La Sala I de la Cámara Federal definió que la búsqueda de información sobre legisladores de la oposición a la administración macrista, realizada desde una consultora privada que manejaban Jorge “Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro, cuando dirigían la Policía Metropolitana, fue una forma de “producción de inteligencia prohibida”. Por eso resolvió procesarlos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y en el caso de Chamorro también por encubrimiento y omisión de denuncia ya que, según consideró el tribunal, no ignoraba “la puesta en funcionamiento de un clandestino aparato paraestatal” de espionaje ilegal, sobre el que debió haber informado a la Justicia. Estos hechos están conectados con la causa principal en la que está procesado Mauricio Macri por la realización de escuchas a su cuñado, Daniel Leonardo, y al dirigente de Familiares de AMIA, Sergio Burstein, y todo indica que serán incorporados a la elevación a juicio oral, lo que reforzará la dimensión política del caso.

Dos años atrás, en medio de la investigación de las pinchaduras telefónicas, el juez Norberto Oyarbide allanó las oficinas en el microcentro de Strategic Security Consultancy, consultora de Palacios en la que participaba Chamorro y que funcionaba incluso cuando ambos cumplían tareas en la Metropolitana. En una de las computadoras secuestradas había un archivo con el nombre “Osvaldo” y, dentro de él, los informes financieros y patrimoniales que habían pedido al sistema Nosis, al que estaban suscriptos. Allí fue que aparecieron reportes referidos a los ex legisladores (por entonces en funciones) Diana Maffía (Coalición Cívica), Silvia La Ruffa (kirchnerista) y Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), así como al dirigente Patricio Datarmini, del sindicato de empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires, y hasta del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los datos habían sido gestionados a partir de julio de 2009, fecha en que empezó a funcionar la Policía Metropolitana.

Cuando fue indagado, Palacios argumentó que no veía impedimento en utilizar un sistema de información de acceso público y que él personalmente se había puesto a investigar a ciertos legisladores porque pensaba iniciarles una demanda civil. Le criticaban su designación como jefe de la Metropolitana dada su responsabilidad en las irregularidades de la investigación del atentado a la AMIA, también en el operativo policial de diciembre de 2001 y su relación con Jorge Sagorsky, de una banda de reducidores de autos condenado por el secuestro de Axel Blumberg. Para reclamarles un resarcimiento económico, decía Palacios, necesitaba conocer la situación patrimonial de cada uno de ellos. Acerca del informe que pidió sobre Rodríguez Larreta la explicación fue insólita: dijo que debía ir a una reunión en su casa y se le ocurrió buscar así la dirección. En definitiva, en aquel entonces el Fino desligó a Chamorro (que ya había declarado que no tenía ni idea de cómo manejar el Nosis) pese a que los informes requeridos estaban en una computadora bajo su nombre. Señalar gestiones meramente personales era una forma de desligar a Macri.

En noviembre del año pasado, el juez Oyarbide siguió el criterio que venía planteando la Cámara Federal al interpretar que el uso del Nosis por parte del jefe policial era una de las facetas de la trama de espionaje que incluyó, por lo menos, diez pinchaduras telefónicas en las que el propio Palacios aparecía involucrado junto con el espía Ciro James y el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, desde cuya cartera le pagaban un sueldo por tareas de asesoría legal inexistentes. El magistrado procesó entonces a Palacios –que ya venía procesado por asociación ilícita–, aunque dejó afuera el caso de investigación sobre Rodríguez Larreta. A Chamorro lo sobreseyó. Ambas cuestiones fueron apeladas.

La Cámara evaluó que el Nosis brinda información comercial para sus clientes pero prohíbe la utilización con otros fines, como habría sido en este caso. Los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero confirmaron el procesamiento de Palacios, aunque cambiaron el delito que originalmente le había atribuido Oyarbide y le adjudicaron incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. “Los actos identificados por el juez han de ser considerados en este estadio procesal como hechos que constituyen la producción de inteligencia prohibida, actividad concreta cuyo reproche penal radica en la traición de la confianza depositada en el funcionario ‘por el pueblo o por alguno de los poderes públicos, pues emplea la autoridad recibida como un instrumento para violar la Constitución o las leyes, cuyo guardián celoso debiera ser’”, dice el fallo.

A Chamorro el tribunal le imputó lo mismo, aunque también le adjudicaron encubrimiento y omisión de denuncia. “Es inocultable el lugar de escolta ocupado por Chamorro en el desembarco de Jorge Palacios al frente del primer proyecto de la Policía Metropolitana, identificado con la puesta en funcionamiento de un clandestino aparato paraestatal de inteligencia prohibida”, sentenció la Cámara.

La semana pasada, el fiscal Jorge Di Lello pidió la elevación a juicio oral de Macri, Palacios, James, Narodowski, un juez misionero, una secretaria y varios policías. Lo más probable es que ahora Oyarbide proponga incluir el capítulo del Nosis en el futuro juicio oral, lo que aportará elementos vinculados con el costado político del espionaje.