autoridad y la autorrepresentación, el desborde y la autoexclusión de la institucionalidad no se limitaron sólo a los medios de acción empleados. En muchos casos dicha exclusión se extendería a la forma de resolución de las demandas planteadas. En estos casos, la misma forma de lucha procuraba resolver el problema de manera autónoma sin apelar al reconocimiento por la institucionalidad dominante. Aun así, corresponde señalar que fue un período más marcado por la autonomía que por el antagonismo, por lo destituyente que por lo instituyente, por la movilización generalizada que por la polarización.

Paulatinamente, aunque con cierto retraso en relación con la recuperación económica, el cierre de la crisis fue transformando las formas del conflicto. A partir de 2003 comenzó a abrirse una nueva etapa caracterizada por un proceso de recuperación económica y de recomposición política. La descomposición del anterior patrón de acumulación abrió espacio a una situación de disputa en la cual la expansión productiva ganó relevancia frente a la valorización financiera y, dentro de ella, la industria y el agro incrementaron su peso frente al sector de servicios. En el campo político se consolidó una nueva alianza social en el gobierno del Estado nacional que produjo rupturas políticas y económico-sociales significativas respecto de los gobiernos de la década anterior. Nos referimos a los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Esta alianza reconstituyó el orden político y social prestando particular atención al clima de movilización y de malestar previo, retomando selectivamente parte de la agenda de las luchas sociales del período anterior. Los cambios introducidos por las medidas del nuevo gobierno, aun sin lograr revertir plenamente el retroceso social y económico consolidado que dejó como legado la década del ’90, lograron marcar una ruptura en las tendencias, mejorando las condiciones de vida y trabajo de amplios sectores sociales. Estas transformaciones fueron planteando un conjunto de confrontaciones progresivas, cuyas dinámicas recrearon el espacio de la política, configurando nuevos márgenes de autonomía relativa frente a los sectores más concentrados de la clase dominante y de los centros de poder internacional; promoviendo, con relación a la década previa, una mayor integración parcial de intereses de las clases subalternas a la política de gobierno.

El cambio de época representó también una disminución de la acción directa. No obstante, ésta se encuentra lejos de haber dejado de ser un atributo distintivo del conflicto social de la Argentina “poscrisis”. ¿A qué se debe esta persistencia y recurrencia en distintos espacios sociales? En nuestra hipótesis diversos elementos deben ser tenidos en cuenta:

a) La difusión e instalación de la acción directa en sus diversas formas como modo de reclamo en la cultura de lucha de la población durante el período de la crisis. Repertorios de acción asociados a la acción directa tienden a ser conocidos y valorados –más en su eficacia que en su forma– para enfrentar ciertas situaciones consideradas injustas; en general, cuando se superan ciertos umbrales de tensión.

b) La persistencia de una legitimidad relativamente baja de diversas instituciones.

c) Un cambio en la política represiva del gobierno nacional, respecto de la década anterior, tendiente a una limitación del uso de la fuerza con especial atención a su costo humano y político. Cabe aclarar que esta política no siempre se desarrolla, y mucho menos se prolonga a otras jurisdicciones. La misma no ha implicado el fin de las muertes en el campo del conflicto social, mucho menos de la judicialización de las acciones de los luchadores sociales.

d) La predisposición por parte de los medios de comunicación a otorgar mayor difusión a la acción directa que a otros tipos de reclamo, lo cual fortalece su carácter performativo.

En relación con sus características, de modo sintético y en términos generales, a diferencia de la etapa anterior, la acción directa que pretende realizar sus metas completamente por fuera del entramado institucional tiende a desaparecer, limitándose ésta a un medio de acumulación de fuerzas para obtener resoluciones institucionales favorables o simplemente expresar la disconformidad con una situación. Otra característica relevante de la acción directa en el período poscrisis es que su carácter social es diverso. Como es habitual, son aquellos con menos poder social e institucional quienes encuentran en esta modalidad de acción una forma de potenciar sus demandas o la expresión de su disconformidad, debido a que las tácticas disruptivas suelen otorgar mayor eficacia cuando se carece de recursos para usar los canales formales. No obstante, durante el período emergen con fuerte intensidad también formas de acción directa vinculadas con las clases dominantes. Precisamente, al igual que en otros países de la región, el retroceso político-institucional de sectores de las clases dominantes condujo a la emergencia de procesos de movilización basados en la acción directa de masas –cortes de vías de tránsito y escraches, por ejemplo– en procura de la defensa de sus intereses. El denominado “conflicto del campo” es el ejemplo emblemático en esta dirección, marcado por un nuevo proceso de politización y movilización fundado en un malestar político y con características más destituyentes que instituyentes. No obstante, entre otras diferencias en relación con el proceso de principios de siglo, en este caso estuvo signado por el antagonismo y la polarización. Más allá de este conflicto, el período poscrisis se caracteriza por un cambio progresivo de las expectativas sociales que constituye un marco favorable a la emergencia de nuevos reclamos, donde la acción directa se encuentra más originada en disconformidades –tensiones focalizadas– que en malestares –tensiones difusas–, y en el campo de los sectores populares asume, en muchas ocasiones, particularidades que desplazan su carácter defensivo previo y le otorgan una orientación que procura ampliar el horizonte del cambio social (...)

En la actualidad, la acción directa es objeto de debate público y de cuestionamiento, especialmente en su uso por los sectores populares. Su crítica no deviene solamente de aquellas fuerzas regresivas, que clásicamente confunden autonomización en el campo de la confrontación con anarquía, caos y particularismo. Implica incluso a fuerzas que han tenido la capacidad de entender su especificidad en el pasado cercano. El acoso sobre estas formas de acción y su estigmatización no puede ser respondido y discutido a partir de una reificación positiva enceguecida por las cámaras televisivas. Esperamos aportar elementos al debate, a esta confrontación teórica significativa en sus consecuencias para las luchas de los oprimidos.

* Investigadores de la UBA y el Conicet; Rebón es director del Instituto Gino Germani (Ciencias Sociales-UBA).

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Imagen: Bernardino Avila
 
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