En un hecho infrecuente la fiscal Marcela Sánchez, que investiga el incendio de Iron Mountain donde murieron diez servidores públicos, trató de mentiroso a un potencial testigo que responsabiliza a la empresa y al gobierno porteño por el siniestro: el inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad Edgardo Castro. Difundió un comunicado donde sostiene que el ingeniero “tiene pleno conocimiento de la falsedad en la que incurre al dar a la población información espuria en torno de una inspección que jamás llevó a cabo”. Se refiere a un hecho del 2008 que Castro refuta ahora con sus propias pruebas: los números de las fajas de clausura que él le colocó al depósito de Barracas y el testimonio en sede judicial de un testigo que dijo haberlo acompañado hasta el lugar hace siete años. El inspector, además, ratificó una vieja denuncia: que en el organismo donde se desempeña desaparecerían expedientes, actas y todo tipo de documentación que incriminan a compañías como la estadounidense.

–Lo más sustancial es que si hubiera investigado los números de las fajas 00000240 y 00000241 que estaban afectadas a la clausura de 2008 y que no las pidió, este dato concreto lo tendría, pero evidentemente no lo quiso hacer.

–Hay un testigo que puede declarar que yo estuve en la empresa en 2008. No es un testigo que surge ahora, improvisado, porque la fiscal dice que yo no estuve en el lugar. El dato, por el contrario, tiene unos cuantos meses más; está en una declaración testimonial en otra causa. No fue inventado para esta ocasión.

–Es una causa laboral por persecución. Desde que se quemó Iron Mountain estamos siendo sistemáticamente perseguidos todos los que defendimos la posición irreductible de aclarar la verdad sobre los muertos de la empresa.

–Que me había dejado en la puerta de Iron Mountain, pero no puedo decir todo, porque si no va a tener problemas. Sí que me acompañó a la puerta del depósito hasta que yo ingresé.

–Le aclaro: yo fui a declarar a dos lugares, en la Fiscalía de Investigaciones de Lavado, que nada tiene que ver con esto, pero me citaron igual y la causa en la que no me dijeron de qué se trata ni logré identificar y que está en la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires. Vengo diciendo lo mismo desde el primer día del incendio.

–Porque, casualmente, yo clausuré esa planta de la calle Aráoz de Lamadrid que tiene las mismas características de Iron Mountain, por las cuales clausuré también a la empresa responsable del incendio.

–Esto me lleva a pensar que hay una profunda y enorme intimidad en la relación entre IRM; el gobierno porteño, la Ciudad y la fiscalía. De otra manera no se explica. La fiscal parece que me ataca a mí para cubrir cosas que son indefendibles. No se olvide de que la fiscal le dio al Gobierno de la Ciudad el retiro de los bienes siniestrados de Iron Mountain. Al que debería estar, por lo menos, investigado.

–Sí, yo creo que a partir de la actuación que hice ahí todo pasa por un manejo político-económico de alto vuelo. Quedó como zona liberada y nunca más se pisó Iron Mountain. La fiscal se está escudando en echarme la culpa a mí de algo que ella no investiga. Y es una barbaridad por donde se lo mire, que si usted no tiene un resultado pericial, no puede hacer desaparecer lo que había y lo hicieron desaparecer de cuajo. Cortaron con soplete la base del piso, no quedó nada.

–Desde que empezó esta administración de Gobierno en la Ciudad, para que se dé una idea, hubo un par de años en que las actas se numeraban a mano en el subsuelo de Lima 221. ¡Una locura! Eso motivó que el abogado Marcelo Parrilli hiciera una denuncia sobre la desaparición de doce mil expedientes y cuatro mil actas, duplicados de actuaciones, expedientes vendidos caducados y números de actas modificadas o duplicadas.

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