EL PAíS › OPINIóN

De cara a la ciudadanía

 Por Agustín Carrara *

Durante 2013, el Ministerio Público Fiscal fue una de las instituciones públicas que mejor entendió la necesidad y la importancia de construir su gestión de cara a la ciudadanía. El 17 de diciembre dio un nuevo ejemplo con la Resolución PGN Nº 2737/13, mediante la cual se dispuso la publicación on line de las declaraciones juradas de fiscales y funcionarios del organismo.

Desde el Cipce, siempre hemos sostenido que la transparencia no puede ser tomada como un fin en sí mismo ni como sinónimo de reducción del Estado; por el contrario, debe ser entendida como un medio para garantizar el control popular de los actos de gobierno. Frente a un Estado cooptado por el poder económico, resulta imprescindible que cualquier persona tenga la posibilidad de conocer y controlar el desempeño de los funcionarios públicos.

Sumado a esto, es sabido el poder de resistencia que ejerce la corporación judicial, que abarca no sólo a jueces sino también a miembros de otros organismos, entre ellos el Ministerio Público. Si se quiere lograr una verdadera transformación de la Justicia, la transparencia cumple aquí un rol fundamental, puesto que sólo de esta forma se podrá lograr “la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y la correcta administración del servicio de Justicia”, como indica la resolución de la procuradora general.

La publicidad de las declaraciones juradas es clave, pero como política aislada puede tener una efectividad limitada. Es por esto que nos parece esencial que ésta sea tan sólo una de las medidas que se enmarquen en una gestión democrática de los organismos públicos, orientada de cara a la ciudadanía, atendiendo a sus necesidades y rindiendo cuentas de sus acciones. Esto es particularmente importante en el caso del Ministerio Público, al cual la Constitución Nacional le impone la delicada tarea de defender los intereses generales de la sociedad.

En nuestra opinión, el MPF ha demostrado en el último año que entiende la necesidad de construir un vínculo con la sociedad que hasta ahora prácticamente no ha existido. Es por ello que a la publicidad de las declaraciones juradas se han sumado otras iniciativas importantes, entre las cuales destacamos la creación de procuradurías especializadas para perseguir fenómenos criminales complejos que generan un profundo daño social.

Esta gestión del Ministerio Público de cara a la ciudadanía recién está comenzando. La sociedad, en líneas generales, sigue viendo a la Justicia como un lugar oscuro y burocrático –y no se equivoca–. Se encuentra con declaraciones juradas públicas, pero aún no sabe bien qué hacer con ellas. Esto debe ser tomado como un indicio de que este tipo de medidas no sólo son necesarias, sino que además deben ser reforzadas. No estamos acostumbrados a la transparencia, por lo que usualmente no sabemos cómo aprovecharla al máximo. Es hora de empezar a hacerlo.

* Director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).

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