EL PAíS › LAS DEFINICIONES QUE DEBEN HACER JUECES Y TRIBUNALES EN 2014

Lo que se viene en el sistema judicial

La Corte debe resolver, entre otros temas, sobre actualización de jubilaciones. Habrá juicios orales por Once y por los asesinatos de diciembre de 2001. El Código Civil y Comercial. La parálisis del Consejo de la Magistratura. Los expedientes mediáticos.

 Por Irina Hauser

El Poder Judicial terminó el 2013 con un enorme protagonismo político. Para el año que empieza, no sólo quedan grandes discusiones existenciales por profundizar sobre el sistema de justicia, sino cuentas pendientes en todos sus ámbitos. Causas cruciales en la Corte Suprema (incluida la cuestión de la larga edad de sus integrantes), una reforma (al menos interna) del paralizado Consejo de la Magistratura, la posibilidad de aprobar el Código Civil y Comercial y el Código Penal para aggiornar las bases del derecho, implementar prácticas “democratizadoras” que ya tienen peso de ley, como el ingreso por concurso a tribunales; habrá megajuicios como el de la tragedia de Once y el de los asesinatos del 20 de diciembre de 2001, y en el fuero federal porteño es posible que se defina la suerte de algunos expedientes mediáticos como el caso Ciccone y el de Lázaro Báez.

Asuntos supremos

Nada de lo que se viene pinta tan arrollador como el fallo que volteó la reforma del Consejo de la Magistratura ni el que convalidó la ley de medios. Pero pasan cosas en la Corte, que hará todo en pos de su legitimidad. Los expedientes colectivos que piden actualización de las jubilaciones llevan más de dos años de discusión interna: los jueces temen un desastre fiscal si obligan a pagar de cuajo, pero analizan atajos. Si es por asuntos de impacto político, el tribunal también tiene cola de reclamos millonarios de coparticipación, como el de Córdoba. Aunque quizá toque más el nervio del bolsillo de la gente común si llega a definir algo sobre la constitucionalidad de las limitaciones a la compra de dólares, que la procuradora Alejandra Gils Carbó recomendó declarar constitucionales. En otro rubro, hay un grupo de expedientes sobre sindicalización policial.

A menos que decidan hacerse los distraídos, los cortesanos deberán decidir (o pedirle a conjueces) si uno de ellos, Enrique Petracchi, puede continuar en el cargo pese a que superó los 75 años. Petracchi tiene una cautelar a su favor (basada en el caso de Carlos Fayt, que tiene 95), que no cuestionó el Estado, pero sí un particular. Tendrá que decidir su propio destino Raúl Zaffaroni, que cumple la edad límite en un año, aunque desliza que se va. Habrá que ver qué papel asume, además, Ricardo Lorenzetti este año, en un contexto distinto, y con otra agenda. Y un tema latente, para el que el tribunal busca una solución, es la posibilidad de que los jueces empiecen a pagar ganancias.

Consejo sin rumbo

El Consejo de la Magistratura está en punto muerto. Su actividad el último año fue casi inexistente. Se reflejó en los concursos para cubrir vacantes de jueces: en 2013 sólo terminó uno con éxito, y le quedan concursos para 213 cargos. En el cuerpo le echan la culpa al tiempo que insumió la ley de reforma que introducía el voto popular de consejeros, invalidada por la Corte, y a que tienen que adaptar su reglamento a aspectos que sí quedaron vigentes. Sin embargo, llegado fin de año, las internas entre los consejeros y las ansias de todos los sectores por influir en los procesos de selección abortaron la votación de una reforma reglamentaria. En teoría, se votará este año. En el rubro de las acusaciones (antesala de los juicios políticos) la performance no fue mucho mejor: el cuerpo, por ejemplo, dedicó horas de discusión a la situación del juez Daniel Rafecas por el caso Ciccone, que tiene en veremos hace un año y medio, y nada a la del camarista de Casación Eduardo Riggi, denunciado por uno de los casos más escandalosos de presuntos sobornos en la Justicia, en el expediente sobre el asesinato de Mariano Ferreyra. Este año cada estamento votará nuevos consejeros, que asumirán en noviembre. Puede ser que cambie también el delegado del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales. Por ahora no se vislumbran grandes cambios.

Cuestión de códigos

Hay dos códigos claves capaces de impactar en la vida de los ciudadanos, que ya están redactados, adecuados a este siglo. Uno, el Código Civil y Comercial consiguió media sanción del Senado pero contra todos los anuncios se postergó su aprobación en Diputados, entre criticadas negociaciones con la Iglesia Católica y cuestionamientos de los jueces de la Corte (Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco) que habían elaborado la versión original del anteproyecto, modificada por el oficialismo, que dejó en una ley aparte –por ejemplo– la regulación sobre responsabilidad patrimonial del Estado. El texto del código introduce conceptos acordes a los modelos actuales de familia y el matrimonio igualitario. Prevé cambios sobre divorcio, adopción, fertilización asistida, entre muchos otros. La definición sobre el inicio de la vida, generó polémica. Se aprobaría, pese a todo, este año.

El proyecto de reforma del Código Penal fue entregado en diciembre a la Presidenta por la comisión de juristas que lo redactó, encabezada por Zaffaroni, y será presentado en el Congreso. Prevé un cambio enorme en la legislación penal, armoniza las penas, introduce nuevos delitos (desde los ambientales al genocidio), penas alternativas a la prisión, pone como máxima 30 años de cárcel, criterios de oportunidad y de casos insignificantes, e integra toda la regulación de leyes especiales, entre muchos aspectos. También se evalúa una reforma procesal, que acorte las causas y dé poder a los fiscales, pero está más verde.

Casos mega y mediáticos

El caso Ciccone, donde se investigan manejos en la quiebra de la imprenta y posible lavado, lleva casi dos años en los diarios y pocas definiciones. La causa, a cargo del juez Ariel Lijo, pasa por un momento particular: los integrantes del grupo Ciccone, que eran sospechosos, ahora son posibles víctimas. Es así desde que Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, declaró que fue Amado Boudou quien estuvo detrás del rescate de la empresa. Más allá de lo que haga Lijo, hay una decisión pendiente, que es central, en la Cámara de Casación que tiene la llave sobre la situación de Boudou. El fiscal Javier De Luca les recomendó a los camaristas que hagan lugar a una presentación de la defensa del vicepresidente que la investigación en su contra debe cerrarse porque nunca se definió cuál sería el delito que cometió.

En la causa sobre el supuesto lavado de dinero del empresario Lázaro Báez todavía no está claro cuánto hubo de construcción mediática y cuánto de pruebas judiciales. El juez Sebastián Casanello intenta dilucidarlo. Por ahora, sólo hubo algunas indagatorias, como las de los faranduleros Federico Elaskar y Leonardo Fariña, que dijeron en televisión que sacaron del país 55 millones de euros de Báez y en tribunales lo desmintieron. Aún no se definió la situación de nadie. De la mano de este asunto, un jurado deberá decidir el futuro del fiscal Luis María Campagnoli, suspendido por generar una investigación paralela en este caso y obstaculizar.

Se vienen juicios grandes en los tribunales federales: el de cinco homicidios del 20 de diciembre de 2001, donde serán juzgados el ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov y el ex jefe policial Rubén Santos. Si también entra Fernando de la Rúa será decisión de la Corte. El 18 de marzo empieza el juicio por la tragedia de Once, donde murieron 52 personas y hubo 700 heridos. Se juzga a ex funcionarios como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, al maquinista y a los directivos de TBA.

Democratización pendiente

El ingreso al Poder Judicial por concurso y no por amiguismos o apellido es ley, pero no fue reglamentado por la Corte y solo lo aplican algunos tribunales. Tampoco se ve reflejada, en la web suprema, la publicación de todas las sentencias y resoluciones. En un balance findeañero, Justicia Legítima cuestionó a la Corte en esos y otros temas como una convocatoria limitada a jueces para diseñar reformas que agilicen juicios penales.

Casaciones

La creación de las Cámaras de Casación Civil y Comercial, del Trabajo y Contencioso Administrativo está frenada por medidas cautelares. La que sí existe, o a medias, es la Casación Penal Ordinaria, con sus diez jueces nombrados por decreto, pero no les toman juramento ni les dan edificio para funcionar, algo que esperan para este año.

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La Corte Suprema debería definir, entre otros casos relevantes, el futuro de algunos de sus integrantes.
Imagen: Dafne Gentinetta
 
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