El juez federal Daniel Rafecas minimizó ayer la existencia de “miles de escuchas telefónicas”, porque fueron descartadas por el área que colaboraba con Alberto Nisman en la propia Secretaría de Inteligencia (SI) y porque el fiscal las consideró insustanciales, ya que ni siquiera las incluyó en su denuncia contra la Presidenta y el canciller Héctor Timerman. De todas maneras, en su fallo, Rafecas ya afirmó que las escuchas no pesan en su resolución, porque la clave está en que no hubo ni un levantamiento de las capturas con alertas rojos ni un intento por levantarlas y, además, el memorándum con Irán ni siquiera entró en vigor. El juez concluyó que no existió ayuda a los prófugos iraníes y, por lo tanto, no hubo encubrimiento.

El fiscal Gerardo Pollicita está preparando la apelación a lo resuelto por el magistrado, para lo que tiene tiempo hasta mañana. Es seguro que Rafecas aceptará sin más la apelación y corresponderá sortear a qué sala de la Cámara Federal le toca el expediente. La apelación deberá ser sostenida por el fiscal federal de Cámara, Germán Moldes, un hombre cuestionado por los familiares de las víctimas ya que no presentó apelaciones justamente en la causa denominada “encubrimiento”, en la que se investigan los desvíos en la investigación AMIA por parte del gobierno de Carlos Menem. No se sabe si Moldes se excusará de intervenir a raíz de los fuertes cuestionamientos de los familiares.

Rafecas emitió un comunicado en el mediodía de ayer con el que salió al cruce de las escuchas que, bajo cuerda, difunde el grupo judicial allegado a los desplazados jefes de la ex SIDE. Allí, por ejemplo, aparece el sospechado ex agregado cultural de Irán en la Argentina Mohsen Rabbani, diciéndole a un integrante de la comunidad chiíta que “Irán está dispuesto a venderle petróleo a la Argentina, vender tractores, vender acero y comprar armas”. Como es obvio, Rabbani puede tentar con lo que sea, pero el hecho real es que nada de eso se concretó. En esa charla –como en todas las demás– no aparece ningún funcionario público: como señaló Rafecas en su fallo, se trata de privados sin representación institucional ni constitucional.

El comunicado del juez señala: “Con relación a las escuchas telefónicas, el juzgado, para tomar su decisión en tan breve plazo, sólo debió estudiar las transcripciones y grabaciones que presentó la fiscalía ante el juzgado, que están valoradas en la denuncia del doctor Nisman y que son de público conocimiento en estos días. En total, fueron unos 15 CD, con un centenar de conversaciones. Su tenor y relevancia fueron analizados en el fallo”. En otras palabras, Rafecas sostiene que el propio Nisman evaluó qué escuchas le parecieron relevantes y cuáles insustanciales, y en base a esa evaluación de Nisman se pronunció el juez. El concepto de base es que no tiene mayor trascendencia lo que se habló, sino los hechos concretos: no hubo compra de petróleo a Irán ni se le vendieron armas ni creció el comercio de granos.

El comunicado aclara un dato de importancia: a Rafecas le enviaron la denuncia de Nisman, impulsada por Pollicita, y una caja con las evidencias. En esa caja estaban los CD y las transcripciones. Nada más. Por lo tanto, no entraba ni siquiera la posibilidad de que Rafecas analizara las escuchas no elegidas por Nisman. “Las ‘miles de escuchas telefónicas’ de las que se dan cuenta en distintos medios, relacionadas con estos sucesos, evidentemente no fueron en su momento consideradas relevantes por los organismos encargados de su análisis, ni por la fiscalía UFI-AMIA (Nisman), y no fueron presentados como prueba ante la Justicia para fundamentar la denuncia por encubrimiento, de lo que se puede deducir que se trataría de conversaciones sin vinculación alguna con los presuntos hechos denunciados”, explica el comunicado. Si Rabbani le dice a un hombre de la comunidad chiíta argentina que Irán está listo para vender petróleo, no quita ni pone a la acusación de encubrimiento, que consiste en ayudar a los prófugos a evitar a la Justicia argentina. Por eso las descartó el propio Nisman.

En su fallo, Rafecas desestimó la denuncia del fiscal por inexistencia de delito. Esto significa que, más allá de los diálogos telefónicos, no hubo ningún hecho concreto que pueda ser apreciado como una ayuda a los sospechosos iraníes. La base son dos elementos: que no se levantaron las capturas con alertas rojos de Interpol (y está probado que el Ejecutivo, a través de la Cancillería, hizo todas las gestiones para evitar que se levantaran) y que el memorándum y la Comisión de la Verdad no entraron en vigor. Tampoco surgió una pista de que el atentado fuera cometido por fachos locales como para aliviar las sospechas sobre los iraníes. En ese marco, Rafecas sostiene que no hubo ninguna acción concreta de encubrimiento ni de ayuda a los prófugos. Por más que hayan hablado lo que sea los personajes secundarios que aparecieron en esta historia.