Casi setenta vecinos del Barrio Mitre, acompañados por el diputado Leonardo Grosso (FpV), se presentaron ante la Justicia solicitando un hábeas data, luego de que Página/12 difundiera la existencia de un archivo con imágenes de unas 1500 personas, muchas de ellas del mismo barrio, que en buena parte habían sido tomadas y eran utilizadas en forma ilegal por el suspendido fiscal José María Campagnoli. La presentación fue realizada ante la fiscal Cristina Caamaño, quien subroga la fiscalía de Saavedra. La solicitud incluye “la entrega inmediata de los registros fotográficos y datos” que se encuentren en la fiscalía, y “la eventual supresión de los registros en los que estemos involucrados los presentantes”. De los 69 solicitantes, al menos 20 lograron determinar que se encontraban “fichados” por las cámaras ocultas de Campagnoli.

La presentación recuerda que los datos y fotos “habrían sido obtenidos y utilizados de manera irregular y con fines discriminatorios e incluirían a menores de edad, en clara vulneración a derechos consagrados constitucionalmente, la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326 (...)”. En diciembre del año pasado, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, encabezada por el diputado Grosso, denunció al fiscal Campagnoli por “mal desempeño en sus funciones”. En aquella denuncia se sostuvo que el entonces titular de la fiscalía de Saavedra, actualmente suspendido, “persigue sistemáticamente, hostiga judicialmente, discrimina de manera violenta, estigmatiza, vulnera todos los derechos y realiza toda clase de actos de atropello contra los vecinos del barrio, abusando de su cargo de fiscal y tratando como delincuentes a los habitantes del Barrio Mitre por ser pobres”.

La denuncia presentada en diciembre fue entregada a la procuradora nacional Alejandra Gils Carbó, quien ordenó al fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, que iniciara una investigación administrativa. En dicha investigación surgen declaraciones de empleados de la fiscalía que sostuvieron la existencia de un cuadro de fotografías que Campagnoli tenía en su escritorio, “no tomadas de expedientes judiciales, sino captadas por integrantes de su equipo, de manera ilegal, en la calle, con una cámara oculta en una caja”. También mencionaban que había confeccionado un mapa del delito en el que marcaba las casas del Barrio Mitre en las que vivían familiares de quienes hubieran cometido un delito, sin importar que esos familiares no hubieran cometido delito alguno, tal como lo reveló este diario a principios de junio.

Paralelamente, la Procuvin (Procuración contra la Violencia Institucional), encabezada por Abel Córdoba, había iniciado actuaciones sobre el uso de álbumes fotográficos en las 47 fiscalías y comisarías de la ciudad. Entre las entrevistas realizadas por el equipo de la Procuvin surgió el dato de la existencia de un archivo con miles de fotos en la fiscalía de Saavedra, encomendadas y utilizadas en forma ilegal por Campagnoli, distinguido por la Legislatura porteña como Ciudadano Ilustre y Personalidad del Ambito de las Ciencias Jurídicas (a propuesta del macrista Cristian Ritondo) pese a encontrarse suspendido para enfrentar un jury.

El viernes 13, este diario reveló el hallazgo de dicho álbum en el server de la fiscalía. Se encontraba bajo el nombre de Registro Completo, ocupaba 4,93 GB y guardaba en su interior 6469 fotos de unas 1500 personas. Allí se mencionaba la existencia de imágenes de chicos de entre 10 y 12 años, además de travestis y trapitos. Incluso, aparece la foto de un bebé en brazos de un joven. Se señaló que muchas imágenes fueron tomadas en plazas y en la calle, muchas de ellas posando, es decir, lejos de mostrarse como fotos de actuaciones judiciales o policiales.

La publicación de la nota ya había motivado el martes pasado la presentación de una denuncia de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) ante la Procuración General de la Nación contra el ilustre fiscal suspendido y de la que dio cuenta este diario al día siguiente. “El registro fotográfico del fiscal –sostiene la denuncia– atenta contra el derecho de que no debe existir información sobre la vida sexual de las personas.” Ahora, 69 vecinos del Barrio Mitre, acompañados por el diputado Leonardo Grosso, presentaron el pedido administrativo para determinar con qué información personal y privada cuenta esa fiscalía y que, en ese caso, que sea eliminada o entregada a algún centro especializado para ser resguardado como documentación semejante a los mecanismos utilizados en la persecución de personas durante la dictadura.

“La denuncia que presentamos en diciembre no tiene nada que ver con el caso del que se acusa a Campagnoli –dijo Grosso a Página/12–. Es una denuncia por la persecución de personas del Barrio Mitre por ser pobres. El método utilizado es terrible. Cada vez que se cometía un delito, Campagnoli iba a buscar a cualquiera al Barrio Mitre, como si fuera un ghetto. Cuando se publicó la nota que habían encontrado el archivo se comprobó que no era un invento nuestro, y que no tiene nada que ver con las acusaciones que le hacen a Campagnoli por el caso de Báez. Los pibes están muy asustados por si vuelve a la fiscalía.”

La investigación de los álbumes en todas las fiscalías y comisarías por parte de la Procuvin surgió precisamente después de que la foto del padre de Alan Tapia –un joven del Barrio Mitre baleado en un allanamiento ordenado por Campagnoli– fuera mostrada a una mujer a la que le habían arrancado el reloj en un estacionamiento en Palermo. La foto había sido tomada durante el allanamiento. En el álbum que utilizaba Campagnoli –y cuya existencia él mismo reconoció luego de que se publicara la nota– aparecían fotos de toda la familia de Tapia, junto a las de 1500 personas, entre ellas travestis, niños, y hasta un bebé. En la reciente presentación de Grosso solicitando datos a la propia fiscalía, de los 69 presentantes, 20 tenían confirmado que su imagen se encontraba en el Registro Completo del ilustre fiscal.