EL PAIS › CATARATA DE FALLOS CONTRA FUNCIONARIOS TRAS LA CONCENTRACION CONVOCADA POR LOS SECTORES OPOSITORES DEL PODER JUDICIAL

Las resoluciones que venían marchando

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Amado Boudou en la causa Ciccone y ratificó a Bonadio en la de Hotesur. También fue llamada a indagatoria la procuradora del Tesoro, que acaba de presentar la posición oficial frente a la denuncia de Nisman.

 Por Ailín Bullentini

El Poder Judicial se despachó con una batería de malas noticias para el gobierno nacional, a tmenos de un día de la Marcha del Silencio. La confirmación del procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, que la Cámara Federal decidió ayer en la causa Ci-ccone Calcográfica es, entre todos, el golpe de mayor impacto. Los integrantes de la Sala I de la Cámara federal, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, respaldaron la decisión del juez federal Ariel Lijo de señalar al ex ministro de Economía como autor de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Durante la misma tarde, la misma sala rechazó la recusación del juez Claudio Bonadio en el caso Hotesur y el juez federal Luis Rodríguez citó a indagatoria a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por no adoptar medidas contra el grupo Marsans, que administró de manera fraudulenta la aerolínea de bandera. Justamente Abbona es la funcionaria que presentó el escrito con los argumentos oficiales para refutar la denuncia de Alberto Nisman que ahora debe analizar el juez Daniel Rafecas.

El fallo que la Sala I de la Cámara Federal dio a conocer ayer sobre la situación procesal de Boudou en relación con la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica estaba en la agenda judicial desde el cierre de 2014. En más de 80 páginas, los camaristas respaldan “y refuerzan” la hipótesis del titular del Juzgado Federal Nº 4, en donde se instruyó la causa, evaluó Eduardo Durañona, el abogado que se hizo cargo de la totalidad de la estrategia defensiva de Boudou en esta causa. El fallo también confirma otros procesamientos: a José María Núñez Carmona, socio de Boudou en otros emprendimientos; al director de The Old Fund, Alejandro Vanderbroele; al asesor del Ministerio de Economía durante la gestión de Boudou, César Forcieri; al ex asesor de la Administración de la AFIP Rafael Resnick Brenner y al ex propietario de la imprenta Nicolás Ciccone. En tanto, los jueces ordenaron sobreseer al yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick.

“No consideraron nuestros argumentos para nada, sino que reafirmaron los argumentos del juez de Instrucción. No compartimos en nada ambas decisiones”, expresó a este diario Durañona. Hace poco menos de un mes, Diego Pirota, el otro letrado que representaba al vicepresidente, renunció al puesto. Adujo “motivos profesionales”.

A mediados del año pasado, Lijo procesó al vicepresidente por considerarlo “el motor que impulsase cada una de las instancias” del “salvataje” de la imprenta Ciccone Calcográfica, explicaron Farah, Freiler y Ballestero en el fallo en el que confirmaron esa hipótesis. Los camaristas desestimaron los argumentos con los que la defensa de Boudou apeló el procesamiento y, en el mismo texto, los recursos presentados por los otros implicados en primera instancia. Freiler y Ballestero –a los que se sumó luego Farah– consideraron fundamentada la acusación por cohecho al vicepresidente. Los camaristas respaldan en su fallo la aseveración surgida de Instrucción respecto de la participación del vicepresidente en al menos dos de las seis reuniones que asegura existieron entre los Ciccone, Núñez Carmona y Vanderbroele por el traspaso accionario de la imprenta a The Old Fund.

“No sucedieron esas reuniones en la presencia de Boudou, siempre lo dijimos”, remarcó Durañona, que se mostró sorprendido de las menciones que el fallo de Cámara realizó respecto de algunos testimonios tomados durante la investigación: “Nosotros estuvimos presentes en testimoniales en los que nunca ocurrieron dichos que la Cámara cita”, advirtió el abogado que evaluará durante el fin de semana los pasos a seguir. El vicepresidente sostuvo al apelar su procesamiento que no tuvo ningna injerencia en el levantamiento de la quiebra de la empresa.

En el fallo de ayer, la Sala I también confirmó el procesamiento de Boudou como autor de negociaciones incompatibles con la función pública. Los camaristas consideraron probada la relación entre Boudou y Vanderbroele, no sólo a través de Núñez Carmona, sino por otros vínculos societarios que supuestamente los unen y por el departamento que el ex ministro de Economía posee en Puerto Madero, alquilado por un conocido de Vanderbroele, cuyas expensas y algunos servicios abonó durante algún tiempo el director de The Old Fund. Durante todo el proceso, el vicepresidente negó conocer a Vanderbroele.

Los camaristas también evaluaron como prueba la anulación de una reestructuración de la Casa de la Moneda que implicaba su reequipamiento para poder afrontar la impresión de billetes requerida por el Gobierno (el vicepresidente sostiene que no intervino y que de todas formas se compraron las máquinas para el organismo) y en la aceptación por parte de la AFIP del plan de pago de la imprenta para salir del estado de quiebra en que se encontraba. Boudou afirma que no sólo no tuvo injerencia en el levantamiento de esa quiebra, sino que tampoco le correspondía funcionalmente disponer semejante decisión que, además, finalmente la propia AFIP no convalidó.

A esta decisión judicial, el vicepresidente debe sumar la otra causa en la que está procesado, en este caso por irregularidades en los papeles de un auto comprado por Boudou en 1993. El miércoles, la Sala II de la Cámara rechazó su recurso de Casación para apelar su procesamiento.

Mientras el ámbito judicial se convierte en un campo minado para el oficialismo, la oposición busca aprovechar la situación a su favor. Ayer mismo, varios referentes de ese espacio anunciaron que insistirán con el pedido de juicio político al vicepresidente.

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El vicepresidente, Amado Boudou, recibió ayer al embajador de Bielorrusia en la Argentina, Víctor Kozintsev, en el Congreso.
Imagen: Prensa Senado
 
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