EL PAíS › EL MINISTRO DE JUSTICIA SE PRONUNCIO SOBRE LA INTEGRACION DE LA CORTE SUPREMA

“Está la ley que establece un número”

Julio Alak planteó que “no hay posturas personales en esto”, sino lo que establece la Constitución y la ley. También dijo que cuando Raúl Zaffaroni deje la Corte, la Presidenta está en facultades para avanzar con su reemplazo.

El ministro Julio Alak dijo que el número de jueces de la Corte es el que establece la ley.
Imagen: DyN.

En el marco de la polémica sobre las posibles modificaciones en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, terció ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, al afirmar que “la ley establece un número determinado” de miembros para el máximo tribunal. Según el funcionario, con la “vacante” que dejará el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “está en facultades para avanzar con su reemplazo”.

Según Alak, “no hay posturas personales en esto, está la Constitución nacional que le da la facultad a la presidenta de la Nación de proponer los ministros de la Corte y está la ley que establece un número determinado, y eso es todo”. Momentos antes de ingresar a una jornada sobre el nuevo Código Civil y Comercial, el ministro fue consultado sobre la salida de Zaffaroni del máximo tribunal, prevista para enero próximo y respondió que ese juez “deja una vacante y la Presidenta está en facultades para avanzar con su reemplazo”.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se había pronunciado en igual sentido al afirmar que “se pretende generar una polémica donde no la hay”, porque “se respetará la conformación prevista por la ley”.

Tras la reciente muerte del juez Enrique Petracchi y la posterior confirmación del alejamiento de Zaffaroni, el debate por la integración de la Corte siguió sumando voces tanto oficiales como de la oposición. Sin embargo, las declaraciones de Alak parecieron cerrar la polémica al sentar la posición del Gobierno al respecto.

El subsecretario de Justicia, Julián Alvarez, había dicho que luego de la salida de Zaffaroni se podría “reabrir el debate” sobre la cantidad de miembros de la Corte. Alvarez había abonado la reapertura de la discusión al señalar que “habrá que evaluar si se completa la vacante o revisar cuál es el número que conforma toda la Corte”. A su criterio, “después de diez años se abre la posibilidad de generar una nueva conformación”, aunque proyectó el tema como un “debate para el año que viene”. Además, el número dos del Ministerio de Justicia mencionó que “la mayoría de las cortes del mundo tienen muchos miembros, a diferencia de Argentina” y recordó que “mientras tuvo siete jueces, la Corte local funcionó muy bien”. A esta postura se habían sumado anteayer los diputados kirchneristas Carlos Kunkel y Diana Conti, quien incluso sugirió el nombre de León Arslanian para cubrir la vacante.

A instancias del ex presidente Néstor Kirchner, en 2006 el Congreso redujo la composición de la Corte a cinco integrantes, número al que se llegó con el fallecimiento de Petracchi. Pero con el anuncio de la salida de Zaffaroni –quien se iría en enero al cumplir 75 años, edad dispuesta por la Constitución para renovar el pliego ante el Senado o jubilarse– el escenario vuelve a ser propicio para una nueva designación.

La otra variable que fomenta especulaciones es la posibilidad de que el oficialismo deba cubrir el lugar que podría dejar el juez Carlos Fayt, de 96 años. Sin embargo, este magistrado dijo días atrás que “seguirá en el puesto un tiempo más”. A fines de año, Fayt cumplirá 30 años en la Corte, adonde llegó por la propuesta del entonces presidente Raúl Alfonsín. Cuando tenía 81 años, en 1999, Fayt consiguió una sentencia de la propia Corte que consideró “inconstitucional” la limitación de la edad impuesta por la reforma de 1994 por atentar contra la inmovilidad de los jueces, garantizada por la Constitución.

El resto de los integrantes de la Corte Suprema –Juan Carlos Maqueda (64 años), Ricardo Lorenzetti (59 años) y Elena Highton de Nolasco (71 años)– está aún lejos de la edad estipulada constitucionalmente para renovar sus credenciales.

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