Pañuelo verde pro aborto al cuello, la presidenta de la Comisión de Mujer de la Legislatura porteña, María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), le puso voz al reclamo contra el protocolo que adoptó la Ciudad para los casos de abortos no punibles: “Ese dictamen violenta y no tiene coherencia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, sentenció. Naddeo formó parte del grupo de legisladores de la oposición que ayer brindaron una conferencia de prensa para rechazar la reglamentación del Ejecutivo y exigir que el tema se debata en la Legislatura. En caso de no lograr que se trate, anunciaron que acudirán a la Justicia.

Antes de la conferencia, una reunión de la Comisión de Mujer que duró más de tres horas no logró un acuerdo sobre los dictámenes antagónicos del PRO y de la oposición que establecen el procedimiento en casos de abortos no punibles en la Ciudad.

Pasado el mediodía, los legisladores se presentaron en la Sala de Conferencias del Legislativo comunal. La señal de protesta contra la flamante resolución del Ministerio de Salud era clara: todas las legisladoras llevaban en el cuello el pañuelo verde insignia de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Los acompañaron integrantes de ese movimiento.

Además de Naddeo y el presidente de la Comisión de Salud, Jorge Selser (PSA), participaron María José Lubertino y María Rachid (FpV), Eduardo Forn (Nuevo Encuentro), Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur), Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos) y la defensora adjunta del Pueblo, Graciela Muñiz.

El propósito de la conferencia fue impulsar la discusión en el recinto. En ese sentido, los presentes destacaron que, dado que cuentan con los 31 votos como para convertir el proyecto propio en ley, el PRO utiliza “maniobras y trabas burocráticas inconstitucionales”, sostuvo Selser. La discusión entonces gira entre comisiones de asesores y de diputados durante semanas, sin avances: como ayer no hubo acuerdo, el proyecto se estancó en esa comisión y puede ser tratado recién dentro de dos semanas.

Para Selser, el proceder establecido en la reglamentación del Ejecutivo en caso de que una mujer violada quiera practicarse un aborto “infunde temor”. Es que, pese a que no judicializa los casos, impone un comité interdisciplinario, que no está previsto en el fallo de la Corte. García Tuñón atribuyó la firma del decreto a una solución rápida, ya que “los diputados del PRO no se pusieron de acuerdo”. “Se contradice con la Corte, no vamos a permitir que el gobierno bloquee un derecho adquirido, es algo que debería ser un piso”, expresó Bodart. “La dilación es una maniobra obscena por parte del gobierno”, criticó.

Muñiz desarrolló las dificultades a la hora de aprobar una ley que no se condice con el pensamiento del PRO y los pasos que darán: “La Asesoría General Tutelar y la Defensoría del Pueblo van a iniciar actuaciones. No se puede sesionar, se niegan a discutir si no tienen el quórum”, repudió. Debido a que el PRO “maniata los derechos de las mujeres”, Lubertino anunció que presentarán un recurso de amparo para poder sesionar y “garantizar la no discriminación”.

García Tuñón propuso, al considerar que en otras provincias también hay protocolos que no se ajustan a lo dispuesto por la Corte, que el tema se trate en el Congreso de la Nación. Rachid, en tanto, apuntó a la muletilla del jefe de Gobierno, Mauricio Macri: “Pido al PRO que si tan importante es el diálogo, que el debate llegue al recinto”.