EL PAíS › DECLARARON EX OBREROS DE LA MINA EL AGUILAR EN EL JUICIO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Otra complicidad empresarial en Jujuy

“La compañía nos entregó”, acusó un testigo. “Es vergonzoso pero real. Gendarmería era mantenida por esa empresa extranjera, que le daba comida, autos y combustible gratis”, agregó otro. Veintisiete mineros fueron secuestrados entre el 24 y el 26 de marzo de 1976.

 Por Ailín Bullentini

Desde San Salvador de Jujuy

Voces distintas. Diferentes tonos del blanco que cubre las cabelleras cuando las canas ganan espacio. Una misma historia: siete ex obreros de la mina El Aguilar, el faro económico alrededor del que giró la vida de varios pueblos del departamento jujeño de Humahuaca, contaron ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy cómo entre el 24 y el 26 de marzo de 1976 un grupo de gendarmes a bordo de camionetas de la empresa los arrancó de sus casas y los paseó por varias destacamentos, regimientos y comisarías hasta terminar en el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy. “Nos trataron de subversivos, de montoneros, de porquerías que no merecíamos estar en esa ‘compañía modelo’”, recordó uno de ellos, Efraín Guzmán. Algunos de ellos fueron liberados a los pocos meses. Otros, como Guzmán, fueron trasladados en un helicóptero, amenazas y simulacros de fusilamientos mediante, a la Unidad 9 de La Plata, en donde continuaron encerrados hasta el comienzo de 1977. El dirigente minero y ex funcionario de la capital de Jujuy Avelino Bazán también salió con vida de esa cárcel bonaerense, pero luego volvió a ser secuestrado y hoy es el único, de las 27 víctimas de la causa que lleva su nombre y que integra el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en esta provincia, que permanece desaparecido.

La jornada de ayer fue la octava del juicio oral que se lleva adelante en el Juzgado Federal Electoral de la capital jujeña y la primera vinculada con el secuestro de 27 ex mineros que cumplían o habían cumplido algún tipo de función dentro del Sindicato Obrero Mina Aguilar. Antonio Vargas, el ex interventor del servicio penitenciario de Villa Gorriti y el único acusado por esos casos, jugó a hacerse el enfermo desde una cama en el penal de Ezeiza, en donde miró toda la audiencia vía teleconferencia y hasta se dio el lujo de hacer gestos cuando los testigos hablaron frente al tribunal.

El teniente retirado Mariano Braga, otro imputado, presenció las casi ocho horas de testimonios con sus ya típicos lentes oscuros y la bufanda cuadrillé con la que se cubre su famosa cicatriz. Su colega José Bulgheroni no estuvo presente.

El caso más importante de esta causa es el secuestro de Bazán, un dirigente gremial que llegó a ser diputado provincial y director de Trabajo de San Salvador (ver aparte). Su presencia y militancia por la “causa obrera” como se mencionó ayer frente al tribunal fue uno de los puntos en común entre los testimonios de Guzmán, que fue quien inauguró la audiencia, y el del resto de los testigos de la jornada: Juan Pecarano, Faustino Farfán, Anastasio Colmenares, Mariano Rodríguez, Rubén Cari, Roberto Quiroga. Todos son también víctimas en esta investigación.

Detalles más, detalles menos, todos narraron el mismo camino recorrido entre sus detenciones y sus liberaciones: los arrancaron de sus casas, en territorio de la empresa para la que trabajaban, y los pasearon por los destacamentos de la Gendarmería dentro del predio minero, el escuadrón 21º de La Quiaca, el Regimiento de Infantería de Montaña 20º de San Salvador y el penal de Villa Gorriti, también en esa capital. A algunos, como a Pecarano, Farfán y Quiroga, los liberaron entre agosto y septiembre. Otros, como Guzmán, Cari y Rodríguez, compartieron un espeluznante viaje en helicóptero, engrillados y vendados, junto con Bazán y el ex intendente de Libertador General San Martín Luis Arédez –entre otros– hasta La Plata, donde permanecieron presos hasta principios del año siguiente. Ni uno de ellos vaciló en relacionar mina El Aguilar con sus detenciones. “La compañía nos entregó”, acusó Farfán cuando ya no pudo aguantar las lágrimas que le provocó recordar los papeles con membrete de la minera y los nombres de él y sus compañeros sobre la mesa del penal de Villa Gorriti en el que le tomaron declaración.

La relación entre la empresa y los secuestros apareció en el inicio de todos los testimonios, cuando las víctimas comentaron que los gendarmes los trasladaron entre El Aguilar, La Quiaca y el Regimiento de San Salvador en “rurales doble cabina” de la compañía minera. “Es vergonzoso pero real. Gendarmería, nuestra fuerza nacional, era mantenida por esa empresa extranjera, que le daba comida, autos y combustible gratis; tenían dos destacamentos adentro del predio de la mina”, apuntó Guzmán, que al momento de ser detenido era sexto vocal de la comisión directiva del sindicato.

El “comandante (Jorge) Borges Do Canto” es el primer milico que los siete hombres mencionaron con nombre y apellido en sus historias, entre “oficiales”, “gendarmes” y “soldados”. La otra figurita que repitieron sin dudar fue la del “coronel (Carlos) Bulacios” cuando los relatos llegaron a San Salvador de Jujuy, el RIM y el penal de Gorriti. Lo identificaron como aquel personaje que decidía su destino, “el jefe de todo”, el que les negaba las visitas a sus familias y amenazó a Farfán y a Colmenares de muerte si llegaban a “poner un pie más en El Aguilar”. La desocupación y la pobreza fue luego el nuevo gran problema de su libertad.

Los que lo recordaron, mencionaron a Vargas como quien estaba a cargo del penal de Gorriti; Braga o “el hombre de la cicatriz” apareció en algunos interrogatorios dentro de esa cárcel. “Braga y Vargas se creían dueños del penal. Anduvieron por allí. No pueden negarlo. Si tuvieron tanto coraje para pasearse entonces y pegarnos, humillarnos, pues que lo tengan ahora para reconocer que participaron de todo esto que nos pasó”, sostuvo Guzmán. “¿En qué andás? ¿De qué partido sos? ¿Montonero o del ERP? Sé claro, decime qué hiciste. Si vos contás, te vas”, recordó que le preguntaron. A Cari, en tanto, lo interrogaron sobre si conocía a Bazán o a Arédez, pero siempre con violencia: “Nos trataban de hijos de puta, de guerrilleros, de comunistas y que por todo eso debíamos pagar”.

Rodríguez fue quien recordó con más claridad que compartió allí una celda con Arédez y otros detenidos de Ledesma y Calilegua y también el helicóptero en el que los trasladaron a la Unidad 9 de La Plata. “Nos vendaron, nos encadenaron al piso, sentados de cuclillas, y comenzamos a cobrar. Nos pegaron con todo”, reconstruyó. Guzmán también tiene malos recuerdos: “Se pusieron a tomar y nos pegaban con machetes en las muñecas y en los codos, caminaban sobre nosotros, nos tiraron bebida encima y nos amenazaron con que nos iban a tirar. Abrieron la puerta incluso. Muchos de nosotros llegamos muy mal a La Plata”. En Buenos Aires sufrieron golpes, requisas violentas e interrogatorios sin mucho rumbo hasta enero de 1977, fecha en la que todos coinciden en que los largaron. “A las 2 de la mañana nos dijeron ‘muchachos, se van, pero no corran, no hablen entre ustedes, no se den vuelta porque el que no cumple, pierde’”.

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El teniente retirado Mariano Braga presenció las casi ocho horas de testimonios con sus lentes oscuros puestos.
Imagen: Télam
 
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