EL PAíS › EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, ANTE LA CAUSA POR LA TRANSFERENCIA DE PAPEL PRENSA

“Hay una inacción preocupante”

Martín Fresneda, titular de Derechos Humanos, aseguró que la secretaría elabora una presentación ante el juzgado de Ercolini para “producir avances en el expediente” que investiga si hubo delitos de lesa humanidad en la presunta venta de la empresa.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, consideró que la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa, iniciada en 2010, se encuentra “virtualmente cajoneada” en el Juzgado Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, y anticipó que, a partir de febrero, el organismo que encabeza “redoblará los esfuerzos para que se produzcan avances en el expediente”.

No es la primera vez que desde la Secretaría de Derechos Humanos se manifiesta preocupación por el estancamiento de la causa que investiga los presuntos delitos de lesa humanidad en la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa durante la última dictadura. “Como querellantes, aportamos importantes medidas de prueba a lo largo de 2013, pero no se verifican avances. Hay una inacción que resulta preocupante”, señaló Fresneda, y agregó: “Cuando finalice la feria judicial vamos a presentarnos ante el juzgado y trataremos de desarrollar una estrategia más intensa para producir avances en el expediente”.

Por otra parte, Fresneda señaló que el jefe de la Unidad de Seguimiento de Delitos de Lesa Humanidad, el fiscal Jorge Avat, tomó contacto con el expediente y pretende tener una actuación en el litigio.

El último hecho clave en la causa ocurrió en noviembre de 2013, cuando la Sala 1ª de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires dejó sin efecto la decisión del juez Ercolini de unificar las tres querellas existentes. Rechazó sumar en una representación a Lidia Papaleo, Rafael Ianover y la Secretaría de Derechos Humanos. “Nosotros celebramos esa medida de la Cámara porque entendemos que cada querella tiene la potestad de fijar su estrategia. La Cámara nos dio la razón en este punto, pero queremos que las cosas se empiecen a mover de verdad”, consideró Fresneda sobre aquella medida.

Sin embargo, el funcionario señaló la demora en el pedido de indagatoria a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, los integrantes del directorio de Clarín, y Bartolomé Mitre, copropietario de La Nación, quienes están acusados de haber impulsado la apropiación. Hasta el momento, sólo Ianover y Papaleo ofrecieron sus testimonios en sede judicial en calidad de testigos, y no existen certezas respecto de cuándo serán citados los acusados. Al respecto, el secretario afirmó que “no hay motivos para seguir demorando estas indagatorias. Estas personas deben declarar y eso permitiría iniciar el camino hacia la verdad”.

Fresneda aprovechó además para criticar el papel de Ercolini en un caso que podría dar cuenta de “la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado”. “Daría la impresión de que el juez Ercolini no se enteró de que en la Argentina hubo una dictadura cívico-militar. Es necesario que haya avances para incluso determinar si los acusados son culpables o no. Tampoco es justo para ellos este estado de indefinición”, aseveró.

Asimismo fue contundente y consideró que “no hay tiempo para más especulaciones políticas. Estamos ante una denuncia sobre hechos de lesa humanidad. Esperemos que este año tengamos novedades y comience a hacerse justicia”.

La empresa Papel Prensa fue una sociedad fundada por el financista David Gravier, quien murió en un accidente aéreo ocurrido en México, en 1976, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y Rafael Ianover. Tanto Papaleo como Ianover, que fueron secuestrados por un equipo de tareas de la dictadura, son querellantes particulares que reclaman, junto con el Estado –a través de la Secretaría de Derechos Humanos–, que la Justicia establezca si fueron presionados para ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad formada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en 1977, y auspiciada por el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla.

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“Aportamos importantes medidas de prueba, pero no se verifican avances”, advirtió Fresneda.
Imagen: Télam
 
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