EL PAíS › LA CáMARA DE SENADORES DIO MEDIA SANCIóN AL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE INTELIGENCIA Y LO GIRó A DIPUTADOS

Por una nueva estructura de Inteligencia

La iniciativa fue aprobada por el oficialismo y sus aliados, con varios cambios que mejoran la transparencia y el control de los fondos y los organismos de Inteligencia. El grueso de la oposición no se presentó a debatir en el recinto.

 Por Sebastian Abrevaya

El Senado aprobó ayer y giró a Diputados la reforma de la ley de Inteligencia, que disuelve la actual Secretaría de Inteligencia y crea en reemplazo una Agencia Federal (AFI). Con la mayoría de la oposición ausente del debate, el proyecto tuvo, por decisión del oficialismo, varias modificaciones que mejoraron la transparencia y el control de los fondos y los organismos de Inteligencia. El kirchnerismo y sus aliados cosecharon 38 votos a favor contra 7 votos negativos del Peronismo Federal, el único espacio que sí asistió al debate. En paralelo, el resto del arco opositor armó ayer una audiencia pública en un salón contiguo, que tuvo como protagonista a la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman (ver nota aparte). “La ley de Inteligencia era buena, y ésta es superadora porque mantiene la esencia y la estructura, y amplía bases de democratización, de derechos individuales y de garantías que la otra ley no contemplaba”, aseguró el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, luego de agradecer los aportes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín, quienes se mostraron satisfechos con la redacción final.

La sesión arrancó con un minuto de silencio en memoria del fiscal Nisman, solicitado por la senadora por San Luis, Liliana Negre de Alonso. El oficialismo había conseguido el quórum con 39 senadores. Los 31 propios, seis de sus aliados habituales y dos senadores más: la neuquina Lucila Crexell y el fueguino Jorge Garramuño, vinculado con el Peronismo Federal. Recién entonces bajaron el resto de los peronistas disidentes comandados por Adolfo Rodríguez Saá. “Creemos que el Parlamento no puede iniciar una sesión omitiendo un hecho luctuoso que ha consternado a la República Argentina, que nos ha hecho llorar y ha teñido de miedo la vida de los argentinos”, sentenció Negre de Alonso, marcando el tono de las críticas que el peronismo disidente estaba dispuesto a lanzar en la sesión. “Somos solidarios con su familia y estamos expectantes como ciudadanos y como representantes del pueblo para que la Justicia avance en el esclarecimiento”, retrucó Pichetto, recogiendo el guante con prudencia. La defensa y argumentación del proyecto estuvo a cargo de los senadores Marcelo Fuentes y Pedro Guastavino, presidentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, respectivamente. “Se fijan pautas claras respecto de la importancia de la Inteligencia nacional para la defensa de nuestro país, su seguridad interior y la defensa nacional, claramente diferenciadas en el marco de la Constitución y de los tratados internacionales. Se refuerzan las prohibiciones de actuación interna de los organismos de Inteligencia y se limita con mayores garantías la actuación en investigaciones criminales”, explicó Fuentes, quien cuestionó la ausencia de la oposición durante el tratamiento en el plenario de comisiones.

La media sanción obtenida ayer crea la Agencia Federal de Inteligencia, que dirigirá la totalidad de los subsistemas de Inteligencia existentes, tanto el de investigación, la Inteligencia criminal, que sigue estando en el ámbito del Ministerio de Seguridad, como el de la Inteligencia estratégico-militar. Su conformación, prevista originalmente en un plazo de 90 días, se extendió hasta 120. El director y el subdirector de la nueva AFI tendrán cargos de ministro y secretario, respectivamente, y serán designados a propuesta del Poder Ejecutivo con aval del Senado. Desde el PJ disidente cuestionaron ayer que no sea necesaria una mayoría agravada para la designación de autoridades, y reclamaron que se utilice un sistema similar al de la designación de los miembros de la Corte Suprema.

Las dos autoridades del organismo serán los encargados de establecer el vínculo con los funcionarios judiciales, impidiendo el contacto directo con los agentes como sucedía hasta ahora. En sintonía con el reclamo del CELS de suprimir el rol de “auxiliar de la Justicia” por parte de la AFI, Fuentes explicó que la Inteligencia criminal del nuevo organismo será una actividad “excepcional” y que además “debe ser por resolución judicial fundada”. “Y fundamentalmente se incorpora como garantía que esa investigación que se haga debe estar sujeta a las leyes de procedimiento”, remató el neuquino.

Uno de los puntos cuestionados por la oposición fue el de las escuchas telefónicas. La Dirección de Observaciones Judiciales pasará a la órbita de la Procuración General del Ministerio Público Fiscal. “Pensamos humildemente, tal vez equivocados, que sería más equilibrado que lo maneje la Corte Suprema de Justicia y no la Procuración General”, sostuvo Adolfo Rodríguez Saá, quien cuestionó “el grado de militancia política” de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Adelantándose a esos argumentos, Guastavino recordó en su exposición que senadores opositores como Pino Solanas, Norma Morandini y Luis Juez tienen proyectos presentados en la misma línea que el oficialismo. Además agregó que la ex senadora Sonia Escudero había pedido opinión a la UBA y el Cippec para presentar su proyecto de traspaso, y que ambas instituciones se habían pronunciado a favor.

Independientemente del contenido del proyecto, desde la oposición insistieron con sus habituales cuestionamientos hacia “el tratamiento exprés del oficialismo” y la “falta de diálogo y debate”. “Esta ley cambia todo, pero no cambia nada”, aseguró Rodríguez Saá, quien calificó la muerte del fiscal Nisman como “un crimen político, un verdadero magnicidio”. Las intervenciones del peronismo disidente intercalaron críticas a la ley con referencias a la muerte de Nisman y su denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche. Guillermo Pereyra, cercano al massismo, consideró prioritario investigar la denuncia del fiscal contra el Gobierno y definir “cómo ocurrió su sospechosa muerte”.

La respuesta a esos puntos corrió por cuenta de Pichetto, quien ratificó la voluntad del oficialismo de destrabar la causa judicial a través el memorándum con Irán y buscó desmentir las acusaciones del fiscal. “¿Qué hay en la causa de la denuncia? Hay algunas escuchas patéticas de dos personajes lamentables y patéticos. Son vendedores de humo, los dos. Uno vendía supuesta influencia en el Estado iraní y el otro una supuesta influencia que no tenía en el marco de las relaciones exteriores de la Nación; la verdad, patético”, afirmó el rionegrino.

Antes de detallar los últimos cambios introducidos al proyecto, Pichetto hizo dos alusiones tácitas a Nisman y a Sergio Massa, recordando los cables filtrados de la Embajada de Estados Unidos, donde se advertía “la relación de subordinación con organismos internacionales extranjeros” y con el gobierno norteamericano. “Van a predicar a la embajada, se ponen de rodillas y hablan mal de nuestro país. Terminan hablando mal del Gobierno y de la Presidenta, y no tienen la valentía de decirlo públicamente”, disparó el jefe del bloque del FpV, en referencia concreta al líder del Frente Renovador.

El tema pasará ahora a la Cámara de Diputados, que comenzará hoy mismo su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Seguridad Interior y Justicia. Según fuentes oficiales, se espera su sanción el miércoles 25 de febrero.

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El proyecto aprobado en Senadores será tratado desde hoy en Diputados, que lo sancionaría el 25.
Imagen: Leandro Teysseire
 
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