EL PAíS › OPINION

Per saltum

 Por Carlos Raimundi *

El Parlamento, elegido por millones, acaba de aprobar un proyecto del Poder Ejecutivo, votado por millones, para reglamentar el per saltum. Quienes se opusieron aducen un ataque a la República y asumen “per se” la defensa de la “calidad institucional”.

La pregunta es: ¿Cuál modelo de república defienden? Un modelo nuestro, no abstracto. No en otros contextos, sino en el nuestro, de tiempo y de lugar. ¿A cuál “República” de las que hemos vivido en los últimos 50 años ponen como referencia? ¿A las que, después de alguna efímera primavera atractiva para el pueblo vimos caer en manos de los golpes cívico-militares o de las presiones del mercado? ¿A las que cedieron? ¿A las que fueron vencidas por el dibujo de una paloma sobre la cabeza del presidente, por una placa roja sobre el riesgo país, o por una denuncia de corrupción, de esas que el poder agiganta en tiempos destituyentes y luego la historia grande minimiza? ¿A las que cerraron las fábricas y las escuelas técnicas, empobrecieron el país y entregaron el Estado? ¿A cuál?

La República es una construcción histórica, no una abstracción donde reina la pureza. Y, si alguna vez carreteó por nuestra historia ese tipo de república, a poco de andar demostró que no tuvo poder. Y cuando un gobierno electo cede a las presiones del poder, nunca resulta ser a favor de las mayorías populares. Y es precisamente eso, la claudicación ante el poder, lo que fue deteriorando progresivamente la cosa pública, es decir, la República.

Cuando lo que está en disputa es el poder, no hay neutralidad, no hay “asepsia”. Y la “calidad institucional” supera la mera retórica. Si hoy el 90 por ciento de los empleos formales se rige por paritarias contra el seis por ciento de Chile, o la mayoría de los universitarios del conurbano proviene de familias humildes, son instituciones de calidad. La no criminalización de la protesta social, la libertad de prensa más absoluta o las plenas garantías procesales a los represores implican valores profundamente republicanos.

El per saltum se relaciona con el control judicial de constitucionalidad que nuestra Carta Magna hereda de la Constitución de los EE.UU. Pero una cosa es el control de constitucionalidad y muy otra es que un juez reemplace la voluntad de millones, derogando de hecho una ley votada por las instituciones mayoritarias.

Aquellos Padres Fundadores del modelo estadounidense suponían un contexto de normalidad, de descontaminación de los poderes públicos respecto de los intereses de los poderes fácticos permanentes, de los grupos minoritarios de poder. En ese contexto, poner el examen de la ley en manos de una sola persona, como un juez, estaba llamado a contrarrestar el riesgo de lo que ellos denominaban “la tiranía de las mayorías”. Pero aquí, la tiranía de las mayorías nunca ha sido un riesgo. Aquí, las tiranías han sido históricamente de las minorías. Dictaduras, proscripciones, desaparecidos, empobrecimiento, endeudamiento, no han sido producto de la voluntad popular, sino de políticas impuestas por los intereses claramente minoritarios de los grupos de poder.

¿O no sabemos que –sin obviar todo lo que falta hacer– hasta 2003 las distintas oficinas del Estado respondían a los grupos que las habían ido ocupando con el correr de los gobiernos, y no al poder político? Y me refiero –entre otros– a la incidencia de las multinacionales en el área de agricultura, de los laboratorios en salud, de los grandes bancos en economía, de las consultoras en el Indec, de los grandes medios en el Comfer.

A diferencia del pasado reciente, el gobierno iniciado en 2003 decidió echar mano de los instrumentos que necesita, para que las instituciones no rijan sólo desde el punto de vista teórico y no vuelvan a ser efímeras las conquistas y los derechos alcanzados. Y está resuelto a construir el poder democrático que haga falta para sostenerlas en el tiempo. Y para que los grupos minoritarios de poder no hagan lo que quieran, como estaban acostumbrados a hacerlo, a costa de la pobreza y la exclusión de las mayorías.

* Diputado nacional del bloque Frente Nuevo Encuentro.

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